Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás...
“Una de las cosas que critico es el cortoplacismo del Gobierno”
Wara Vargas/Página Siete
Rada cree necesario que el Gobierno retome el análisis estratégico y eluda las medidas de corto plazo.
Página Siete / La Paz - 21/04/2012
Página Siete.- ¿La IX marcha indígena en defensa del TIPNIS podría convertirse en un hito? ¿Provocará tensiones en el país o no tendrá la fuerza que sus organizadores presumen?
El caso TIPNIS deviene de un escenario mayor. Hace unos días, por ejemplo, la Fundación UNIR presentó datos sobre la enorme conflictividad en el país, que se incrementó notablemente. Pero son estadísticas que pueden ser engañosas y pensar, por ejemplo, que el año 2011 fue el más crítico para el Gobierno por el número de conflictos, no es tan cierto. Creo que el mes de septiembre de 2008 fue el peor momento para la gestión por la convulsión existente en cuatro departamentos, con una fuerte amenaza a la gobernabilidad y la misma estabilidad democrática del país.
Ahora, ¿cuál es el motivo de la conflictividad actual? No estamos con problemas de crisis económica como en el periodo de la UDP en los años 80, cuando hubo un alto índice de conflictividad. No hay hiperinflación ni un recorte de los derechos laborales. Estamos, más bien, en un escenario de conflictividad por tensiones redistributivas, no por escasez. Esas tensiones redistributivas hacen que cada sector quiera una mayor participación en acceso a servicios, bienes, factores productivos e ingresos.
La marcha de los indígenas del TIPNIS va a partir del estado en el que terminó la VIII marcha: comenzó como indígena y terminó como una marcha nacional. La IX partirá como una marcha nacional y por ello varios sectores han anunciado que se sumarán, seguramente con sus propias demandas.
Ahora, esta marcha, en un ambiente de conflictividad general, claro que puede generar problemas. Y la respuesta gubernamental no debe ser sólo preventiva, sino resolutiva. El Gobierno está haciendo esfuerzos para ello, aplicando un derecho democrático como es el de la consulta. Pero el bien mayor debe ser garantizar los derechos de la Madre Tierra.
Página Siete.- Entonces, para defender a la Madre Tierra, ¿el resultado de la consulta debería decirle “no” a la carretera?
No, no sé en qué debería terminar, creo que eso lo definirán los pueblos del TIPNIS. Habrá que buscar un equilibrio entre lo que es la atención de las necesidades socioeconómicas de la población y el respeto a las áreas naturales que allá tenemos. Ésa va a ser la solución de fondo.
Página Siete.- Usted menciona que el proceso de consulta previa puede ser parte de una acción resolutiva, pero no hay total consenso para ella; por ejemplo, no se la considera “previa”. ¿No será que una suspensión de la consulta, y paralelamente de la marcha, sea el mecanismo para encontrar una solución de consenso?
La consulta es un derecho democrático y ése es un problema para los impulsores de la IX marcha, pues se estarían oponiendo a la aplicación de un derecho constitucional.
Además hoy las condiciones se han modificado en relación a lo que ocurría en septiembre y octubre de 2011. El Gobierno ha actuado positivamente y entonces la consulta es pertinente, salvando todos los errores cometidos.
Página Siete.- No concuerdo con la idea de que los problemas son por tensiones de redistribución. ¿No cree usted más bien que muchos de los conflictos se deben a compromisos incumplidos por el Gobierno?
Cuando la COB anuncia una lucha por un incremento salarial y plantea un irracional salario básico de 8.300 bolivianos, parece la reproducción de lo que se vivió en tiempos de la UDP, que sólo fue un pretexto para llevar contra las cuerdas al Gobierno de Hernán Siles Zuazo.
Ahora bien, cuando se siente que hay una especie de pérdida de control debido a la conflictividad, los conflictos se multiplican en todos los sectores y, en muchos casos, con demandas descabelladas.
