Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás...
Por: Waldo Albarracín Sánchez
El 15 de enero de 1981, exactamente seis meses y dos días después del golpe militar perpetrado por Luis García Meza y Luis Arce Gómez contra la democracia, paramilitares, instruidos por los antes mencionados, irrumpieron en un domicilio particular de la entonces calle Harrington, en el barrio paceño de Sopocachi, para, metralleta en mano, asesinar a sangre fría a ocho compatriotas que se encontraban reunidos en el afán de analizar las consecuencias del régimen de gobierno delincuencial que ostentaba el poder y las medidas económicas por entonces implementadas. De esta manera, la dirigencia nacional en la clandestinidad del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) fue aniquilada a través de un crimen tipificado por el Derecho Internacional como de lesa humanidad.
Algunos de los autores materiales de este crimen fueron sentenciados penalmente y los líderes de ese gobierno de facto están presos. Con este 15 de enero de 2016 transcurrieron 35 años de aquella matanza, pero no son los tiempos cronológicos los que queremos analizar, sino el contexto político bajo el que se suscitaron los hechos, la necesidad de mantener viva la memoria frente a ese pasado siniestro, el comportamiento posterior del Estado democrático con relación a todos los crímenes de esta naturaleza perpetrados contra valerosas y valerosos ciudadanos, y cuál es el aprendizaje de estas duras lecciones para ubicarnos en el presente y construir un futuro que evite el retorno o extinga definitivamente esta forma cavernaria de hacer política. De hecho tras los acontecimientos que aquí se comentan era natural que los autores intelectuales de ese atropello intentasen justificar su inconducta, satanizando las actuaciones de las víctimas. Para tal efecto se utilizaron frases como “grupos subversivos”, “terroristas” “comunistas” “delincuentes”, etcétera.
Desde el refugio clandestino en el que me encontraba, observé con impotencia e indignación cómo el presidente de facto y el siniestro ministro del Interior de entonces hablaban por la televisión afirmando que se había tratado de un enfrentamiento armado entre las fuerzas del orden y un grupo subversivo, mintiéndoles al país y a la comunidad internacional. García Meza puso a Dios como testigo de sus actos y Arce Gómez expuso la histórica advertencia de que caminemos con el testamento bajo el brazo.
Lo evidente es que fueron extinguidas de manera arbitraria, bajo la modalidad fáctica de ejecución
sumaria, las vidas de ocho compatriotas mártires de la democracia, cuya memoria corresponde mantener viva y activa como referente ético y emblemático para las nuevas generaciones. Rendirles un homenaje a las víctimas de esa masacre a 35 años de los luctuosos acontecimientos es revitalizar nuestro compromiso de lucha por los derechos de un pueblo que nunca renunció a vivir en democracia y que logró su propósito de expulsar a la última dictadura militar bajo la consigna altruista de migrar de la fuerza inmoral de las botas hacia la fuerza moral de los votos, para construir un verdadero Estado de derecho. Por ello, el sacrificio de Artemio Camargo, Gonzalo Barrón, Arcíl Menacho, Ramiro Velasco, Jorge Baldivieso, José Reyes, Ricardo Navarro y José Luis Suárez no fue en vano; su presencia es latente y nos conmina a quienes no hemos renunciado a la aspiración legítima de forjar el surgimiento de una sociedad más justa y un país de iguales a seguir sus huellas, trabajando día a día para consolidar el objetivo. Preocupa, sin embargo, que a más de tres décadas de vigencia de regímenes constitucionales, las instancias de poder formal de ayer y de hoy reciclen comportamientos autoritarios que se supone son patrimonio exclusivo de las dictaduras. La desaparición física de nuestros héroes nos conmina a democratizar nuestra democracia para diferenciarnos cualitativamente de las dictaduras, extinguiendo la intolerancia y el autoritarismo, y forjando una cultura de los derechos humanos en el país. Es el mejor homenaje que podemos brindarles. Gloria a los caídos el 15 de enero de 1981.
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