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El fascismo está actuando en Santa Cruz, el gobierno debe investigar

Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás

Del triunfo de Chávez y la coyuntura nacional


Por Alfredo Rada
El contundente triunfo de Hugo Chávez en las elecciones de Venezuela, superando sus techos históricos de votación, no es un dato menor de la política internacional.
Sin embargo, no faltaron en los medios de comunicación analistas conservadores que se esforzaron en mostrar una imagen de desgaste del chavismo al mismo tiempo que exaltaban las posibilidades de la oposición en ese país, llegando a pronosticar una derrota de los socialistas venezolanos en las próximas elecciones de alcaldes y gobernadores de diciembre, o deslizar la sórdida idea de que Chávez, por razones de salud, podría no concluir su nuevo mandato.
No eran ideas sustentadas en datos empíricos con las que valga la pena debatir, más parecían expresiones de deseos ante las que sólo queda encogerse de hombros y voltear la página.
El hecho es que Chávez aseguró democráticamente la continuidad de su proyecto y lo logró esta vez respaldado por una sólida estructura político-ideológica: el Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV).
Pero ejercerá su conducción en un contexto regional muy diferente al de sus primeros gobiernos. En lo político, los enormes avances en Latinoamérica de las fuerzas revolucionarias –entre las que incluiremos al “progresismo” de izquierda- fueron perdiendo impulso en los últimos años. Entre esos avances podemos mencionar los procesos constituyentes de Venezuela, Ecuador y Bolivia, las nacionalizaciones y el fortalecimiento del poder económico estatal, así como los logros en la redistribución del ingreso a través de políticas sociales implementadas en varios países.
En el plano de la integración política multilateral, nunca como en esta última década se dieron tantos logros en la conformación de espacios como la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) creada en La Habana en diciembre de 2004, la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) cuyo tratado constitutivo se firmó en marzo de 2008 en Brasilia, o la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) conformada en diciembre de 2011 en Caracas.
Impactos de la crisis económica
Todos éstos son procesos que desde la integración política pretenden avanzar hacia el diseño de estrategias conjuntas frente a la crisis internacional cuyos impactos se sienten ya en nuestra región.
He aquí otra diferencia con el contexto económico anterior, cuando la buena coyuntura mundial de precios de las materias primas energéticas fue un factor que facilitó las transformaciones sociopolíticas.
Los voceros del conservadurismo afirman que aquella coyuntura explica por sí misma los logros y que en éstos nada de mérito tienen las movilizaciones populares y menos los gobiernos de izquierda.
Pero sin la nacionalización del excedente generado en el sector hidrocarburífero, por ejemplo en el caso boliviano, ¿a qué sector hubiera beneficiado la bonanza?, sin duda que a las empresas transnacionales, que bajo las reglas fijadas por las privatizaciones podían llevar fuera del país la mayor parte de ese excedente.
Hoy el nuevo contexto está marcado por los impactos de la crisis mundial del capitalismo en Latinoamérica. Y no es tanto por una caída libre de los precios (cuya tendencia en el caso de los energéticos es que aun disminuyendo se mantendrán en niveles relativamente altos) como por la disminución de la demanda global neta de materias primas y productos industriales, lo que implica menores ingresos por concepto de exportaciones.
Pero este nuevo contexto bien podría acelerar los procesos de integración regional, aunque éstos tengan signo distinto.
En el caso del Mercosur, la victoria electoral de Chávez consolida el ingreso de Venezuela y amplía las posibilidades para que Bolivia y Ecuador acuerden su incorporación, por supuesto en condiciones favorables a sus intereses soberanos. En forma análoga, la victoria en México del neoliberal Enrique Peña Nieto fortaleció el Pacto del Pacífico, que también comienza a ser atractivo comercialmente para varios países centroamericanos.
Profundización o estancamiento de los cambios
Otra es la cuestión del efecto político en cada país de los citados factores externos. Sería caer en el error del determinismo económico afirmar que los impactos de la crisis global inevitablemente acentuarán la pérdida de impulso de las fuerzas revolucionarias en la región.
En realidad, esto depende de otros factores: las decisiones políticas que tomen los gobiernos frente a las nuevas circunstancias económicas, el sentido de la acción colectiva de las fuerzas sociales, así como el grado de cohesión o división en el bloque social revolucionario que impulsa los cambios.
Para precisar mejor esta idea veamos un ejemplo en Bolivia. Este período será decisivo para la resolución de la cuestión minera, convertida hoy en el tema de temas de la agenda nacional.
En el sector minero los niveles de conflictividad siguen subiendo pese a los enormes esfuerzos de concertación desplegados por el Ejecutivo. Sostengo que para superar esta anomia hay que dar certidumbre y sólo el Estado, con medidas de transformación estructural del sector, puede darla.
La inestabilidad derivada de la disputa cada vez más violenta por el excedente minero es muy parecida a la que predominaba en el sector de hidrocarburos entre los años 2002 y 2006. Recordemos que aquellos años también estaban signados por bloqueos de carreteras, tomas de pozos, paros cívicos y marchas multitudinarias convocadas por los sindicatos, que se aglutinaron políticamente cada vez con mayor fuerza en torno a la consigna de la nacionalización de los hidrocarburos.
El pico mayor de violencia se alcanzó en octubre de 2003, cuando en la ciudad de El Alto murieron más de 60 personas. La aprobación de la nueva Ley de Hidrocarburos el año 2004 y la aplicación del Decreto de nacionalización en mayo de 2006, estabilizaron el sector y aplacaron la conflictividad.
El curso que tomó el conflicto en Colquiri, que derivó en un conflicto más grande y extendido, ha fortalecido la base social de respaldo a las ideas nacionalizadoras de la minería. Esto no puede pasarse por alto cuando se tomen decisiones estatales para la nueva Ley Minera, que ya no podrá ser cualquier ley. Para ganar legitimidad popular debe tener contenido nacionalizador frente a la minería transnacional –eufemísticamente denominada “minería mediana”, dar un fuerte impulso a las inversiones en plantas de fundición y consolidar a la Comibol.

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