¿Viva el latifundio?

Por Rafael Puente

¿Será verdad? La noticia dice que nuestro Gobierno -con motivo de la Feria Exposición de Santa Cruz- envió a los ganaderos y hacendados del oriente, para su consideración, un proyecto de ley que establece una pausa o paréntesis de cinco años para la exigencia y control de la función económico social de las grandes propiedades agrícolas (nos podemos imaginar la alegría de los latifundistas que hasta ahora se sentían amenazados por este proceso de cambio y ahora se sentirían protegidos por él).

El latifundio siempre ha sido un importante ingrediente del atraso económico y social en cualquier país (una muestra patética reciente es España, cuya crisis actual nos muestra que no es precisamente de la “madre-patria” de quien tenemos mucho que aprender). Aquí en Bolivia la “revolución” del 52 puede llamarse tal porque acabó con el latifundio en tierras altas, pero el fracaso (culposo) de ese proyecto revolucionario generó en dicha región el minifundio y en tierras bajas un nuevo latifundio mucho más grave. Y ha sido este proceso de cambio el que desde el principio asumió como bandera la lucha contra el latifundio; para ello retomó el concepto de función económico social (presente ya en la Ley INRA) y lo reforzó en la Ley de Reconducción Comunitaria de Tierras, y lo incorporó en la nueva Constitución. El artículo 397 de la misma lo define de manera inconfundible, y los artículos 398 y 401 lo consagran como clave a la hora de cumplir la prohibición del latifundio y de la consecuente reversión de esas tierras al Estado.

¿Será posible, me sigo preguntando, que este mismo Gobierno ofrezca una ley que reniega de esa trayectoria y abre un paréntesis en la Constitución? ¿Es que en absoluto la Constitución puede ser objeto de pausas o paréntesis? Recordamos que Sánchez de Lozada hizo una suerte de pausa o paréntesis constitucional a la hora de entregar el monopolio de las telecomunicaciones a una empresa extranjera, pero de aquel Gobierno se podía esperar cualquier cosa menos respeto por la Constitución. Me niego a creer que el nuestro esté dispuesto a hacer lo mismo.

Recuerdo que en el Plan de Gobierno que convencidamente divulgamos para las elecciones de 2009 figuraba la promesa de terminar con el latifundio. No sólo esperábamos que efectivamente lo hiciera, sino que además endureciera las condiciones para el cumplimiento de la función económico social, y restringiera el derecho que tiene cada vaca a cinco hectáreas de tierra -derecho que (como hizo notar hace poco una joven descendiente de Zárate Willka que está trabajando con el Pueblo Guaraní) no se les reconoce a las mujeres indígenas-. Pero en lugar de eso, y de enviarles a los colegas del gringo Larsen un nuevo Alejandro Almaraz que imponga la ley, expropie tierras ociosas y libere comunidades cautivas, nos dicen que les envía este regalito.

Si fuera cierto, ¿cómo se podría entender? ¿Acaso para favorecer el acceso de los latifundistas a créditos bancarios? No parece que eso sea un interés del Estado, y menos aún que pueda considerarse más importante que un principio constitucional. ¿O será para darles tiempo a los latifundistas de que puedan vender sus tierras a capitalistas extranjeros, presuntamente más eficientes? Nos negamos a creer que ése pueda ser un objetivo de nuestro Gobierno. ¿Entonces? ¿Meramente congraciarse con la oposición de tierras bajas y con el cardenal Terrazas? Nos cuesta creerlo (pese a los sabios consejos de papá Lula).

Por favor, que alguien me diga que la noticia es falsa. ¿Acaso no nos dijeron también que el cáncer del presidente Hugo Chávez acabaría con su vida antes de las elecciones de pasado mañana, y ahora lo vemos no sólo vivo y sano, sino decidido a ganar por decimocuarta vez una votación popular? La única esperanza es que también en este caso se trate de un infundio de los medios, siempre dispuestos a mellar la imagen de nuestro Gobierno. Por favor, que alguien me lo diga...

Rafael Puente es miembro del Colectivo Urbano por el Cambio (CUECA) de Cochabamba.