EN DEFENSA DEL HONOR Y LA DIGNIDAD DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA

Por: Arturo D. Villanueva Imaña (*)

Seguramente no existe mayor vejación, humillación y dolor que aquellas que surgen como consecuencia de sufrir un acto de injusticia, nada menos que a través de un órgano como el Ministerio de Justicia y el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, que encaran un proceso de transformación democrático cultural (qué gran ironía!).

Esta situación se produce contra miles de ciudadanos y ciudadanas, víctimas de violencia política ejercida por regímenes dictatoriales y antidemocráticos, que durante algo más de 3 décadas y como cimiente del proceso que hoy vivimos, tuvimos el atrevimiento de pensar diferente y encarar una larga lucha por la restitución de la democracia y la defensa de los más elementales derechos para todos los bolivianos, que habían sido conculcados y pretendieron ser sometidos y fracturados con la utilización del garrote, la represión sañuda y el uso de la violencia física y sicológica sobre nuestros cuerpos.

Hoy, no solo desoyendo, sino haciendo caso omiso y burlándose de la legítima y justa demanda de las víctimas de violencia política que llevan varias semanas de vigilia a las puertas del Ministerio de Justicia, buscando reunirse y ser escuchados para corregir y enmendar las graves irregularidades y el franco incumplimiento de deberes y normas que han sido cometidos por las autoridades y funcionarios del Ministerio de Justica, y cuyo tiempo se suma a los más de 5 años que le ha tomado a este gobierno hacer conocer una decisión que debía haber sido realizada hace varios años para dar cumplimiento de la Ley 2640 y los decretos respectivos; el gobierno decide hacernos sujetos y víctimas de un nuevo acto de violencia política y conculcación de derechos.

No otra cosa puede afirmarse cuando, nada menos que el 1 de Mayo, fecha en la que se conmemora mundialmente un nuevo año de las luchas obreras que permitieron alcanzar reivindicaciones sociales largamente buscadas; el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, decide emitir el decreto supremo 1211 cuyo contenido (unido a la ley 238 previamente aprobada) burla y distorsiona su responsabilidad y obligación de dar cumplimiento a lo establecido por la ley 2640 que comprometía la fe del Estado para resarcir los graves daños provocados por violencia política ejercida en décadas pasadas por gobiernos antidemocráticos.

Cual si se tratase de una dádiva o acto discrecional graciosamente otorgado contra su voluntad, cuando en realidad debería representar la recuperación de la memoria histórica y la decisión política de no volver a cometer actos de lesa humanidad; el gobierno decide efectuar un artero y vil ejercicio de una nueva forma de violencia política que se ejerce nada menos contra quienes ya sufrimos la tortura, la violencia física, el maltrato sicológico y la pérdida de las más elementales libertades ciudadanas.

Aquel castigo físico y la violencia represiva ejercida entonces, no se compara y viene a representar una insignificancia frente a la humillación y el ataque frontal contra la dignidad y el honor que significan las medidas aprobadas por el gobierno del Presidente Evo Morales, quien debe saber que se ejerce violencia política del Estado, cuando hay incumplimiento de deberes y retardación en el acatamiento de las normas, cuando hay negligencia funcionaria, cuando hay tráfico de influencias, cuando se permite o socapa la impunidad reinante sobre todos aquellos responsables de la desaparición y muerte de ciudadanos y luchadores sociales como Marcelo Quiroga Santa Cruz, cuando se permite e incentiva el olvido y hasta el desprecio por la memoria histórica y la recuperación de los valores emergentes de las luchas y los luchadores que de manera totalmente desinteresada se comprometieron con su sociedad para transformarla, en fin, cuando de manera totalmente incompresible se decide volver a victimizar a luchadores sociales, nada menos que mellando su dignidad y su honor…

Por esta razón, en la misma forma pública como se ha decidido hacer escarnio de nuestra dignidad y honor de ciudadanos bolivianos y luchadores sociales, al emitir normas que nos convierten inexplicablemente (pero de una forma por demás arbitraria y brutal) en unos seres mentirosos, farsantes, impostores y falsos; porque independientemente de las heridas físicas recibidas y otras violaciones que materialmente es imposible “verificar” como exigen y reclaman los funcionarios del Ministerio de Justica, o independientemente de documentos, testimonios, libros e informes internacionales como el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que no han servido para nada, o sencillamente por la privación de la libertad, el confinamiento y el exilio que no han tenido ningún tipo de certificado para presentar como otras pruebas requeridas; es que exijo públicamente se me someta al juicio y la condena que corresponden a todo aquel ciudadano boliviano que ha cometido semejantes irregularidades y delitos, a los que debe sumarse la supuesta presentación de declaraciones juradas falsas, uso de instrumentos falsificados y presentación de documentación fraudulenta, según se puede colegir de la decisión y criterio gubernamental utilizado para aprobar las normas complementarias para el resarcimiento de las víctimas de violencia política, aprobadas el 1 de mayo del presente año.

Que se haga justicia y que el gobierno tenga el valor y las agallas para terminar lo que los gobiernos dictatoriales y antidemocráticos no pudieron. Quedo pendiente y a la espera de sus medidas que restituirán a su verdadero lugar el honor y la dignidad de este ciudadano de a pie.

(*) Sociólogo, boliviano. Miembro de la Plataforma de Luchadores Sociales Víctimas de Violencia Política. Cochabamba, Bolivia. Mayo 3 de 2012.