Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás...
Por: Lourdes Montero
Una vez más
los partidos encuentran cómo vulnerar los derechos políticos de las mujeres.
Usted, amable lector, leerá incrédulo esta afirmación, recordando toda la
normativa favorable emitida en los últimos años a favor de la paridad de género
en la representación política. Y es que no hemos terminado de celebrar el logro
del 48% de mujeres titulares en la Asamblea Legislativa y ya tenemos que
denunciar el incumplimiento de la Constitución Política del Estado.
Así es, pues
lo único inacabable parece ser la sarta de trampas, triquiñuelas y fraudes que
las organizaciones políticas encuentran para evitar que las mujeres ejerzan el
poder que se han ganado. La nueva estrategia para excluirlas tiene como centro
la “omisión”. Sí, como lo escucha, los partidos proceden a no sustituir
candidatas mujeres inhabilitadas, dejando el espacio en blanco y obligando a
que el Órgano Electoral, una vez conocidos los resultados de los comicios,
habilite a los suplentes varones en los espacios que la Ley reserva para las
mujeres.
Desde las
diversas fuerzas políticas también se han recibido denuncias de que sus
delegados convenientemente “extravían” los documentos legales de las
candidatas, generando un número inesperado de inhabilitadas. Y como esta
información no es transparente en los tribunales electorales departamentales,
muchas mujeres políticas continúan haciendo campaña sin saber si fueron o no
habilitadas como candidatas.
Desde hace
unos días, la campaña “50 y 50 ¡Paridad es ahora!” ha denunciado esta nueva
forma de vulneración en las listas subnacionales. Basta una mirada a los datos
para sospechar la eficacia de esta nueva forma de engaño: en La Paz, de 1.859
candidaturas inhabilitadas (en su mayoría mujeres), solo 27% fueron
sustituidas; en Cochabamba, de 804 inhabilitados (también mayormente mujeres),
fueron sustituidas tan solo un 16%. Santa Cruz es el único departamento que
presenta un 100% de sustituciones y el resto de tribunales electorales
departamentales ni siquiera han transparentado la información para poder hacer
seguimiento.
Lo peor es que
todos los partidos actúan de igual manera. El anecdotario de nuestra cultura
política transita, recordemos, desde candidatos denominados “travestis” que
cambiaban su sexo en las listas electorales y, por “un error de dedo”, un Juan
aparecía convertido en Juana y un Alberto en Alberta. En una investigación
realizada por el Órgano Electoral se encontraron este tipo de irregularidades
en el registro de más de 900 candidaturas municipales en las elecciones de
1999. En ese mismo periodo fueron numerosas las denuncias contra los partidos
que, una vez se cumplían con el requisito de alternancia en las listas,
obligaban a sus candidatas a renunciar para dar paso a sus suplentes varones.
Ya en el
ejercicio de su función, las mujeres electas sufren sofisticadas formas de
chantaje, presión, sanciones e intimidación por sus propios compañeros con la
complicidad de sus partidos políticos. A algunas mujeres este maltrato y acoso
llega a costarles la vida, como los casos emblemáticos de Juana Quispe Apaza y
Daguimar Ribera Ortiz que aún siguen sin resolución. A pesar de la aprobación
de la Ley contra el acoso político, la impunidad continúa. Acobol nos informa
que de 272 casos denunciados solo 13 tienen resolución administrativa o
judicial.
Esta nueva
denuncia de la forma en que los partidos políticos asumen los temas de derechos
de las mujeres debe hacernos reflexionar e implica un cuestionamiento más que
el Tribunal Supremo Electoral debe responder.
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