Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás...
Por: Fernando
del Carpio Z.
El
martes 17 de julio se cumplen 38 años de una de las dictaduras más oprobiosas.
El descalabro institucional, político y económico que dejó a su paso aún no fue
reparado. El líder del cruento golpe de Estado, general Luis García Meza, que
la última década pasaba más en el hospital que en la cárcel, murió a los 82
años, el 29 de abril de 2018.
Mientras
que su más estrecho colaborador, el coronel Luis Arce Gómez, ministro del
Interior, cumple su condena de 30 años de cárcel sin derecho a indulto en el
centro penitenciario de máxima seguridad de Chonchocoro.
Para
el abogado Roberto Quiroz, director general de Justicia y Derechos
Fundamentales del Ministerio de Justicia, “la víctima principal fue el Estado
boliviano, que sufrió tremendo daño institucional, político y económico que no
ha sido reparado hasta ahora”.
El
daño institucional se refleja en el copamiento de toda la estructura estatal,
en la anulación de la autonomía universitaria y la designación de rectores
militares; a nivel político no sólo asesinaron a Marcelo Quiroga Santa Cruz,
sino que persiguieron a dirigentes
políticos y sindicales.
En
el plano económico se dieron casos como La Gaiba, al divulgarse que en 1980 el
régimen militar extraía ilegalmente piedras semipreciosas de esa región
oriental, además de negociados en la compra de equipos petroleros, maquinaria
agrícola y otros.
El
juicio de responsabilidades que llevó adelante la Corte Suprema de Justicia,
que dictó sentencia contra García Meza y sus colaboradores, el 21 de abril de
1993, hizo que la mayoría cumpla su
condena, pero no con la calificación de daños y perjuicios a favor
del Estado y de las víctimas.
“Correspondería que el Ministerio Público y la
Procuraduría reabran el caso para la calificación de este daño al Estado y a
las propias víctimas”, dijo Quiroz.
Los
gobiernos de Hernán Siles Zuazo (10 de octubre de 1982-6 de agosto de 1985) y
de Evo Morales, mediante la Ley de Reparación de las Víctimas de Violencia
Política, cumplieron en parte, pero no de manera integral.
Ahora
corresponde a la Comisión de la Verdad, posesionada el 21 de agosto de 2017,
acumular pruebas contra quienes permanecen en la impunidad, y al Ministerio
Público iniciar acciones en defensa de la sociedad.
Fecha
funesta
El
sociólogo Eduardo Paz Rada considera que la reparación a las víctimas es un
tema pendiente, aunque “una señal muy importante fue el encarcelamiento de los
responsables”.
Paz
Rada define el 17 de julio de 1980 como una fecha funesta para Bolivia sobre
todo porque se dio en un momento de gran resistencia a la dictadura del general
Hugo Banzer y cuando se empezaba a construir la democracia.
“El golpe de García Meza fue el último
estertor de las fuerzas militares antidemocráticas, que finalmente tuvieron que
ceder a la presión del pueblo boliviano y significó el reposicionamiento de los
partidos políticos de la derecha MNR, ADN y MIR, que durante 20 años controlaron
y destruyeron el país”, apuntó.
Toda
esa herencia la recibió la Unidad Democrática Popular (UDP) de Siles Zuazo
porque la dictadura, utilizando el poder de una manera totalmente arbitraria,
“se dedicó a hacer negociados, al narcotráfico, a una serie de hechos de
corrupción que marcaron la historia del país, pero finalmente fue llevado a la
cárcel su principal responsable, Arce Gómez (bautizado como ministro de la
‘cocaína’)”.
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