Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás...
La necesidad de una nueva ley
Por Alfredo Rada
Partamos de lo que está pasando en Ecuador. El presidente Rafael
Correa anunció hace algunas semanas su propuesta de eliminar un beneficio
fiscal que permite a los banqueros disminuir el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) mediante la
reinversión de ganancias que incrementan su cartera de créditos. En otras
palabras, en vez de que paguen impuestos por la totalidad de sus ganancias
obtenidas en dar créditos, la banca declara la reinversión de esas ganancias
para seguir dando más créditos y así obtener mayores utilidades, eludiendo el
pago impositivo. Aplicando este procedimiento, los bancos subieron sus
ganancias netas de 261 millones de dólares en 2010 a 393 millones de
dólares en 2011.
Correa planteó que los
empresarios paguen la totalidad del ISR para financiar, con lo recaudado,
programas de asistencia social en los sectores más pobres. La idea forma parte
del proyecto de Ley de Redistribución del Gasto Social, que la Asamblea Nacional
de Ecuador está discutiendo y cuya aprobación permitirá recaudar aproximadamente
200 millones de dólares por año, para beneficiar a dos millones de personas que
reciben actualmente un subsidio estatal.
Esto que ocurre en un país
cercano tiene que ver con el mayor o menor control del sistema financiero por
parte del Estado. Los bancos son una especie de sistema nervioso central de la
economía, que coordina la circulación global del capital a través del crédito,
y permite cambiar la ubicación y los tiempos de rotación del capital-dinero
entre empresas, rubros, sectores, regiones y países.
El Consenso de Washington
de 1990 fijó el programa de ajuste económico que los países latinoamericanos
debían aplicar para obtener créditos de los organismos financieros
internacionales (Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional). La liberalización
financiera, que era parte de ese consenso, significaba que los bancos
funcionaban según las leyes de la oferta y la demanda, limitándose los
gobiernos únicamente a regular y supervisar para subsanar las denominadas
“fallas del mercado financiero”. Por eso es que aplicando este recetario
neoliberal en Bolivia fueron cerrados o privatizados los bancos públicos,
posteriormente se privatizó también el sistema de pensiones jubilatorias para
lograr integrar los aportes laborales de los trabajadores a esta circulación de
capital-dinero.
Todo lo hecho por los
gobiernos neoliberales en los 90 quedó consolidado como norma jurídica en la Ley 1488 de Bancos y Entidades
Financieras, promulgada en abril de 2002. Hoy, diez años después, tiempo en que
cambió la economía del país, esa ley sigue sobreviviendo en su anacronismo.
De la Ley 1488 llama la atención
algunas de sus disposiciones de tono engañoso, como la referida a la relación
entre los bancos y el público usuario: “Artículo 42. Las tasas de interés activas
y pasivas de las operaciones del sistema de intermediación financiera, así como
las comisiones y recargos por otros servicios, serán libremente pactadas entre
las entidades de intermediación financiera y los usuarios. Las entidades de
intermediación financiera no podrán modificar unilateralmente los términos,
tasas de interés y condiciones pactadas en los contratos”.
Sólo la candidez e
ingenuidad podría hacernos creer que los ciudadanos, que diariamente acuden a
algún banco, “pactan libremente” las condiciones crediticias (plazo, tasa de
interés, comisiones y recargos, garantías) o las que ofrece la entidad
financiera para captar ahorros. Esas condiciones ya están establecidas, no por
un solo banco, sino por acuerdos entre varios bancos que dominan el mercado.
Son condiciones fijadas en documentos y formularios impresos en letra menuda y
llenos de términos técnicos inentendibles para el potencial cliente, al que
sólo le queda firmar si es que quiere acceder al crédito o proteger su dinero
al depositarlo.
Para poner fin a este peso
aplastante de las instituciones sobre el público, es correcto que la nueva Ley
del Sistema Financiero determine que es atribución del Estado fijar las tasas
de interés que los bancos cobran a los prestatarios, así como las que pagan a
los ahorristas. Pero esta positiva reforma, anunciada recientemente por el
ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce, debe complementarse con otros
cambios emergentes de la nueva Constitución Política del Estado (CPE).
En el régimen económico, el
artículo 316 de la CPE
ordena que es función del Estado : “participar directamente en la economía
mediante el incentivo y la producción de bienes y servicios económicos y
sociales para promover la equidad económica y social, e impulsar el desarrollo,
evitando el control oligopólico de la economía”. Esto nos lleva a la necesidad
de que la nueva ley garantice el fortalecimiento de la presencia estatal en un
sector estratégico de la economía, brindando servicios financieros por medio de
un banco de de- sarrollo productivo de primer piso. Esto pondrá fin a
cualquier tipo de prácticas oligopólicas que de manera encubierta vienen
aplicando las entidades bancarias.
El artículo 330 de la CPE indica: “El Estado, a
través de su política financiera, priorizará la demanda de servicios
financieros de los sectores de la micro y pequeña empresa, artesanía, comercio,
servicios, organizaciones comunitarias y cooperativas de producción”. La nueva
ley, que es el componente normativo de la política financiera del Estado,
deberá garantizar que el sistema financiero bancario y no bancario, estatal y
privado, cumplan este mandato constitucional.
El artículo 331 de la CPE define que son de interés
público las actividades de intermediación financiera, la prestación de
servicios financieros y cualquier otra actividad relacionada con el manejo,
aprovechamiento e inversión del ahorro. He aquí una definición que se aleja de
las orientaciones liberalizadoras que postulaban como un dogma “cuanto menos
intervención estatal, mejor”.
Y aquí volvemos a las
ganancias bancarias. Según datos de la Autoridad del Sistema Financiero (ASFI), los
bancos han reportado utilidades cada vez más elevadas en 2006-2012, que
alcanzan a 900 millones de dólares para todo el periodo. Este año se les fijó
una alícuota adicional al Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE). La
nueva ley tiene que incrementar las recaudaciones tributarias por este
concepto, pudiendo además —en línea con el ejemplo ecuatoriano— destinar esos
recursos al financiamiento de programas sociales, por ejemplo, al Sistema Único
de Salud (SUS).
Finalmente, se aplica a la
banca el artículo 308 de la CPE:
“El Estado reconoce, respeta y protege la iniciativa privada, para que
contribuya al desarrollo económico, social y fortalezca la independencia
económica del país”. La experiencia histórica de varios países, entre los
cuales podemos citar a los denominados “tigres asiáticos”, enseña que allí los
estados alinearon el sistema de crédito a sus propios objetivos y prioridades
nacionales de desarrollo.
Publicado en el periódico La
Razón el 11 de noviembre de 2012
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