Crisis en el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu

Por: Alfredo Rada

Hace más de una década que cuando la intelectualidad “progresista” habla de los pueblos indígenas tiende a reverenciar a sus representantes. Es cierto que en nuestra historia contemporánea encontramos líderes aymaras y quechuas consecuentes con su ideología revolucionaria, anticolonialista y antiimperialista, uno de ellos es el fundador de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) Genaro Flores Santos, hoy bastante enfermo y anciano; otra fue la valiente mujer minera Domitila Chungara, sólo por dar dos nombres.

Siempre he cuestionado la idealización de lo indígena en que caen algunos intelectuales, igual que en los años 70 otros intelectuales encumbraban a los obreros sólo por ser tales, exagerando sus virtudes y pasando por alto sus defectos. A esa izquierda obrerista de aquellos años le sucedió en este nuevo siglo otra izquierda indigenista; mientras la primera hablaba del proletariado como “vanguardia revolucionaria” de la sociedad, la segunda teorizaba sobre los originarios como “reserva moral” de la humanidad. Soy crítico de las dos.

También en los 70 comenzaron a surgir, como una novedad política, los kataristas organizados en varios partidos políticos: el Movimiento Revolucionario Túpac Katari de Liberación (MRTKL), el Movimiento Indio Túpac Katari (MITKA) o el Partido Indio de Bolivia. Cada uno tenía a sus propios líderes: Raimundo Tambo, Genaro Flores, Constantino Lima, Luciano Tapia. Sabían defender sus ideas, cuyo fundamento ideológico se basaba en el filósofo Fausto Reynaga, que escribió textos esenciales como la Tesis India.

Sin embargo, cuando sucedió el golpe de Luis García Meza en 1980, entre los que aparecieron apoyando la dictadura estuvo Eufronio Vélez, dirigente de una de las facciones indianistas. Fue una llamada de atención de que en ese incipiente movimiento originario también había oportunistas y traidores.

Vayamos a un caso más relevante. En los años 90, cuando muchos revolucionarios se convirtieron al neoliberalismo, fue la de Víctor Hugo Cárdenas una de las peores traiciones. Prefirió ser segundo bajo las órdenes de un oligarca —Gonzalo Sánchez de Lozada— antes que dirigir ese poderoso movimiento político de los pueblos indígenas que estaba naciendo. Pudo más la ambición que la conciencia.

Ya en nuestros días se sabe de indígenas que hacen pactos con los enemigos históricos de las naciones originarias. Rafael Quispe, asesor del Consejo de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), fue el operador que impulsó desde hace seis meses un acuerdo político entre la dirigencia de esa organización encabezada por Félix Becerra con el Partido Verde, que proclamó al neoliberal Jorge Quiroga Ramírez como candidato a la presidencia. Este turbio alineamiento precipitó una reacción de varios suyus (organizaciones territoriales de carácter regional) en La Paz, Oruro y Potosí, que hace dos semanas realizaron un congreso en el que desconocieron a esa dirigencia y eligieron nuevas autoridades encabezados por el Jiliri Apu Mallku (autoridad mayor) Hilarión Mamani, de Potosí. Casi de inmediato, los dirigentes desplazados convocaron a su propio evento congresal, en el que se eligió a otro Jiliri Apu Mallku, Freddy Bernabé, de Oruro. Con esto se consumó la división de Conamaq.

No obstante, esta organización ya estaba debilitada por otros factores. Uno de esos factores fue el conjunto de denuncias de manejos irregulares en el Fondo de Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Este fondo, creado en 2004 dentro de la Ley de Hidrocarburos, se financia con un porcentaje del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). Aunque es fiscalizable, el Fondo Indígena tiene márgenes de autonomía y es administrado directamente por las organizaciones sociales, correspondiéndoles a las anteriores autoridades de Conamaq la designación del Gerente de Proyectos, cargo que en los últimos años recayó en el señor Epifanio Pacheco, técnico de los ayllus de Chuquisaca.

Serán las auditorías a realizarse en los siguientes meses las que establezcan si las sospechas son ciertas, determinando además las responsabilidades administrativas, civiles y penales de quienes han tenido el mando económico del Fondo. Pero ya las denuncias de malos manejos dañaron a la organización originaria, erosionando la confianza de las bases comunales en sus dirigencias.

Otro de los factores que debilitó a la organización tiene que ver con la fase posterior a los procesos de titulación de tierras que impulsó el Conamaq. Bien se sabe que esta organización tuvo la virtud histórica de promover las titulaciones colectivas como Tierras Comunitarias de Origen (TCO) en favor de los ayllus y markas en el occidente andino de Bolivia. Su momento de máximo esplendor orgánico fue hace diez años, cuando logró aglutinar a comunidades aymaras y quechuas que demandaban la consolidación legal de sus posesiones de tierras. Pero, una vez tituladas, no pudieron pasar a una siguiente etapa, aplicando nuevos modelos comunitarios de gestión territorial y productiva, de carácter colectivo y asociativo, en las mejores condiciones abiertas por un régimen económico constitucional que, por primera vez en nuestra historia reconoce al sector social y comunitario.

Un tercer factor es la orientación de la acción política de la organización. La saliente conducción de Conamaq se equivocó en sus estrategias respecto al Gobierno. Es que una cosa es la crítica propositiva dentro del proceso de cambio para profundizarlo, otra es deslizarse por la pendiente inclinada del oportunismo hacia los brazos de la derecha. Después del conflicto por el Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), los exdirigentes Becerra y Quispe se volvieron cada vez más opositores a Evo Morales, sin darse cuenta que transitaban en ruta contraria a sus bases, que le recibían con entusiasmo como líder indígena cada vez que visitaba sus municipios para entregar obras.

Estos factores explican la poca capacidad de convocatoria del Conamaq, esa relación inversamente proporcional entre los exaltados discursos de sus mallkus con la poca cantidad de gente que logran movilizar, lo que no alcanza a disimular ni siquiera la exagerada cobertura mediática que se les brinda.

Entender la difícil situación de esta organización y, lo más importante, aportar a su resolución pasan por analizar las causas de su crisis; para ello no sirven los argumentos simplones que atribuyen todos sus males a una supuesta “injerencia gubernamental”.