Página Siete.- ¿La radicalidad de las medidas de algunos sectores es parte de ese descontrol que usted menciona?
Sí, definitivamente. Para las dirigencias sindicales siempre hay un cálculo y si ven que la acumulación de conflictos debilita al Gobierno, los conflictos se acentúan.
Pero hay algo que llama la atención, los sindicatos no están para defender privilegios sino para luchar por derechos, y el caso del conflicto médico incurre en ello al intentar mantener su jornada laboral que no es racional y que no puede continuar. Sin embargo, esto no quita que el tema de las ocho horas debería estar en el marco de una reforma mayor, como parte de una política pública de salud.
Página Siete.- Entonces, ¿no cree usted que el Gobierno está adoptando algunas medidas sin un análisis previo suficiente?
Una de las cosas que critico es el cortoplacismo, dejando claro que esto no me sitúa en la oposición. Hace falta retomar el análisis estratégico porque hay una tendencia de corto plazo en las orientaciones del Gobierno.
Ahora bien, todas las medidas que se toman están en el marco de las transformaciones sociales y económicas que se aprobaron en el Plan Nacional de Desarrollo de 2006. Pero hay debilitamiento ante medidas que se toman mirando el corto plazo y que no están enmarcadas en las grandes reformas, como en el caso de salud, por ejemplo. Y este déficit en la gestión de Gobierno hay que superarlo rápidamente a través de una planificación redistributiva, de justicia redistributiva.
Página Siete.- Sobre el descontrol de la conflictividad, ¿cómo se explica que este Gobierno pierda este control si tiene una masiva presencia en la Asamblea Legislativa y todavía importante respaldo popular?
No depende de un solo factor sino de varios; se cometieron errores que fueron públicamente asumidos por el Gobierno que han generado un desgaste. También hay sectores sociales que han dejado de respaldar las políticas del Gobierno.
Página Siete.- Deseo cambiar de tema. ¿Cuál es su opinión sobre diversos casos que la justicia no resuelve (Chaparina, Caranavi, Yapacaní, etc.), dejando una sensación de impunidad?
En los últimos años ha existido una polarización política que alcanzó a la justicia. Y no creo que sea justo mencionar que sólo se producen presiones desde el Gobierno; ¿acaso no ha habido presiones de poderes regionales, de los factores políticos locales ante fiscalías de distrito y otras instancias? En septiembre de 2008, en el peor momento político del Gobierno, en medio del conflicto, también los operadores de justicia estaban de rehenes de los poderes regionales.
Página Siete.- Sí, pero dos males no hacen un bien. Si antes hubo una fuerte influencia regional sobre los operadores de justicia, no quiere decir que justifiquemos que ello siga. ¿Qué opina?
Estamos en un momento de transición de la justicia. Hemos tenido elección de los máximos tribunales de justicia y eso tiene que influir en los niveles departamentales y locales, que después esperamos nos permita superar estos problemas.
Página Siete.- El Gobierno ha apartado a la Policía de la emisión de licencias de conducir y cédulas de identidad, también se ha conformado una comisión para el ingreso a la carrera policial que no funciona. Son acciones positivas, pero en el caso reciente del ingreso irregular de 54 cadetes, la corrupción parece seguir. Usted fue ministro de Gobierno. ¿Cuán grande es la corrupción policial?
Se han tomado medidas realmente importantes que permitirán mejorar el perfil de la Policía. Y debe continuarse con esta reforma. Sobre los últimos acontecimientos (caso de los 54 cadetes), creo que deben esperarse los resultados de la investigación, sobre todo por el fuego cruzado que hay en esa institución y que es una constante, sobre todo en el periodo de ascensos. No me extrañaría que en medio de todo este problema esté presente el tema de ascensos.
