El ciudadano que oculta

Por: Claudia Peña Claros

Si partimos del hecho de que todos y todas somos ciudadanos y ciudadanas, resulta muy poco descriptivo firmar una columna de opinión como un (simple) “ciudadano”, más aún cuando esa persona ha ejercido importantes cargos de autoridad en el pasado reciente.

Es lo que sucede en un artículo publicado este 15 de abril en Página Siete, firmado por Iván Arias, que fue viceministro de Desarrollo Sustentable con Hugo Banzer Suárez, viceministro de Planificación Estratégica y Participación Popular con Jorge Quiroga Ramírez, primer candidato a diputado por ADN en 2002, actual asesor de gobiernos municipales y, en el último tiempo, autor (o por lo menos co-autor) de cartas orgánicas en distintos departamentos.

Resulta que este autocalificado ciudadano ha tenido una posición política concreta al haber sido autoridad de dos gobiernos específicos, por lo cual la palabra “ciudadano” alude a una generalidad que en los hechos no es cierta, ya que es más lo que oculta que lo que nos muestra (surge inexcusable la pregunta ¿por qué lo oculta?)

Pero no es ésa la única inexactitud del artículo. Sostiene, por ejemplo, que la frase “autonomía al andar” fue acuñada por intelectuales cruceños para denotar que el autonómico es un proceso a largo plazo.

No fue así. “Autonomía al andar” fue una más de las arengas utilizadas por la derecha cruceña cuando embanderaba la autonomía departamental para enfrentarse a un Gobierno nacional que había renovado las instancias políticas estatales, desplazándola del ejercicio del poder gubernamental. Aquella frase, acuñada en medio de persecuciones a dirigentes populares y discursos regionalistas exacerbados, sostenía que aún sin respaldo legal, la autonomía iba.

Desde esa lógica se arrancó por ejemplo la elección de prefectos y la convocatoria al referéndum por autonomías el año 2005. Una vez Rubén Costas se hubo instalado en el poder departamental, la conocida frase fue institucionalizada por la entonces prefectura cruceña y justificó decisiones que, sin tener base legal, eran presentadas como “legítimas”, un lujo que la élite tradicional cruceña pudo permitirse hasta las jornadas de septiembre y octubre de 2008 (cuando sucedió la toma de instituciones en Santa Cruz y la masacre de Porvenir en Pando), que le arrancaron para siempre la máscara de hidalguía y bondad, perdiendo así el apoyo de la clase media.

Iván Arias procede luego a rescatar un recuento realizado por el “investigador Diego Ayo”. Insisto: ¿por qué se oculta lo que se oculta? Ayo fue viceministro de Participación Popular en el gabinete de Jorge Quiroga, gerente en Usaid del Proyecto Democracia y Participación Ciudadana, entre otros cargos. ¿Acaso no es necesario que ello se sepa para que los lectores puedan formarse un criterio más cercano a lo real? Si se han desempeñado en esos cargos, ¿no resulta un abuso generalizar, como quien tuerce la nariz y de mala gana da una limosna, diciendo apenas “investigador”?

Cuando se habla de autonomías, es costumbre volcar la mirada al Gobierno nacional y echarle la culpa de la inercia de los espacios departamentales, el cruceño sobre todo. Y si hablamos de autonomías precisamente, y si con tanta soberbia se dijo (y se sigue diciendo) “autonomía al andar”, ¿dónde está la reflexión respecto a la gestión departamental?, ¿dónde la responsabilidad de los autonomistas respecto del proceso autonómico?

Pero se insiste con la disculpa a los actores autonómicos, para eternizarse en las supuestas culpas del Gobierno nacional. Así, el ciudadano afirma que hay una “electoralización/clientelización de los recursos públicos”. Dice que los proyectos Evo Cumple van para los alcaldes aliados del Gobierno nacional (es lo que entiendo por “clientelización”). Nada más falso. Basta con presenciar las reuniones en que, a convocatoria del Presidente, todos los alcaldes y alcaldesas de cualquier departamento, en un acto público, entregan los proyectos que ellos mismos han definido (con mayor o menor participación de los actores de cada municipio), sin importar el color político de las autoridades.

Ojalá hubieran actos similares para definir la distribución de las regalías cruceñas. El famoso 50-40-10 que se dice que rige en Santa Cruz es un misterio que, por otro lado, se sustenta en una “ley” promulgada por el entonces prefecto Rubén Costas cuando el nivel departamental no tenía facultades legislativas. Sí, también en la Gobernación se ocultan cosas: los criterios y la distribución de las regalías es una de ellas.

También oculta, o tal vez el ex viceministro olvida, el mandato de la CPE para consolidar el presupuesto nacional. No es que el Ministerio de Economía elabore presupuestos para cada gobierno autónomo, sino que esos gobiernos (y eso lo sabe el analista) deciden sus presupuestos y el nivel central consolida todas esas decisiones locales en el PGE. Y de ahí en adelante, claro, cada uno se hace responsable de ejecutar sus propias decisiones y su dinero. A nivel de departamentos, la Gobernación de Santa Cruz, por ejemplo, es el segundo peor ejecutor del país.

Así es como se siembra el camino de agujeros negros, para llegar luego a imposturas sustentadas en razones que no corresponden con la realidad. O lo que es peor, para ir tropezando y cayendo quienes, de la mano del ciudadano que oculta, piensan que es luz lo que apenas resulta en tinieblas.

Claudia Peña es la orgullosa ministra de Autonomías del gabinete del presidente Evo Morales.