¿El show debe continuar?

Sobre la tragedia en el carnaval orureño

Por: Willy Camacho

El Carnaval es una fiesta popular, y como tal, implica la suspensión de la normalidad, o en otras palabras, la instauración de un orden coyuntural que sustituye el orden establecido durante el tiempo que se extiende la fiesta. Desde las teorías bajtinianas hasta la evidencia de la práctica festiva de los sincretismos americanos, la fiesta popular sigue lógicas similares, aunque las características particulares difieran entre regiones y culturas.

Las fiestas patronales en este lado del mundo, por ejemplo, suspenden durante varios días la rutina laboral, el tráfico vehicular e incluso el comportamiento socialmente aceptable en un barrio o pueblo determinado. Así, los vecinos del lugar se apropian de los espacios públicos, calles y avenidas, para hacer demostración de fe y poderío económico mediante danzas folklóricas, comilonas y borracheras que no son habituales todos los días, excepto, claro está, durante los que las reglas de la fiesta popular se sobreponen a las normas legales.

Pero esta "anormalidad” es legitimada por el Estado (en Bolivia y muchos otros países)  como un modo de permitir a la población un "periodo de gracia” frente a la estresante carga reguladora que impone la sociedad moderna. Entonces, si bien hay leyes u ordenanzas que prohíben el consumo de bebidas alcohólicas en vía pública, dichas normas contemplan excepciones (explícitas o no) para el caso de las festividades populares.

Lógicamente, aunque el Estado acepta/tolera la suspensión de la normalidad, no puede permitir la supresión de su esencia, es decir, no puede permitir la ausencia de Estado. De ahí que las instituciones estatales estén encargadas, siquiera en parte, de la organización y control de las fiestas populares (alcaldías, gobernaciones, Policía y Ejército), más aún si se trata de festividades que conllevan gran flujo económico, como ocurre en el Carnaval de Oruro o en la Fiesta Grande de los cruceños.

El pueblo puede tomar las calles (y en las calles), pero si hay ganancia en ello, el Estado tiene que recibir su tajada, de manera que la suspensión de la normalidad no es total, pues igual se debe pagar impuestos por la venta de bebidas, por servicios hoteleros, por transporte, etcétera. En ese sentido, no resulta extraño que el Gobierno central no decretara que este año los festejos carnavaleros fuesen suspendidos, pese al drama que viven miles de familias bolivianas afectadas por desastres naturales. De haberlo hecho, el Estado hubiese perdido mucho dinero, o mejor dicho, hubiese dejado de ganarlo.
Claro que no se puede reducir todo a fenómenos económicos, especialmente en lo que a fiestas populares respecta, debido a que este "periodo de gracia” es esperado con ansias por la mayoría, ya sea para participar del derroche o simplemente para disfrutar del feriado. Esto, sin desmerecer que la cultura popular –cuya máxima expresión, en Bolivia, se manifiesta en las danzas folklóricas– se revitaliza y cobra vigor durante estas fechas.

Sin embargo, el accidente ocurrido el pasado sábado en Oruro parece confirmar que, actualmente, lo que prima en las grandes fiestas populares es más el dinero que cualquier otro motivo aducido por participantes, espectadores u organizadores. De hecho, la Entrada del Carnaval orureño ha dejado de ser una "gran fiesta popular” para convertirse en un gran espectáculo (lo mismo vale para el carnaval cruceño).

Así, pase lo que pase, el show debe continuar, tal como dictamina la principal regla de la industria del entretenimiento. Y en Oruro el show continuó, luego de algunas horas de pausa necesarias para limpiar los fierros retorcidos de la pasarela que se vino abajo y que obstruían el paso de los danzantes. Durante esas horas de interrupción, la Asociación de Conjuntos Folklóricos de Oruro (ACFO) logró que las bandas entrasen en razón y postergaran su luto (tres miembros de la Espectacular Poopó habían fallecido) para otra fecha menos festiva, obligándolas a respetar contratos bajo amenaza de procesos judiciales.

Se propuso cumplir con la peregrinación al Santuario de la Virgen, pero realizando el recorrido en silencio, sin música ni baile, lo cual no fue aceptado por las fraternidades que aún esperaban su turno para demostrar el fruto de la inversión en tiempo y dinero que habían realizado sus integrantes por devoción a la mamita del Socavón. Pudo más el dinero; la fe fue/es/será sólo un pretexto.

¿Cómo se le explica al pueblo, a los humildes, que la entrada folklórica ya no es fiesta popular, sino show business? ¿Cómo se les hace entender que, aunque el espectáculo utiliza las calles de su ciudad y los bailes de su tierra, deben pagar para poder verlo? ¿Cómo se controla que, al no poder pagar un asiento, atiborren una pasarela para sentirse parte de "su” fiesta?

Pasada la tragedia, se busca un responsable, un culpable, alguien que cargue con la muerte de, hasta el momento, cinco personas y las secuelas físicas de decenas de heridos, para que el resto podamos quedar con la conciencia tranquila, seguros de que no tuvimos nada que ver. No obstante, si bien se llegará a determinar responsabilidades individuales, la culpa es de todos los que de una u otra manera hemos contribuido a degenerar la fiesta popular.

Las autoridades, por permitir que en los últimos cuatro años el precio de los asientos se haya elevado hasta niveles irracionales: el más barato   200 bolivianos y el más caro 150 dólares. Los espectadores, por pagar semejantes precios, gastando en un día de jolgorio lo que muchas familias ganan en todo un mes. Las fraternidades, por convertir las danzas en privilegio de quienes pueden pagar miles de pesos para bailarlas. La Iglesia, por sumarse a un show que envilece la fe...

En fin, ya que muchos tenemos parte de culpa, también tenemos la responsabilidad de exigir que la fiesta vuelva a ser popular, que real y efectivamente sea un periodo en el que la normalidad se suspende, mas no tanto la que regenta el Estado (está visto que se necesita bastante regulación de aquí en adelante), sino la que administra el show business.