Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás...
Por Alfredo Rada
El contundente triunfo de
Hugo Chávez en las elecciones de Venezuela, superando sus techos históricos de
votación, no es un dato menor de la política internacional.
Sin embargo, no faltaron en
los medios de comunicación analistas conservadores que se esforzaron en mostrar
una imagen de desgaste del chavismo al mismo tiempo que exaltaban las
posibilidades de la oposición en ese país, llegando a pronosticar una derrota
de los socialistas venezolanos en las próximas elecciones de alcaldes y
gobernadores de diciembre, o deslizar la sórdida idea de que Chávez, por
razones de salud, podría no concluir su nuevo mandato.
No eran ideas sustentadas
en datos empíricos con las que valga la pena debatir, más parecían expresiones
de deseos ante las que sólo queda encogerse de hombros y voltear la página.
El hecho es que Chávez
aseguró democráticamente la continuidad de su proyecto y lo logró esta vez
respaldado por una sólida estructura político-ideológica: el Partido Socialista
Unificado de Venezuela (PSUV).
Pero ejercerá su conducción
en un contexto regional muy diferente al de sus primeros gobiernos. En lo
político, los enormes avances en Latinoamérica de las fuerzas revolucionarias
–entre las que incluiremos al “progresismo” de izquierda- fueron perdiendo
impulso en los últimos años. Entre esos avances podemos mencionar los procesos
constituyentes de Venezuela, Ecuador y Bolivia, las nacionalizaciones y el
fortalecimiento del poder económico estatal, así como los logros en la
redistribución del ingreso a través de políticas sociales implementadas en
varios países.
En el plano de la
integración política multilateral, nunca como en esta última década se dieron
tantos logros en la conformación de espacios como la Alternativa Bolivariana
para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) creada en La Habana en diciembre de
2004, la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) cuyo tratado constitutivo se
firmó en marzo de 2008 en Brasilia, o la Comunidad de Estados Latinoamericanos
y Caribeños (CELAC) conformada en diciembre de 2011 en Caracas.
Impactos
de la crisis económica
Todos éstos son procesos
que desde la integración política pretenden avanzar hacia el diseño de
estrategias conjuntas frente a la crisis internacional cuyos impactos se
sienten ya en nuestra región.
He aquí otra diferencia con
el contexto económico anterior, cuando la buena coyuntura mundial de precios de
las materias primas energéticas fue un factor que facilitó las transformaciones
sociopolíticas.
Los voceros del
conservadurismo afirman que aquella coyuntura explica por sí misma los logros y
que en éstos nada de mérito tienen las movilizaciones populares y menos los
gobiernos de izquierda.
Pero sin la nacionalización
del excedente generado en el sector hidrocarburífero, por ejemplo en el caso
boliviano, ¿a qué sector hubiera beneficiado la bonanza?, sin duda que a las
empresas transnacionales, que bajo las reglas fijadas por las privatizaciones
podían llevar fuera del país la mayor parte de ese excedente.
Hoy el nuevo contexto está
marcado por los impactos de la crisis mundial del capitalismo en Latinoamérica.
Y no es tanto por una caída libre de los precios (cuya tendencia en el caso de
los energéticos es que aun disminuyendo se mantendrán en niveles relativamente
altos) como por la disminución de la demanda global neta de materias primas y
productos industriales, lo que implica menores ingresos por concepto de
exportaciones.
Pero este nuevo contexto
bien podría acelerar los procesos de integración regional, aunque éstos tengan
signo distinto.
En el caso del Mercosur, la
victoria electoral de Chávez consolida el ingreso de Venezuela y amplía las
posibilidades para que Bolivia y Ecuador acuerden su incorporación, por
supuesto en condiciones favorables a sus intereses soberanos. En forma análoga,
la victoria en México del neoliberal Enrique Peña Nieto fortaleció el Pacto del
Pacífico, que también comienza a ser atractivo comercialmente para varios
países centroamericanos.
Profundización
o estancamiento de los cambios
Otra es la cuestión del
efecto político en cada país de los citados factores externos. Sería caer en el
error del determinismo económico afirmar que los impactos de la crisis global
inevitablemente acentuarán la pérdida de impulso de las fuerzas revolucionarias
en la región.
En realidad, esto depende
de otros factores: las decisiones políticas que tomen los gobiernos frente a
las nuevas circunstancias económicas, el sentido de la acción colectiva de las
fuerzas sociales, así como el grado de cohesión o división en el bloque social
revolucionario que impulsa los cambios.
Para precisar mejor esta
idea veamos un ejemplo en Bolivia. Este período será decisivo para la
resolución de la cuestión minera, convertida hoy en el tema de temas de la
agenda nacional.
En el sector minero los
niveles de conflictividad siguen subiendo pese a los enormes esfuerzos de
concertación desplegados por el Ejecutivo. Sostengo que para superar esta
anomia hay que dar certidumbre y sólo el Estado, con medidas de transformación
estructural del sector, puede darla.
La inestabilidad derivada
de la disputa cada vez más violenta por el excedente minero es muy parecida a
la que predominaba en el sector de hidrocarburos entre los años 2002 y 2006. Recordemos
que aquellos años también estaban signados por bloqueos de carreteras, tomas de
pozos, paros cívicos y marchas multitudinarias convocadas por los sindicatos,
que se aglutinaron políticamente cada vez con mayor fuerza en torno a la
consigna de la nacionalización de los hidrocarburos.
El pico mayor de violencia
se alcanzó en octubre de 2003, cuando en la ciudad de El Alto murieron más de
60 personas. La aprobación de la nueva Ley de Hidrocarburos el año 2004 y la
aplicación del Decreto de nacionalización en mayo de 2006, estabilizaron el
sector y aplacaron la conflictividad.
El curso que tomó el
conflicto en Colquiri, que derivó en un conflicto más grande y extendido, ha
fortalecido la base social de respaldo a las ideas nacionalizadoras de la
minería. Esto no puede pasarse por alto cuando se tomen decisiones estatales
para la nueva Ley Minera, que ya no podrá ser cualquier ley. Para ganar
legitimidad popular debe tener contenido nacionalizador frente a la minería
transnacional –eufemísticamente denominada “minería mediana”, dar un fuerte
impulso a las inversiones en plantas de fundición y consolidar a la Comibol.
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