Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás...
Por: Ángel Guerra
Cabrera
La decisión de la Corte Suprema de Guatemala de
abrir el proceso de antejuicio al presidente Otto Pérez Molina como cabecilla
principal de una gigantesca trama de corrupción, marca un punto de inflexión en
la grave crisis política que sacude al país. El gobierno, paralizado hace
semanas, ya se desmoronó.
El escándalo estalló en abril de este año y
desencadenó un movimiento de indignación que ha llevado a multitudinarias
protestas, inicialmente de las clases medias y estudiantes a las que se han
sumado crecientes sectores de la población, incluyendo a las combativas
comunidades indígenas y campesinas.
La investigación de la fiscalía y de la Comisión
Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) ha evidenciado delitos
de altos funcionarios del gobierno, entre ellos la vicepresidenta Roxana
Valdetti, quien se vio forzada a renunciar y ya está presa y es juzgada por un
tribunal.
Pero estos hechos no comienzan con el actual
gobierno y no pueden explicarse a fondo si no se ahonda en sus profundas raíces
en la historia guatemalteca, en las consecuencias socio-políticas de la grosera
injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos de este país y
directamente relacionado con ello, la aplicación, a partir de los ochenta, de
las criminales, superexplotadoras y depredadoras políticas neoliberales.
Sin ir más atrás, a partir del golpe de Estado
orquestado en 1954 por la CIA y las más altas instancias de Washington, que
derrocó al presidente constitucional Jacobo Arbenz, el país quedó gobernado por
una estrecha alianza formada por la embajada estadunidense, las cámaras
empresariales y los militares de ultraderecha, huevo de la serpiente de la
genocida actividad contrainsurgente de las fuerzas armadas hasta la firma de
los acuerdos de paz con la guerrilla en diciembre de 1996. Según los cálculos
de la Comisión de Esclarecimiento Histórico de la ONU el genocidio maya arrojó
un saldo de 200.000 muertos y desaparecidos de esa etnia, además de un número
considerable de opositores políticos y bases de apoyo de la guerrilla.
Aunque el genocidio terminó, no así la impunidad de
sus autores, entre ellos Pérez Molina, ni las masacres eventuales de indígenas,
ni la represión. Los acuerdos de paz abrieron relativamente el espacio político
con elecciones a la gringa pero apenas tocaron la secular estructura de
dominación imperialista-oligárquica. Grandes empresarios, jefes militares y la
gran mayoría de los políticos se subordinan a la Embajada de Estados Unidos y
son cómplices de aquella en el control sobre la sociedad civil. Igualmente,
manejan grandes negocios nacidos durante la guerra sucia y
desarrollados en los años posteriores, incluyendo una jugosa participación en
el tráfico de drogas, en el contrabando y en otras actividades criminales.
De hecho, de los años de guerra nacieron dos grupos
criminales en el seno del ejército: El Sindicato y la Cofradía, cuyas
actividades han continuado después, casi siempre con la complicidad del
Ejecutivo.
Teñidas por las características de cada país, es evidente
que las políticas neoliberales han impulsado la corrupción en el planeta entero
y no solo en América Latina y el tercer mundo, al estimular la prevalencia del
individualismo, el egoísmo, el consumismo, el edonismo, la pobreza, el
desempleo y, en general, la subordinación de lo público a lo privado. Redes de
corrupción y compadrazgo entre empresarios, políticos y militares, las hay
también y muy tupidas en el mundo “desarrollado”, comenzando por Estados
Unidos. Recordemos el monumental e impune fraude financiero de
2008.
Causa hilaridad cuando se lee u oye a los loros
amaestrados del sistema llenarse la boca para decir: “esto no pasa en las
democracias consolidadas". ¿Cuáles? ¿Esas donde se compran las elecciones?
Y es inevitable volver a pensar en el vecino del norte.
La calle pide la renuncia y el enjuiciamiento de
López Molina y es muy probable que lo consiga pues ya logró asustar a las
cámaras empresariales, que de la noche a la mañana, exigen lo mismo. Y a la
embajada gringa, que a través de aquellos y de la CCIG tira de los hilos para
impedir que el país se le vaya de las manos, que las elecciones neoliberales
“resuelvan” el problema para que todo siga igual. Los horroriza el fermento de
indignación popular desatado, que si logra organizarse puede eventualmente
pelear por cambios democráticos verdaderos que desemboquen en una Asamblea
Constituyente ciudadana, no de los partidos políticos del sistema.
y Twitter: @escuelanfp
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