Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás...
Por: José Luis Exeni Rodríguez
Ahora
resulta que, según algunos voceros de la oposición y las siempre infaltables
iglesias, el futuro Código Niña, Niño y Adolescente es “proaborto” y “atenta
contra la vida”. Qué tal. Llegan a esa tremenda e insostenible conclusión
debido a un artículo de la proyectada norma que define como sujetos de derechos
del Código a las personas desde su nacimiento hasta los 18 años cumplidos. Es
evidente que la oposición necesita mejores banderas políticas. ¿Y las
iglesias?, menos ceguera.
¿Qué
pretenden estos autoproclamados defensores de “la vida”? (como si todos los
demás fuésemos portavoces de “la cultura de la muerte”). Quieren imponer sin
análisis ni debate, cabalgados en sus dogmas, algo que no lograron en la
Asamblea Constituyente. Pretenden que el derecho a la vida, consagrado en el
artículo 15 de la Constitución Política del Estado para todas las personas, sea
asumido “desde la concepción”. Ya lo intentaron sin éxito en el proceso constituyente.
Ahora buscan hacerlo en un Código.
Por
ello sería no sólo inconstitucional, sino también vergonzante (hay que decirlo
claro y fuerte) que la Asamblea Legislativa Plurinacional, asumiendo falacias y
prejuicios, modifique el citado artículo 5 del avanzado Código Niña, Niño y
Adolescente. A lo sumo, para evitar “susceptibilidades” y una “mala
interpretación”, el artículo debiera ir precedido textualmente por el mandato
constitucional vigente: “toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad
física, psicológica y sexual”.
Claro
que la Conferencia Episcopal Boliviana, supongo que con genuina pero caduca
preocupación (seguramente fundada en la experiencia de algunos de sus colegas),
va más lejos todavía. Se opone no sólo al mencionado artículo, sino también a
la incorporación del derecho a la salud sexual y reproductiva. La Iglesia no
quiere que el Estado desarrolle y garantice procesos de información,
sensibilización y educación para la sexualidad y salud sexual y reproductiva de
los sujetos de derechos amparados en el Código.
Más
allá de estos fantasmas agitados periódicamente para advertir sobre el riesgo
—en palabras del convergente diputado Rubén Darío— de “entreabrir la puerta al
aborto del oficialismo” (sic), lo que permanece intacto es el postergado debate
nacional sobre la despenalización del aborto y el derecho de las mujeres a
decidir sobre sus cuerpos. Hace poco esta sensible cuestión, que sin duda
divide, fue oficialmente vetada por elecciones (“hasta 2015”) tras una
fallida/malograda discusión.
¿Y
el Tribunal Constitucional Plurinacional? ¿Cuándo se pronunciará sobre la
consulta que le hicieron al respecto? ¿Seguirá con los plazos suspendidos hasta
el postrero día? Desde septiembre, cuando anunciaron que “se tomarían su tiempo
para el análisis”, los magistrados parecen haber archivado el complejo asunto.
Indican que posiblemente hablen del tema en su Sala Plena de este jueves. Pero
no habrá resolución sobre la despenalización del aborto hasta el próximo año. O
más.
Mientras
tanto, como bien y sobradamente ha sido dicho, miles de mujeres en el país, por
diferentes motivos, interrumpen embarazos no deseados. Lo hacen más allá del
diseño normativo —bien o mal encaminado— y de los sermones religiosos. Y lo
seguirán haciendo a pesar de códigos, tribunales, oraciones. ¿Cuán difícil
resulta entender y asumir que cerca de medio millar de mujeres, siempre las más
pobres, mueren cada año en Bolivia por abortos clandestinos, mal practicados?
¿Hasta cuándo?
Por
ello, es por demás lamentable que el aborto, esa decisión in extremis, siga
agitándose recurrentemente como bandera —ora celestial, ora terrestre— cuando
en esencia la cuestión es sobre desigualdad, salud pública, derechos... Aquí
todas y todos defendemos el derecho a la vida, carajo. Y todas y todos, desde
el nacimiento, somos sujetos de derechos.
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