Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás...
Por: Walker
San Miguel Rodríguez
Los
países latinoamericanos requieren urgentemente una reforma del sistema e
instituciones que conforman sus cuerpos de seguridad estatal y que ejercen
legítimamente la coacción contra quienes ejercitan la violencia en contra de
los ciudadanos y el propio Estado. En México, Argentina y Brasil (los países
más grandes de la región) la Policía es una institución en permanente crisis,
como hoy puede evidenciarse tras varias jornadas de huelgas, saqueos y desmanes
en varias ciudades argentinas. Lo que viene sucediendo en Argentina se ha
producido también en Ecuador, Bolivia y Perú. Bajo la demanda de mejores
salarios (no hay duda de que las condiciones salariales no son de las mejores).
La tropa policial se ha insubordinado causando fuerte daño a la imagen de los
Estados latinoamericanos que aspiran a mostrarse como Estados modernos, con
instituciones fuertes y decididos a alcanzar metas altas de desarrollo
económico.
Otro
fenómeno lacerante para la institución guardián del orden ha sido y es la
corrupción de sus oficiales. Abundan los ejemplos (que además tienen alta
incidencia mediática) en la que altos oficiales han sido denunciados y hasta
procesados por casos en los que se han visto involucrados ligados a
organizaciones criminales. Ni siquiera Chile ha sido la excepción; este país
tiene sin duda una de las mejores instituciones policiales (Carabineros y la
DNI), pero algunos de sus cuadros han sido permeados por el narcotráfico. En la
ciudad de Arica se ventila un caso denunciado hace dos meses que ha tocado a
oficiales y miembros de Carabineros, quienes habrían otorgado protección al
narcotráfico.
Centroamérica
tiene asimismo agudos problemas en materia de seguridad ciudadana, y las
policías de los países del área han sido incapaces en su lucha contra la
criminalidad cuyas tasas siguen incrementándose. Homicidios, secuestros y
extorsiones son pan de todos los días en varias ciudades y pueblos.
La
reforma policial es urgente, pero, ¿cómo encararla? ¿Quién asume las
decisiones políticas? ¿Cuánto cuesta al erario público una reforma de tal
naturaleza? Sin instituciones policiales sólidas no se puede luchar contra el
crimen organizado ni alcanzar metas e índices de desarrollo. Y lo peor: ante la
ausencia de políticas de prevención, la inseguridad ciudadana ha crecido casi
en todos los países latinoamericanos y ese factor es también una rémora para el
crecimiento económico.
Y
no se crea que la reforma sólo debe alcanzar a la institución policial. Se
requiere partir de políticas educativas orientadas a la prevención, y esto pasa
por fortalecer la Justicia (ahora también contaminada por los mismos males que
aquejan a la Policía) y por supuesto por políticas económicas que apunten a
proteger a los sectores más vulnerables, que por su condición de marginalidad
son propensos a ingresar a las redes del crimen, en muchos casos como víctimas
y no necesariamente como delincuentes. Los países que han reducido la pobreza
de forma exitosa han logrado también mejorar la sensación de inseguridad que
toda sociedad con extremos de desigualdad económica provoca. Pero eso no es
suficiente.
Una
Policía fuerte, profesional, creíble y respetable requiere efectivamente
sueldos dignos para sus efectivos y también equipo para afrontar su misión,
pero paralelamente requiere de un régimen disciplinario que sancione con
efectividad a quien, amparado en el espíritu de cuerpo, transgrede elementales
normas atingentes a su profesión.
Asimismo
es imprescindible mejorar la formación de los cuadros policiales. Un policía
bien formado tiene derecho a una buena remuneración y a una adecuada protección
social para él y su familia, y los Estados han hecho muy poco para elevar esa
cualidad.
En
suma, la agenda de la reforma policial debe instalarse pronto en América
Latina, y cuánto mejor si ésta se trata en los organismos multilaterales, pues
la lucha contra el delito no será exitosa si es aislada o focalizada. Su éxito
radica en la coordinación y en la acción conjunta. Para todos nuestros países
esta reforma es verdaderamente una asignatura pendiente.
Comentarios
Publicar un comentario
Escriba sus comentarios