Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás...
Por: Arturo
D. Villanueva Imaña
La sede de gobierno en la ciudad de La Paz y específicamente el
Ministerio de (in)justicia, frente a cuyas puertas se ha instalado hace ya más
de un año una vigilia permanente de luchadores sociales por la democracia y
víctimas de violencia política ejercida por regímenes dictatoriales y autoritarios
de las décadas de los años 60, 70 y 80; son mudos y sordos testigos (por su
inacción) de la silenciosa pero terca demanda de estos ciudadanos.
Son aquellos mismos que contribuyeron a restaurar de democracia y
conseguir las libertades esenciales para que el pueblo pueda ejercer derechos
elementales sin los cuales sería totalmente impensable el actual proceso;
que son totalmente ignorados por el gobierno de transformación
democrático cultural y por sus autoridades, al punto que no solo se ha hecho
caso omiso de sus justas y totalmente justificadas demandas para que se dé
cumplimiento de la Ley 2064; sino que vuelven a reeditar el escarnio, la
violencia y la agresión con la que ya aquellos regímenes dictatoriales
pretendieron doblegar la dignidad y la lucha de estos ciudadanos.
Tal es la situación que en el mes de febrero pasado algunos miembros de
la vigilia fueron agredidos y la Secretaria General de la Plataforma sufrió un
violento ataque, agravado por la cobardía de hacerlo contra una mujer, que le
provocó serías lesiones físicas y una fractura de antebrazo, nada menos que por
personas que se entiende son funcionarios que trabajan para el gobierno en
dicho Ministerio y que durante el día habían estado festejando la ch’alla de
sus oficinas.
Es un hecho realmente inaudito y completamente incomprensible que el
gobierno del Estado Plurinacional, que tiene la obligación de encarar los más
elevados principios éticos y políticos, en los que se incluye el profundo
respeto por las luchas revolucionarias emprendidas en el pasado y el justo
reconocimiento por las conquistas democráticas alcanzadas, no muestre la más
mínima voluntad por atender y resolver esta deuda histórica nacional, sobre
cuyos logros (evidentemente despreciados y hasta repudiados oficialmente) ahora
se encara el actual proceso de cambio.
Actos y decisiones orientados a la recuperación de la memoria histórica
sobre las luchas por la recuperación de la democracia y las libertades
ciudadanas, el establecimiento de la verdad sobre los hechos ocurridos y la
adopción de medidas que lleven a la desclasificación de archivos de las fuerzas
armadas, la búsqueda y entrega de cuerpos de insignes luchadores sociales
asesinados y desaparecidos, y el justo reconocimiento a todas las víctimas de
violencia política que constituyen obligaciones elementales de cualquier
gobierno que se reclame como democrático, parecen constituir simples majaderías
frente a la indolencia e insensibilidad gubernamental que, frente a lo que
ocurre en la Argentina o Chile respecto de la misma tarea de recuperación de la
memoria histórica (que enjuicia, condena y busca curar las heridas que quedaron
en sus sociedades como resultado de la misma violencia política ejercida por
similares regímenes dictatoriales de aquellas décadas), es en Bolivia una
suerte de irónica burla, por el desprecio que le merece al Gobierno del
Presidente Evo Morales.
A un año de instalada la vigilia de interpelación y reclamo justo, pero
a muchas décadas de haberse iniciado la lucha para contribuir a que los
bolivianos podamos enrumbarnos hacia una sociedad con respecto, justicia,
dignidad y reconocimiento que nos permita vivir a todos orgullosos de haber
resuelto nuestros problemas y haber saldado aquellas deudas sociales históricas
que suelen constituir un escollo que mantiene vivas aquellas heridas que han
provocado tanto dolor; quizás sea oportuno mencionar aquella certeza por la
cual sabemos que los pueblos y gobiernos que no tienen memoria, desconocen su
historia, o quieren ignorarla; corren el riesgo de repetirla, sobre todo
en aquello que corresponde a los errores y las omisiones que, en este caso,
implican reproducir y ejercer nuevamente aquella violencia política que quiso
ser desterrada por luchadores sociales que se comprometieron con su pueblo y por
la democracia, pero que hoy son tratados con desprecio e indolencia.
El gobierno no puede dejar pasar más tiempo y es hora de que reivindique
la lucha de sus mayores por la democracia y salde aquella deuda histórica
pendiente, salvo que esté dispuesto a ser juzgado por la historia.
El autor es sociólogo, boliviano. Cochabamba – Bolivia. Marzo 14 de
2013.
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