Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás...

Por: José Pimentel Castillo
El modelo neoliberal, en su afán de destruir al movimiento minero y a Comibol no dudó en poner en condiciones de indigencia a las familias mineras, cerrando pulperías, suprimiendo sistemas de salud y educación, y pagando solo el sueldo básico, para luego ofrecer extralegales para que se vayan, llegando a 1.000 dólares por año de antigüedad, cuando el salario no pasaba de 100 dólares al mes.
Libre de la carga social, comenzó el proceso de privatización de los recursos. Las mejores minas se licitaron a favor de la empresa privada bajo la modalidad de arrendamiento o riesgo compartido (Huanuni, Colquiri, Porco, Bolívar, San Vicente) y las que se consideraban marginales fueron traspasadas a cooperativas. Cuando pasó la crisis del precio de los minerales y se descubrió nuevas tecnologías, la empresa transnacional usó a las cooperativas para viabilizar yacimientos altamente rentables con la inyección de capitales y nueva tecnología.
Es el caso San Bartolomé, que administra la Empresa Manquiri, subsidiaria de la canadiense Coeur d’Alene. En principio se pensó en la explotación masiva del Cerro Rico de Potosí, en forma subterránea y preservando la forma cónica del cerro. Los potosinos no se lo creyeron al proyectista y ministro de Gonzalo Sánchez de Lozada, Jaime Villalobos, quien luego se lo cambió para la explotación de los desmontes (carga de baja ley extraída de la mina) y pallacos (rocas desprendidas de la cima de la mina).
Son de propiedad de Comibol, por lo cual siete cooperativas, con áreas de trabajo en el cerro (en las minas Unificada y Caracoles) solicitaron la ampliación de ellas, obteniendo contratos para trabajar pallacos. Los contratos aclaran que son con fines sociales, para crear fuentes de trabajo, y cualquier alianza con capitales privados debe contar con la autorización de la estatal minera. Una vez obtenido el contrato, tramitaron este permiso, que naturalmente los agentes del neoliberalismo no dudaron en concederles.
Los contratos suscritos por las cooperativas delegan toda la operación a la empresa y a cambio de la transferencia de los derechos mineros reciben el 1% del valor bruto de venta y la Comibol, el 2,5% por el subarrendamiento; por lo que se ve que no hay un solo cooperativista trabajando en los pallacos y ellos reciben su parte en cada liquidación de Manquiri, mientras paralelamente continúan trabajando en las bocaminas del cerro.
Los resultados económicos de esta actividad en 2013 son: valor neto de venta: $us 147.806.800; arriendo cooperativas: $us 1.478.068; pago a Comibol: $us 3.695.170. Estimamos que el costo de producción y de ventas llega al 30%, equivalente a $us 44.342.040, en los que están incluidos los pagos a cooperativistas y Comibol. Los pagos al Estado (regalías e impuestos) son del 25%, equivalente a $us 36.951.700, quedando como utilidad neta $us 66.513.060, suma que comparada con lo que reciben los “propietarios” no deja de ser ridícula.
Este ejemplo, como los que se vienen suscribiendo en áreas de cooperativas que no son de Comibol, nos muestra que las alianzas asimétricas siempre benefician a los poderosos y los pobres se convierten en simples palos blancos.
Por otro lado, estos contratos de riesgo compartido o de asociación son simplemente de arrendamiento, figura que está prohibida por la Constitución, en su artículo 370, II: “El derecho minero… ejercido directamente por sus titulares”.
Los utópicos del siglo IXX pensaron que la asociación libre de los trabajadores en cooperativas era una respuesta a la explotación del capital; por lo tanto, había que organizar el trabajo sobre otras bases que no sean el lucro: la preservación del capital humano y la solidaridad. En épocas neoliberales se cambió el sentido por la sobrevivencia de la familia a costa de la liquidación del trabajador minero, determinando su ingreso el precio internacional ínfimo. El cooperativismo tiene un rol en la economía plural, precisamente para democratizar la economía y ser ejemplo de solidaridad, del bien vivir, de la integridad familiar y su compromiso con el bien social.
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