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La despenalización del aborto, nuestra batalla

Por: Verónica Rocha
Tras el debate que se abriera el año 2014 en torno a una acción de inconstitucionalidad que interpuso una entonces diputada del MAS ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sobre el tema del aborto, dicho debate se ha, finalmente, instalado en nuestra opinión pública/publicada. Hace unos años este debate estaba limitado a actores y actoras con intereses (sectoriales o morales) en dicha temática y no había permeado, como hasta ahora, a la ciudadanía en su conjunto. Producto de ello y probablemente liderando los pocos aciertos que ha tenido el TCP, fue emitido el fallo 206/2014, que permite la realización del aborto impune sin necesidad de autorización judicial -uno de los temas mayores con la penalización era que se plegaba a nuestros mecanismos (de retardación) de justicia y era, por tanto, inútil- y sólo con la presentación de la denuncia ante la Policía o la Fiscalía.
Ese fallo pudo considerarse, entonces, algún avance, pues si bien la sonora y continúa movilización que se impulsó desde quienes creemos que es necesario despenalizar el aborto en el país no había logrado ganar la batalla de sentidos, al menos, en los hechos, una de las principales trabas para la realización de aquellos que están permitidos por la norma había sido superada y el tema finalmente estaba en agenda. Aunque aún es pronto, a la fecha no se cuentan con datos oficiales respecto a cuán efectiva ha sido esta medida en su aplicación y esa es una de las tantas asignaturas pendientes de corto plazo.
Cuando hace unos meses, el 28 de septiembre, se celebró por tercera vez el Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, dicha fecha no es más que una excusa para la movilización regional en torno a nuestra demanda, a nuestro anhelo: un Estado laico donde las mujeres podamos gozar a plenitud del ejercicio de nuestros derechos sexuales y reproductivos, un país donde ya no mueran más mujeres por esta causa y una sociedad que, en vez de condenar, trabaje por garantizar calidad de vida a las mujeres y eliminar la violencia en su contra.
Pero necesitamos (y vamos) por más. Al día de hoy, Bolivia, aunque ha removido de alguna manera el tema, continúa manteniendo uno de los niveles más altos de mortalidad materna de América Latina y el Caribe, y es el aborto la tercera causa de la misma. Esta cifra, por supuesto, está compuesta, en su gran mayoría, por mujeres pobres, campesinas e indígenas; datos que hacen de esta prohibición una bomba de tiempo en la vida de todas las mujeres (cualquiera, en cualquier momento de nuestra vida, podemos estar cercanas a una situación de este tipo) y eso la hace absolutamente inadmisible.
No obstante, aunque parecieran haber algunas señales, falta demasiado trecho por recorrer y es ahí donde la constancia será nuestra mejor aliada, no sólo en Bolivia, sino en Latinoamérica toda (el continente es uno de los que mantiene mayores restricciones para el aborto, habiendo tres país que aún lo prohíben en toda situación y teniendo cifras alarmantes en lo que a mortalidad materna por aborto refiere), porque no se trata sólo de tener los argumentos de la razón de lado nuestro (que se trata de un tema de salud pública, de justicia social, de derechos humanos y de  que vivimos en un Estado laico), sino de dar batalla en escenarios tremendamente interiorizados y enraizados en nuestras sociedades, como  los de la tradición y la moral. Dar batalla por esos sentidos de vida, de sexualidad, de sociedad y de Estado nos abrirán las puertas de mañanas con mayores condiciones, libertades y derechos para nuestras hijas, hermanas, niñas. No es poca cosa.
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