Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás...
Los
trabajadores afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB), exigieron la
derogación del decreto 2248, que constituye la Gestora Pública de Pensiones y
autoriza niveles salariales de 70.000 bolivianos para el Presidente del
Directorio y el Gerente de la Gestora Pública, 50.000 bolivianos para los
gerentes nacionales y 30.000 bolivianos para los gerentes regionales. El
rechazo está basado en los altos sueldos consignados para el equipo ejecutivo
de la Gestora. La demanda fue comunicada este lunes al Presidente Evo Morales y
aprobada en el ampliado nacional que el ente matriz de los trabajadores sostuvo
en días pasados en la ciudad de Cochabamba.
La
tercera resolución del Ampliado Nacional de la COB establece que “se rechaza
los salarios de Bs. 70.000 fijados mediante Decreto Supremo 2248 para los
ejecutivos de la Gestora Pública de Pensiones, debiendo revisarse esta
disposición”. En la misma resolución también se ratificó la exigencia de formar
parte del directorio de esta entidad.
El
Decreto Supremo 2248, aprobado el 14 de enero pasado, establece la constitución
de la Gestora Pública de Pensiones, aprueba sus estatutos y autoriza los
niveles salariales de su personal.
Estos
niveles salariales se justifican, según el Ministerio de Economía y Finanzas,
por la necesidad de contar con personal altamente cualificado en el área de
pensiones y seguridad social, que además, deberá percibir altos sueldos para
evitar hechos de corrupción en la Gestora que administrará los aportes de los
trabajadores. Hasta diciembre de 2014, las cotizaciones habían alcanzado 10.588
millones de dólares y se prevé que hasta el 2019, los aportes superen los 17
mil millones de dólares.
“Los
fondos que administrará la Gestora Pública de Pensiones son dineros de todos
los trabajadores y no estamos de acuerdo con esos niveles salariales porque ni
un ministro de Estado gana tanto”, dijo Jorge Baldivieso, dirigente de la
Confederación de Maestros Urbanos de Bolivia y miembro del Comité Ejecutivo de
la Central Obrera Boliviana.
“Si un
funcionario no es conciente y no es un profesional con ética, ni ganando 100
mil bolivianos garantizará que no habrá corrupción”, agregó Baldivieso.
En
criterio del dirigente, esta escala salarial “es un despropósito” en un país
donde existen rentas de menos de 5 mil bolivianos.
Por su
parte, el dirigente del magisterio Adrián Quellca, informó que en la reunión
con el Presidente “se solicitó que se derogue el decreto, porque no está de
acuerdo con el régimen de austeridad que él mismo representa”.
“El
propio presidente Morales es un ejemplo. Él, siendo el responsable de manejar
los destinos de todo el país, tiene un sueldo de 18 mil bolivianos y el propio
Ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce, gana menos que ese monto, entonces
no hay justificativo para sueldos tan altos”, agregó.
Por
último, Quellca recordó que los recursos que administrará la Gestora “son
aportes de los compañeros trabajadores, de los servidores públicos. Son
recursos generados por los trabajadores para su jubilación, por lo tanto son su
patrimonio y no puede ser que los ejecutivos de la Gestora ganen 70 mil
bolivianos cuando hay compañeros que ganan el mínimo nacional de Bs.1.440”.
Víctor
Quispe, de la Confederación de Trabajadores Fabriles de Bolivia, ratificó que
se solicitó al presidente Evo Morales la derogación del decreto supremo, toda
vez que los trabajadores no fueron consultados.
“El
acuerdo era que, nosotros, como aportantes, tendríamos que haber sido
consultados respecto a todo lo que concierne a la Gestora y ese acuerdo no se
ha cumplido. Además, no consideramos correcto que se paguen salarios tan altos
a los ejecutivos, cuando el propio Presidente tiene un salario de 18 mil
bolivianos”, explicó.
Los
tres dirigentes también revelaron que se demandó que la Central Obrera
Boliviana forme parte del directorio de la Gestora, toda vez que se trata de un
patrimonio de los trabajadores. “El Estado no pone el dinero, somos los
trabajadores los que aportamos acumulando para nuestra jubilación, entonces es
imprescindible que haya un delegado sindical en el directorio que fiscalice y
garantice la administración transparente de nuestros recursos”, dijo
Baldivieso.
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