Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás...
Por: José Luis Exeni
Más
allá de su importancia relativa (“fotografías” sucesivas acerca de las
preferencias electorales), las encuestas se han posicionado en estos comicios
como un factor político de primer orden. No tanto por lo que dicen (datos de
intención de voto), sino por quién y cómo lo dice. Y en ello interviene no solo
la normativa vigente, sino en especial la magullada institucionalidad electoral
y los efectos políticos de sus decisiones. Las reglas cuentan, ya se sabe. Y su
(no) aplicación más todavía.
En
el estudio Comicios mediáticos II, de pronta publicación, evidenciamos que la
innovadora regulación asumida para los estudios de opinión en materia electoral
(Sección VI de la Ley del Régimen Electoral) constituyó un fuerte incentivo
para mejorar la calidad tanto en la elaboración como en la difusión mediática
de tales estudios. Así lo reconocieron todos los actores involucrados: las
empresas especializadas, los medios de comunicación, el Órgano Electoral y
hasta las organizaciones políticas.
No
fue por casualidad entonces que, a diferencia de anteriores comicios, en las
elecciones generales de octubre pasado no hubo empresas “fantasmas” ni
encuestas “truchas”. El requisito de habilitarse ante el Tribunal Electoral fue
fundamental. También es meritorio el desempeño de los medios en la difusión de
las encuestas, empezando por mostrar la ficha técnica. E incluso con el recurso
al análisis comparado y experto de los datos. En general todos asumieron su
responsabilidad. Y cumplieron la ley.
Ahora
las (malditas) encuestas electorales están en cuestión. Y es que de pronto, con
cinco años de retraso (ah, trasnochado lazartismo), descubrimos que una
prohibición/sanción establecida en la norma es “desproporcionada”,
“inaplicable” y etcétera. Así, lo que hace unos meses era virtud ahora se
presenta como vicio. Pero el principio sigue intacto: las organizaciones
políticas no pueden usar instrumentalmente datos de sus propias encuestas para
propósitos de campaña y de propaganda electoral.
Que
la sanción establecida en la ley (pérdida de personería jurídica) sea excesiva
es un debate que debiéramos tener como parte de una necesaria, futura reforma.
Lo que no admite interpretación ni equívoco es el efecto de haber violado la
norma, como lo hizo Unidad Demócrata (UD) en el Beni por boca de su oficioso
jefe de campaña, a la sazón gobernador del departamento. Así como el
(des)conocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, tampoco se puede
alegar en descargo la dureza del castigo.
Como
sea, más allá de la discusión normativa (que siempre admite distorsiones y
atajos), lo relevante son los efectos políticos de la decisión de un órgano
electoral desportillado. ¿Qué implicaciones tendrá en el Beni la inhabilitación
de una de las principales alianzas políticas? ¿Qué harán el ahora excandidato
Ernesto Suárez y los suyos para deslegitimar los comicios, habida cuenta de que
ya no están en carrera? ¿Su declarada “rabia e impotencia” le llevarán a
generar escenarios de violencia?
Pero
volvamos a las malditas encuestas. Es evidente que luego de la sanción
establecida por el TSE contra los Demócratas en el Beni, ninguna organización
política difundirá en el futuro, en conferencia de prensa y agitando banderas,
los datos de encuestas propias. O si lo hace —con los Carmelos nunca se sabe—
será asumiendo las consecuencias legales de violar la norma, más allá de
tuitear solidaridades, gritar “complot” o declarar que “se acabaron los últimos
vestigios de la democracia” (sic).
Mientras
tanto, los estudios de opinión en materia electoral seguirán gozando de buena
salud. Hoy tendremos, si acaso, los últimos datos de intención de voto que
pueden difundirse en los medios. Y el próximo domingo, a las veinte horas,
sabremos resultados preliminares de la votación por obra de bocas de urna y
conteos rápidos. Pero que la sondeocracia, por favor, no desplace a la
democracia.
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