Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás...
Por: Mark Weisbrot
En
Washington lo ven simplemente como la forma en que funciona el mundo. Del mismo
modo en que los peces grandes se comen a los pequeños, y los leones cazan al
antílope, no existe vergüenza moral en que el gobierno de Estados Unidos busque
socavar, desestabilizar, o deshacerse de aquellos gobiernos electos
democráticamente que no le gusta.
Así las
cosas, no es de extrañar que el esfuerzo múltiple para deslegitimar las
elecciones a la Asamblea Nacional en Venezuela, previstas para el 06 de
diciembre, sea comunicado y ampliamente aceptado acá, sin reservas, como un
simple intento de garantizar una "observación creíble" para las
elecciones. Los "observadores creíbles", retratados como el sine qua
non de un "resultado creíble", son nada menos que la OEA (la
Organización de Estados Americanos).
Para
percatarse de lo absurdo de tal suposición, sólo hace falta mirar hacia atrás
unos pocos años, cuando la OEA nombró a una "Misión de Verificación de
Expertos" para examinar las elecciones presidenciales en Haití. Dicha
Misión hizo algo escandaloso, algo que nunca se había hecho - antes o después -
en la historia del monitoreo electoral: Revirtió el resultado de la primera
ronda de votación, sin realizar un reconteo de votos, ni siquiera una prueba
estadística.
En
febrero de 2011 me encontraba en un panel con Fritz Scheuren, el estadístico
principal de la Misión de la OEA, quien fue cuidadosamente seleccionado para
que seis de los siete miembros fueran de los EE.UU., Canadá y Francia (sí,
Francia fue incluida, aunque los geógrafos afirman que no forma parte del
hemisferio occidental). Como ex presidente de la Asociación Americana de
Estadística, reconoció que la misión de la OEA no utilizó inferencia
estadística alguna para sacar conclusiones del 8 por ciento de las actas de
escrutinio que fueron examinadas. Las pruebas estadísticas realizadas por el
CEPR, que incluyeron un amplio conjunto de simulaciones de votos faltantes, confirmaron
que no había ninguna base estadística para la reversión por parte de la Misión
de los resultados del voto.
Con el
país aún devastado por el terremoto de 2010, la embajadora de Estados Unidos
ante las Naciones Unidas, Susan Rice, amenazó a Haití con cortar la ayuda que
necesitaba desesperadamente si no aceptaban la reversión de los resultados
electorales por parte de la Misión de la OEA. Michel Martelly, el candidato
preferido por Washington, se ubicó entonces por encima en la segunda vuelta y se
convirtió en presidente, hasta el día de hoy.
En el
2013, la oposición venezolana salió a las calles denunciando el
"fraude" en las elecciones presidenciales. Las protestas fueron
violentas, y a diferencia del 2014, cuando se produjo violencia de ambas partes,
en este caso provino de los manifestantes. No había base alguna para sus
reclamos de fraude: una prueba estadística de la auditoría electoral mostró que
la probabilidad de obtener el resultado oficial, si las elecciones en realidad
hubieran sido robadas mediante el fraude era de menos de una de cada 25.000
billones.
Sin
embargo, hubo tres voces internacionales en el 2013 que se sumaron a la
oposición y se negaron a reconocer los resultados, exigiendo un "recuento
completo": el gobierno de Estados Unidos, el gobierno derechista de
España, y – de forma reveladora – el jefe de la OEA en ese momento, José Miguel
Insulza. Washington todavía aporta aproximadamente el 40 por ciento del
presupuesto de la organización, y ha utilizado esta influencia para presionar a
funcionarios de la OEA.
Por
todas estas razones, y muchas más, cualquier gobierno que haya sido objeto
importante de un cambio de régimen durante más de una década por parte de
EE.UU., tendría razón en desconfiar de los observadores de la OEA. Argentina,
Brasil, Chile, Uruguay, EE.UU. mismo y Canadá están entre los países que no han
estado interesados en que
la OEA observe sus elecciones. Sin embargo, casi todas las fuentes de los
grandes medios pretenden que la OEA es apenas una garantía institucional neutra
y necesaria contra el fraude. El Grupo de Crisis Internacional, Human
Rights Watch, y la Institución Brookings todos se han sumado en cambote. ¿Y por
qué no? La pretensión de observador desinteresado de la OEA, sin tener que
rendirle cuenta a los poderes y dictámenes del imperio, es la misma en la que
dichos organismos fundamentan su propia identidad. Pero muchos de estos actores
cuentan con una trayectoria particularmente turbia en Venezuela durante la
última década.
El
último giro ha sido la retirada por parte de Brasil de los observadores
electorales de la UNASUR, un organismo que los medios de comunicación
normalmente tienden a ignorar. Pero una vez más, es necesario conocer a los
actores. Brasil había nombrado a Nelson Jobim, un ex ministro de Defensa, quien
es conocido (según los cables diplomáticos filtrados, entre otras fuentes) de
ser muy cercano a Washington y hostil hacia Venezuela. Normalmente, uno no se
esperaría que la Presidenta de Brasil, Dilma Rouseff, hiciera una concesión de
este tipo a su oposición interna, de donde emana Jobim. Pero ella se encuentra
bajo un ataque político serio, y su oposición (como casi todos los partidos
políticos de derecha en América Latina) está alineado con Washington.
Durante
la última década en Venezuela se han visto una serie de esfuerzos fallidos por
negar los resultados electorales (un breve repaso de algunas de las estafas más
audaces, con enlaces, se puede encontrar aquí): incluyen estudios estadísticos
falsos realizados por los académicos estadounidenses (2004), encuestas
fabricadas por encuestadores estadounidenses prominentes (2004 y 2006), un
boicot por parte de la oposición a las elecciones parlamentarias en 2005 y los
esfuerzos del 2013 descritos anteriormente. Sin mencionar los intentos de golpes
militares. La oposición nunca ha ganado una elección nacional en Venezuela
desde que Hugo Chávez fue electo por primera vez en 1998. Esta vez, ellos
piensan que pueden ganar, y tienen encuestas para apoyar dicha afirmación. Sin
embargo, mucho depende de la participación, que ha sido su debilidad en las
elecciones no presidenciales; y existe una diferencia política grande entre
conseguir, por ejemplo, una mayoría simple o de dos tercios en la Asamblea. De
ahí, el ataque preventivo para desacreditar las elecciones: Si logran un
resultado peor de lo que esperaban, la oposición cantará fraude. Y los de línea
dura, al menos, continuarán su camino extra-constitucional hacia un cambio de
régimen. Este ha sido - con el apoyo de Estados Unidos - el plan B (a veces el
plan A) durante buena parte de los últimos 16 años, a pesar de que no ha habido
ni una pizca de prueba creíble de fraude electoral durante todo ese período.
Mark
Weisbrot es codirector del Centro para la Investigación Económica y Política en
Washington, DC, y Presidente de Just Foreign Policy.
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y Twitter: @escuelanfp
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