Challapata: ya era hora

Por Rafael Puente

Pues sí, ya era hora de sentar un mínimo principio de autoridad frente a la impunidad acumulada de los contrabandistas. Que fue triste, lo fue. Que ojalá nunca hubiera sido necesario llegar a ese extremo, de acuerdo; nadie se puede sentir alegre ante el ejercicio de la violencia (y menos ante el sufrimiento de personas inocentes que resultan pagando las consecuencias de una acción militar). Pero a pesar de todo era necesario dejar claro que el contrabando es un delito y no un derecho, como parece que han llegado a creer numerosos grupos sociales del país. 

Y ya que seguimos teniendo Fuerzas Armadas (y no seguimos el modelo suizo de convertirnos en país neutral y por tanto desmilitarizado), por lo menos que sirvan para suplir la impotencia de la Policía, hace tiempo superada por toda laya de contrabandistas.

Daba pena escuchar a la señora directora de la Aduana Nacional cuando explicaba, no hace mucho, que lamentablemente en Challapata no se podía intervenir porque inevitablemente habría que hacerlo con violencia; era como la confesión de impotencia estatal frente a la delincuencia organizada. Por lo demás he escuchado a vecinas y vecinos de Challapata expresar su satisfacción por esta intervención que además pretende liberar a dicha ciudad del estigma de capital del contrabando y devolverle su título tradicional de capital agroganadera.

Cierto que es nuestro propio Gobierno el que ha venido incentivando el contrabando con la famosa amnistía para vehículos chutos -a la que debemos además la insoportable saturación vehicular de nuestras ciudades y la correspondiente contaminación de nuestro cada vez más escaso aire-, como también con la repetida prolongación de licencias para la internación de ropa usada, y la incapacidad para controlar el contrabando de combustibles, y un montón de etcéteras; pero precisamente por eso es saludable que el propio Gobierno reaccione y empiece a frenar esa mafia (que ha demostrado su poder económico y organizativo, así como su prepotencia y agresividad). 

Faltaba poco para que escucháramos la noticia de que se había conformado una Federación Nacional de Contrabandistas (con pretensiones de afiliarse a la COB).

La llamada economía informal puede ser, además de inevitable, incluso positiva, en la medida en que suple la incapacidad de la economía formal de generar el empleo que falta. Pero esa economía informal no puede llegar a la abierta contravención de la ley y de los intereses nacionales (en nuestro caso plurinacionales). Y en ese sentido era hora también de frenar la avaricia suicida -por ecocida- de quienes han mostrado estar dispuestos a matar para apoderarse de las riquezas minerales que tenemos en Mallku Khota (y en muchos otros lugares). Ya que tenemos que resignarnos a vivir sometidos y sometidas a un Estado, por lo menos que sirva para que éste ponga en su lugar a todo tipo de grupos irregulares, como chuteros y demás contrabandistas, que ponen en riesgo nuestra economía, nuestra salud y nuestra convivencia.

Pues sí, hay que felicitar esta iniciativa decidida del Ministerio de Gobierno. Lo que falta es que tenga continuidad, y que no haya sido un estallido pasajero de bronca estatal; que no se limite a una especie de advertencia de lo que podría llegar a suceder, sino que esté expresando una decisión permanente de hacer cumplir la ley (la Ley de Aduanas y todas las leyes). Si es así, no dejará de ser un paso significativo en la lucha por la seguridad ciudadana.

Y en la misma línea cabe felicitar el decreto que prohíbe el uso de la dinamita en manifestaciones callejeras. Cierto que era un elemento tradicional -casi folklórico- de las luchas populares en que los mineros jugaban un verdadero papel de vanguardia. Pero tenemos que reconocer que la dinamita no es compatible con un estilo democrático y participativo de hacer política ni con un mínimo de equidad social. Estamos de acuerdo, libertad no es lo mismo que todo vale.

Rafael Puente es miembro del Colectivo Urbano por el Cambio (CUECA) de Cochabamba.