Urge modificar las leyes sectoriales para
mejorar los ingresos, según Alfredo Rada
Los conflictos
sociales que hoy acosan al Gobierno son producto de una demanda por una mejor
redistribución de la riqueza, según opinión del ex ministro de Gobierno Alfredo
Rada; por ello, “hay que dar respuesta a la pregunta de dónde vamos a sacar
esos recursos económicos”, dijo.
La ex autoridad observó cómo los sectores de la banca y la minería obtienen “recursos extraordinarios” por lo que deben aportar más al país; “y ésa es la respuesta de fondo al problema de conflictividad originada en tensiones redistributivas”, sostuvo.
Entre las cifras citadas por Rada recordó que la banca en 2011 declaró 212 millones de dólares de utilidades. También el mismo año, la “minería transnacional” exportó 3.640 millones de dólares, dejando para el Estado en impuestos y regalías apenas de 625 millones (17%). Al respecto, Rada sostuvo: “Creo que ambos sectores están en condiciones de aportar al país. Esto no puede seguir así, se debe modificar la ley en estos dos campos, minería transnacional y banca”.
El ex ministro de Gobierno hizo un somero repaso de los conflictos y señaló que en todos los casos las demandas apuntan a tensiones redistributivas.
“Además del TIPNIS hay otros dos escenarios de conflictividad que necesariamente hay que tomar en cuenta: los sectores sindicalizados que se han rearticulado alrededor de la Central Obrera Boliviana, con una punta de lanza que son los médicos y trabajadores en salud, por una parte, y por la otra, los conflictos interregionales, como Potosí y Oruro; me parece que los esfuerzos por resolver este conflicto ocasionado por la disputa por la renta de la quinua no están prosperando.
También el conflicto entre Tarija y Chuquisaca por el campo Margarita puede generar tensiones”, dijo.
“Con la firma del acuerdo con el magisterio urbano para una nivelación paulatina de los niveles salariales con el sector rural, se va a requerir recursos. En educación también el Gobierno comprometió ítems, que también requieren recursos económicos. Entonces hay que dar respuesta de dónde vamos a sacar esos recursos económicos. Y allí está el tema del necesario aumento de los ingresos fiscales”, concluyó.
La ex autoridad observó cómo los sectores de la banca y la minería obtienen “recursos extraordinarios” por lo que deben aportar más al país; “y ésa es la respuesta de fondo al problema de conflictividad originada en tensiones redistributivas”, sostuvo.
Entre las cifras citadas por Rada recordó que la banca en 2011 declaró 212 millones de dólares de utilidades. También el mismo año, la “minería transnacional” exportó 3.640 millones de dólares, dejando para el Estado en impuestos y regalías apenas de 625 millones (17%). Al respecto, Rada sostuvo: “Creo que ambos sectores están en condiciones de aportar al país. Esto no puede seguir así, se debe modificar la ley en estos dos campos, minería transnacional y banca”.
El ex ministro de Gobierno hizo un somero repaso de los conflictos y señaló que en todos los casos las demandas apuntan a tensiones redistributivas.
“Además del TIPNIS hay otros dos escenarios de conflictividad que necesariamente hay que tomar en cuenta: los sectores sindicalizados que se han rearticulado alrededor de la Central Obrera Boliviana, con una punta de lanza que son los médicos y trabajadores en salud, por una parte, y por la otra, los conflictos interregionales, como Potosí y Oruro; me parece que los esfuerzos por resolver este conflicto ocasionado por la disputa por la renta de la quinua no están prosperando.
También el conflicto entre Tarija y Chuquisaca por el campo Margarita puede generar tensiones”, dijo.
“Con la firma del acuerdo con el magisterio urbano para una nivelación paulatina de los niveles salariales con el sector rural, se va a requerir recursos. En educación también el Gobierno comprometió ítems, que también requieren recursos económicos. Entonces hay que dar respuesta de dónde vamos a sacar esos recursos económicos. Y allí está el tema del necesario aumento de los ingresos fiscales”, concluyó.
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