Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás...
Por: Vladimir Díaz Cuéllar
Leí el proyecto enviado al Parlamento y el aprobado en Diputados y estuve en las últimas semanas en contacto con gente compartiendo mis opiniones con la esperanza de que sean útiles para parar el proyecto.
Este proyecto de ley enviado al Parlamento es mucho peor que casi todos los anteriores borradores hechos en los 3 años anteriores, excepto el que se manejaba hace unos meses y que fue hecho a medida de los cooperativistas. Desde que se comenzó a redactar el proyecto hace unos años ha habido una tendencia sistemática de ir sacando las cosas positivas que habían (sólo quedan aspectos positivos de tercer orden) y se han consolidado los intereses de cooperativas y transnacionales.
Creo que la renacionalización del núcleo del sector minero en gran parte no pasaba por una nueva ley de minería sino por auditorias e investigación de la privatización (Bolívar, Porco) y de la entrega de concesiones (San Cristóbal, Don Mario). Una ley podía haber servido para blindar legalmente esto.
En general el proyecto está bastante mal hecho, no tiene estructura (se nota las varias manos que lo tocaron y las diferentes etapas como si fuesen capas) con un enredo de temas que se tocan aquí y allá que lo único que hará es beneficiar a las argucias leguyescas contra los intereses del Estado (hay incluso contradicciones menores como remisión a un número de artículo incorrecto). Con las últimas modificaciones esto es bastante notorio.
Aparte de esto, creo que estos son los puntos más importantes:
1) Las cooperativas apuntan a acaparar áreas de COMIBOL
Primero. Los art. 63 y 130 inc b) no han sido modificados por la Cámara de Diputados. Las concesiones de la COMIBOL, nacionalizadas y posteriores al 52, arrendadas a cooperativas están siendo consolidadas a favor de ellas. El art 130 y 63 dice que los arrendamientos de las cooperativas de concesiones de COMIBOL se adecuarán a Contrato Administrativo minero. Como en este contrato (art 139) nada tiene que hacer COMIBOL esto significa que las cooperativas se volverían titulares de esos derechos.
Esto viene del anterior borrador en que esto era explícitamente establecido pero del que quedan rastros en la redacción. En el actual proyecto en un par de casos (art 62) se dice las "Áreas de la Minería Nacionalizada que permanezcan bajo administración de COMIBOL" lo que implica que haya áreas que no permanezcan; cosa similar con el art 61, V que dice que en la lista de derechos mineros de COMIBOL no se incluyen aquellas áreas donde se haya dado algún derecho a las cooperativas (estas redacciones que no se quitó corresponde a ese casi último borrador).
Éste es uno de los mayores objetivos desde hace años de las cooperativas. Se está sacando a la COMIBOL del medio y dejando a las cooperativas al final como titulares que en tanto tales ya ni siquiera pagarán el miserable canon de arrendamiento de 1%.
Segundo. Lo principal aquí sin embargo es que TODO contrato administrativo minero se resolverá si no se cumple el interés económico social o sea iniciar labores y no suspenderlas (art 144 y 18). La COMIBOL no va a trabajar en las 328 mil hectáreas (has) que tiene sin contar con las 26 áreas que se le entregó el año pasado. Así que no cumpliendo con el interés económico-social se tendría que revertir sus concesiones. En esto hay que ver al menos 3 casos:
a) Minas nacionalizadas. Sólo están exentas de pagar la patente pero no de trabajar (art 144, II) Así que caen en la bolsa. El proyecto en ningún lado las blinda o al menos las protege de ser arrebatadas totalmente de COMIBOL como el Código del Goni. La CPE (art 372) no representa realmente inconveniente legal pues habla de transferencia o adjudicación de la propiedad ya que aquí no existe "propiedad" sobre los recursos minerales. Acá puede darse lugar a pataleos legales.
b) Concesiones adquiridas entre 1952 y 2007. Estas concesiones no tienen salvación. Actualmente representan 97 mil has.
c) Concesiones o contratos entre 2007 y 2013. Estos tampoco tienen caso y de hecho ya fueron penetradas en estos años por las cooperativas. Estas representan como 800 mil has (33 mil cuadrículas) que fueron entregadas con el DS 1369 a COMIBOL
A esto hay que sumar que hay plazos para la adecuación: 6 meses caso b) (art 191), 5 años para el caso c) (art 206) que si no se cumplen sufren la reversión (aunque estos plazos no tienen consecuencias en el caso a) art 211).
Al final como era antes, no interesa tanto que COMIBOL tenga tantas concesiones sin trabajar sino que con eso se evita que pasen a manos privadas (antes de 1985 esto se hacía juntamente con la Reservas fiscales)
Tercero. Los neoliberales sacaron de la galera la figura de Riesgo compartido para permitir la privatización sin violar la vieja constitución. El proyecto en esencia no cambia ese contrato ya que el nuevo Contrato de Asociación viene a ser lo mismo a efectos prácticos (por algo lo estrenaron con la Glencore el año pasado sin que haya ley que regule este tipo de contrato sino una simple resolución ministerial!)). Así las minas nacionalizadas y lo que quede de las concesiones de la COMIBOL podrán ser objeto de "asociación" (art 145)
Esto es un cambio mayor en la minería nacional, la final desnacionalización de las minas. Los neoliberales y los protoneoliberales lucharon por décadas para reducir anular o transferir las áreas de COMIBOL. Con esta ley se estaría completando prácticamente este proceso, es decir, que COMIBOL se quede prácticamente sin áreas mineras que servían o para explotarlas o tan sólo para que no pasen a manos privadas.
2) Sistema de derechos no cambia.
Las modificaciones de Diputados respecto a la aprobación legislativa son positivas. Sin embargo persisten otros problemas.
El art 98, conforme a la CPE, dice que no se puede utilizar los recursos mineralógicos en las bolsas de valores para operaciones de titularización y aseguramiento; pero permite hacerlo para financiamiento. Esto es ilógico pues antes que nada las empresas utilizan estos "derechos" para financiarse en particular las empresas junior que juegan a especular; es lo realmente hacen.
El plazo de los contratos administrativos mineros para las empresas es de 30 años renovables (art 142) Con las características de la minería actual eso significa a perpetuidad.
La firma del contrato adecuado a la nueva ley archiva el proceso de verificación de concesiones (art transitorio segundo) que viene a paso de tortuga. Aquí salen ganando los muchos cazadores de minas.
3) Sistema tributario.
Los ministros en parte han mentido cuando dicen que los temas tributarios no están en el proyecto de ley y que fueron postergados para otra ley. El proyecto consigna el régimen de regalías y valida el impuesto adicional a las utilidades vigente (el impuesto a las utilidades de las empresas está en el código tributario y el proyecto no lo modifica).
Las escalas de las regalías son prácticamente las mismas ínfimas que se heredó del Goni y que para el caso de los auríferos fue reducida el 2007. Hay pequeñas modificaciones en los casos del oro de pequeña escala, zinc y plomo.
Hay varios temas más pero creo que estos son los más peligrosos. Creo que es importante detener el proyecto para impedir que los intereses privados se aprovechen de los "errores" (que no creo que sean tales) en el Ministerio de Minería.
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