Una crisis profunda enfrenta el gobierno

Por: Antonio Peredo Leigue

Mientras el presidente Evo Morales, en dos actos difundidos por televisión, nacionalizaba la Transportadora de Electricidad (TDE), en manos de una empresa española, los trabajadores protagonizaban marchas de protesta por un tema irresuelto desde hace cuatro meses: el aumento salarial. La oferta inicial de elevar el salario mínimo a un cifra cercana a 900 bolivianos y resarcir el monto salarial en 7%, fue duramente rechazada por la Central Obrera Boliviana (COB) que, además, se negó a dialogar en una mesa en la que participaban los empresarios. La semana pasada, el gobierno mejoró la oferta: salario mínimo de 1.000 bolivianos (aproximadamente 143 dólares) y un monto de 8% para el aumento salarial distribuido en forma inversamente proporcional a lo que agregó diálogo sin la presencia de los empresarios.

Pero no es ese el único tema que está en las preocupaciones del presidente y sus ministros: la huelga de médicos que, por diversas razones, ha logrado el apoyo de trabajadores en salud, estudiantes de medicina e incluso la propia COB que ha hecho suyo el planteamiento de los galenos. Pese a los problemas que tiene la marcha indígena que partió de Trinidad el pasado fin de semana, rechazando la construcción de una carretera que atraviese el TIPNIS, por pequeña que sea, introduce variantes indeseables en la agenda gubernamental. La protesta de los maestros, sobre todo la Federación de La Paz, que rechaza el aumento salarial y se niega a implementar la nueva reforma educativa, se inscribe en la lista de conflictos. Los trabajadores en salud que, además de su apoyo a los médicos, tienen su propia demanda que es, como todos los años, lograr un aumento mayor que otros sectores, amplía la gama de problemas. No olvidemos que, en las dos gestiones pasadas, Fuerzas Armadas, Policía, maestros y trabajadores en salud, recibieron aumento mientras el resto de los funcionarios públicos apenas fue beneficiado con un bono de 1.000 bolivianos a fin de año. No se habla del estado de ánimo de este sector con salarios inmovilizados.

Más allá de esos temas sociales, rebullen conflictos regionales por problemas tan graves como las regalías del petróleo entre Tarija y Chuquisaca y otros tan pequeños, pero igualmente conflictivos, como la cosecha de quinua en el límite entre Oruro y Potosí. Todos estos líos se prolongan tanto como el reclamo de las víctimas de las dictaduras, mientras el gobierno parece que pretende vencer por cansancio a los demandantes. Circunstancialmente, un periódico publicó en páginas interiores, este 1 de mayo, una encuesta de la empresa Ipsos que le otorga hasta el 67% de apoyo rural al presidente Evo y un 38% en las ciudades, lo cual no es despreciable. Una conclusión inmediata podría ser que, la política del gobierno, es aumentar el apoyo en el campo, aunque fuese en desmedro de los sectores urbanos.

Pero el tema del Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro – Sécure (TIPNIS) trastoca esa primera impresión. Pese a lentitud de la marcha, ésta va venciendo el rechazo de los pobladores que apoyan la construcción de la carretera. Tal situación crea, de una u otra manera, distanciamiento entre pobladores del agro. Por tanto, no ayuda a una política de consolidar y ampliar el apoyo campesino. Algo está funcionando en sentido contrario.

Esta situación más bien muestra que, el gobierno, atraviesa una crisis de desarrollo que, como todas las crisis, tiene una salida positiva pero muchas salidas negativas. Las demandas sociales pueden multiplicarse hasta dejar al gobierno con la tarea exclusiva de apagar fuegos hasta que el incendio arrase con todo. Puede crearse un clima de falsa tranquilidad, en la que se difunda toda suerte de rumores. Peor aún, que los rumores provengan del mismo gobierno, donde las futuras elecciones se conviertan en terreno de permanente conflicto. Cada una de estas posibilidades y muchas otras son las salidas negativas. Una sola es la salida favorable: la rectificación del andar gubernamental y el retorno al proceso de cambio.

Para hacerlo, habría necesidad de dos tareas que deben darse, seguramente, al mismo tiempo: consolidación de los logros obtenidos en la primera etapa y avance programado en la creación del empleo digno. Esta es la forma de redistribuir la riqueza que, con los favorables precios internacionales de nuestros recursos, ha aumentado en gran proporción los ingresos nacionales. Empero, éstos siguen concentrándose en manos de la misma élite empresarial beneficiada por el neoliberalismo. La creación del empleo digno no se da en los espacios del Estado ni en los servicios; sólo puede darse en la producción. En otros términos: la agricultura, la ganadería, la industria, son los rubros en los que se crea el empleo permanente. Por supuesto, una agricultura que beneficie al campesino que ahora se empobrece porque regala su fuerza de trabajo, vendiendo su producto a precios bajos. O el caso de un ganadero que vende en 200 dólares un eral destinado al matadero. Lo mismo que la maquila que se practica en las zonas francas, donde el obrero es pagado con salarios miserables para cumplir con el beneficio de los empresarios transnacionales.

Soberanía alimentaria es el sustento de esta política. Entonces, seremos dueños de las exportaciones y podremos darle valor agregado. ¿Por qué? Porque nuestra estructura económica actual sigue siendo la misma de la colonia: consumimos lo que se produce en la metrópolis y pagamos con nuestros recursos no industrializados. Hasta hace doscientos años, ese esquema lo determinaba una Ordenanza Real, hoy lo determina la realidad que crearon las clases dominantes del país.

En cambio, estamos amenazados por la incursión cada vez más evidente del narcotráfico internacional que, aunque aún no se ha instalado institucionalmente y no es determinante en la economía, es un peligro inminente. No sería extraño que una parte de la conflictividad que vivimos se apoye en el narcotráfico. Por el momento no hay pruebas que sostengan ese extremo.

Atravesamos una crisis que podríamos calificar como la más grave en la historia de este gobierno. Es muy fácil decir que concluyó el proceso de cambio o, más bien, que se acabó la ilusión de avanzar en ese proceso. De ese modo, nos desligamos de toda responsabilidad, aunque más no sea la de haber votado a favor del mismo, asumiendo una posición crítica que puede satisfacernos, pero no contribuye a ninguna solución. El proceso de cambio tiene posibilidades de salir de esta crisis y fortalecerse. Para ello, cada uno de nosotros debe ser responsable, sentir que tiene un papel que cumplir. La organización, la formación de una estructura política orientadora, la toma de decisiones creando instituciones del Estado Plurinacional es la ardua tarea que está por delante. Pero nadie dijo que este proceso transitaba una carretera asfaltada.

La Paz, 2 de mayo de 2012