Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás...
(Fundación
Solón).- El pasado 25 de
octubre, según varios reportes de prensa y testimonios de algunos familiares,
fueron encontrados en el cementerio La Madre, a orillas del río Piraí en Santa
Cruz, los restos óseos de José Luis Ibsen y de otras dos personas asesinadas en
la dictadura de Hugo Banzer. Se sospecha que entre las 37 osamentas
halladas en una fosa común se encuentran los restos del estudiante de 22 años
José Carlos Trujillo, desaparecido el 2 de febrero de 1972.
Un equipo del
Ministerio Público liderado por la fiscal Pura Cuéllar confirmó el hallazgo de
37 restos óseos de extremidades y cráneos de tres personas en una fosa común en
el cementerio La Madre de la ciudad de Santa Cruz. “Creemos que dos de ellos
serían Ibsen Peña y el estudiante Trujillo; un tercero correspondería a otra
persona que presumiblemente también haya perdido la vida en esa época”, informó
Cuéllar.
Los restos de
José Luis Ibsen, asesinado en Santa Cruz cuando investigaba el homicidio de su
hijo mayor Rainer, fueron identificados por sus familiares que reconocieron las
prendas de vestir del cadáver. “Con este descubrimiento encontramos un poco de
paz, pero al mismo tiempo atravesamos un momento muy difícil por las huellas
que dejan las torturas de la dictadura”, dijo la hija del desaparecido, Rebeca
Ibsen.
La fiscal
Cuéllar envió el resto de los huesos al Instituto de Investigación Forense de
La Paz para verificar su identidad mediante estudios de ADN, en coordinación
con la Asociación de Familiares y Víctimas de la Dictadura (Asofamd). Este
procedimiento demorará al menos dos meses, por lo que se espera tener los
resultados para enero o febrero del próximo año.
No se descarta
que las osamentas sean de José Carlos Trujillo Oroza, detenido por la dictadura
de Banzer y desaparecido de la prisión pública “El Pari” de Santa Cruz el 2 de
febrero de 1972 cuando tenía 22 años. Su madre, Gladys Oroza viuda de Solón
Romero, lo buscó durante más de 30 años; “sólo pretendo saber qué fue de él y
darle cristiana sepultura; resignación, tranquilidad y paz a mi espíritu de
madre”, imploraba la señora Gladys, pero murió en marzo de este año sin haber
logrado su objetivo de vida. La familia espera que se sigan los procedimientos
correspondientes de manera responsable con la finalidad de aclarar este hecho
que continúa impune.
Miles de
personas fueron torturadas y asesinadas en la dictadura de Banzer (1971-1978),
pero los gobiernos democráticos de las últimas tres décadas demostraron muy
poco interés en hacer justicia. Para la señora Gladys fue realmente difícil
enjuiciar a los paramilitares acusados de la desaparición de su hijo. “Hay
impunidad porque de una u otra manera los sectores políticos responsables de la
desaparición forzosa de cientos de personas todavía son parte de la maquinaria
política; en Bolivia opera un pacto del silencio, una conspiración contra los
derechos humanos”, denunció en repetidas oportunidades.
El proceso judicial
por la desaparición forzosa de Trujillo, tramitado bajo el antiguo Código de
Procedimiento Penal de 1972, debía durar como máximo cinco años, computables a
partir del 31 de mayo de 1999 hasta el 31 de mayo de 2004. Los acusados
recurrieron a la táctica de la dilación para estancar el proceso y beneficiarse
con la prescripción.
El 14 de
septiembre de 2004 el Tribunal Constitucional emitió la sentencia 0101/2004
indicando que se extingue una acción penal cuando la dilación de procesos más
allá del plazo máximo establecido (31/V/2004) sea atribuible al órgano judicial
o al Ministerio Público, y no procede cuando la dilación es atribuible a la
conducta de los procesados. En 2005 el juez quinto de Partido Liquidador en lo
Penal del distrito de Santa Cruz Saúl Saldaña Secos declaró “extinguida la
acción penal” que el Estado boliviano seguía en contra de Oscar Menacho Vaca,
Pedro Percy Gonzales Monasterio, Juan Antonio Elio Rivero, Elías Moreno
Caballero, Ernesto Morant Lijerón y Justo Sarmiento Alanes, destacados miembros
de las fuerzas represivas identificados por varios testigos como responsables
de torturas y violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de
Banzer.
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