El control del sistema financiero

La necesidad de una nueva ley

Por Alfredo Rada

Partamos de  lo que está pasando en Ecuador. El presidente Rafael Correa anunció hace algunas semanas su propuesta de eliminar un beneficio fiscal que permite a los banqueros disminuir el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) mediante la reinversión de ganancias que incrementan su cartera de créditos. En otras palabras, en vez de que paguen impuestos por la totalidad de sus ganancias obtenidas en dar créditos, la banca declara la reinversión de esas ganancias para seguir dando más créditos y así obtener mayores utilidades, eludiendo el pago impositivo. Aplicando este procedimiento, los bancos subieron sus ganancias netas de 261 millones de dólares en 2010 a 393 millones de dólares en 2011.

Correa planteó que los empresarios paguen la totalidad del ISR para financiar, con lo recaudado, programas de asistencia social en los sectores más pobres. La idea forma parte del proyecto de Ley de Redistribución del Gasto Social, que la Asamblea Nacional de Ecuador está discutiendo y cuya aprobación permitirá recaudar aproximadamente 200 millones de dólares por año, para beneficiar a dos millones de personas que reciben actualmente un subsidio estatal.

Esto que ocurre en un país cercano tiene que ver con el mayor o menor control del sistema financiero por parte del Estado. Los bancos son una especie de sistema nervioso central de la economía, que coordina la circulación global del capital a través del crédito, y permite cambiar la ubicación y los tiempos de rotación del capital-dinero entre empresas, rubros, sectores, regiones y países.

El Consenso de Washington de 1990 fijó el programa de ajuste económico que los países latinoamericanos debían aplicar para obtener créditos de los organismos financieros internacionales (Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional). La liberalización financiera, que era parte de ese consenso, significaba que los bancos funcionaban según las leyes de la oferta y la demanda, limitándose los gobiernos únicamente a regular y supervisar para subsanar las denominadas “fallas del mercado financiero”. Por eso es que aplicando este recetario neoliberal en Bolivia fueron cerrados o privatizados los bancos públicos, posteriormente se privatizó también el sistema de pensiones jubilatorias para lograr integrar los aportes laborales de los trabajadores a esta circulación de capital-dinero.

Todo lo hecho por los gobiernos neoliberales en los 90 quedó consolidado como norma jurídica en la Ley 1488 de Bancos y Entidades Financieras, promulgada en abril de 2002. Hoy, diez años después, tiempo en que cambió la economía del país, esa ley sigue sobreviviendo en su anacronismo.

De la Ley 1488 llama la atención algunas de sus disposiciones de tono engañoso, como la referida a la relación entre los bancos y el público usuario: “Artículo 42. Las tasas de interés activas y pasivas de las operaciones del sistema de intermediación financiera, así como las comisiones y recargos por otros servicios, serán libremente pactadas entre las entidades de intermediación financiera y los usuarios. Las entidades de intermediación financiera no podrán modificar unilateralmente los términos, tasas de interés y condiciones pactadas en los contratos”.

Sólo la candidez e ingenuidad podría hacernos creer que los ciudadanos, que diariamente acuden a algún banco, “pactan libremente” las condiciones crediticias (plazo, tasa de interés, comisiones y recargos, garantías) o las que ofrece la entidad financiera para captar ahorros. Esas condiciones ya están establecidas, no por un solo banco, sino por acuerdos entre varios bancos que dominan el mercado. Son condiciones fijadas en documentos y formularios impresos en letra menuda y llenos de términos técnicos inentendibles para el potencial cliente, al que sólo le queda firmar si es que quiere acceder al crédito o proteger su dinero al depositarlo.

Para poner fin a este peso aplastante de las instituciones sobre el público, es correcto que la nueva Ley del Sistema Financiero determine que es atribución del Estado fijar las tasas de interés que los bancos cobran a los prestatarios, así como las que pagan a los ahorristas. Pero esta positiva reforma, anunciada recientemente por el ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce, debe complementarse con otros cambios emergentes de la nueva Constitución Política del Estado (CPE).

En el régimen económico, el artículo 316 de la CPE ordena que es función del Estado : “participar directamente en la economía mediante el incentivo y la producción de bienes y servicios económicos y sociales para promover la equidad económica y social, e impulsar el desarrollo, evitando el control oligopólico de la economía”. Esto nos lleva a la necesidad de que la nueva ley garantice el fortalecimiento de la presencia estatal en un sector estratégico de la economía, brindando servicios financieros por medio de un banco de de-  sarrollo productivo de primer piso. Esto pondrá fin a cualquier tipo de prácticas oligopólicas que de manera encubierta vienen aplicando las entidades bancarias.

El artículo 330 de la CPE indica: “El Estado, a través de su política financiera, priorizará la demanda de servicios financieros de los sectores de la micro y pequeña empresa, artesanía, comercio, servicios, organizaciones comunitarias y cooperativas de producción”. La nueva ley, que es el componente normativo de la política financiera del Estado, deberá garantizar que el sistema financiero bancario y no bancario, estatal y privado, cumplan este mandato constitucional.

El artículo 331 de la CPE define que son de interés público las actividades de intermediación financiera, la prestación de servicios financieros y cualquier otra actividad relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión del ahorro. He aquí una definición que se aleja de las orientaciones liberalizadoras que postulaban como un dogma “cuanto menos intervención estatal, mejor”.

Y aquí volvemos a las ganancias bancarias. Según datos de la Autoridad del Sistema Financiero (ASFI), los bancos han reportado utilidades cada vez más elevadas en 2006-2012, que alcanzan a 900 millones de dólares para todo el periodo. Este año se les fijó una alícuota adicional al Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE). La nueva ley tiene que incrementar las recaudaciones tributarias por este concepto, pudiendo además —en línea con el ejemplo ecuatoriano— destinar esos recursos al financiamiento de programas sociales, por ejemplo, al Sistema Único de Salud (SUS).

Finalmente, se aplica a la banca el artículo 308 de la CPE: “El Estado reconoce, respeta y protege la iniciativa privada, para que contribuya al desarrollo económico, social y fortalezca la independencia económica del país”. La experiencia histórica de varios países, entre los cuales podemos citar a los denominados “tigres asiáticos”, enseña que allí los estados alinearon el sistema de crédito a sus propios objetivos y prioridades nacionales de desarrollo.

Publicado en el periódico La Razón el 11 de noviembre de 2012