El conflicto en Bolivia

Por: Raúl Prada Alcoreza

Después de la movilización prolongada que dura seis años de lucha (2000-2006), se dan dos gestiones de gobierno (2006-2008, 2009-2012); entre ambos periodos podemos observar contradicciones y dualismo. El periodo de las luchas es creativo e intenso, debido al despliegue de la potencia social; el periodo de las gestiones es, al contrario, poco creativo y escasamente ingenioso, debido a que la actividad se relega al ejecutivo, deteniéndose la movilización de las organizaciones sociales involucradas en el proceso. Entre las dos gestiones, una es más conservadora que la otra o, incluso, podríamos decir que una gestión se opone a la otra. La primera gestión cumple parcialmente la Agenda de Octubre, impuesta por la guerra del gas (octubre de 2003), la segunda gestión se opone a la Agenda de Octubre y a la Constitución aprobada. La opción que se toma es claramente por la continuidad expansiva del modelo extractivista, siguiendo las consecuencias de una política monetarista, obsesionada por el equilibrio macroeconómico, trayendo como consecuencia compromisos con las empresas trasnacionales y el capital financiero, además de establecer alianzas con las burguesías y los nuevos ricos. El gasolinazo (diciembre de 2010) y el conflicto del TIPNIS (2011-2012) muestran el desplazamiento del gobierno hacia una política anti-popular y anti-indígena, contraviniendo a la misma Constitución. La crisis y la deriva del proceso son evidentes e ineludibles.

Los problemas inherentes a la crisis del proceso se pueden resumir en el perfil y la composición del conflicto. Al respecto podemos decir que los conflictos mayores tienen que ver primero, con el enfrentamiento del gobierno con las naciones y pueblos indígenas originarios, centrados en la defensa de la madre tierra en el TIPNIS; segundo con el costo social de la política monetarista y de equilibrio macro-económico, descuidando la inversión productiva. Como consecuencias de esta política conservadora se tiene un estancamiento del proceso de nacionalización, incluso podríamos decir que se habría entrado a la regresión de la desnacionalización en el mismo proceso; también se vive la gravitación del estancamiento en la economía rentista, que funciona apropiándose de los ingresos devenidos de la exportación de recursos naturales y destinados al gasto, no a la inversión productiva. Se está entonces lejos de políticas que apuntan a la industrialización de las materias primas, así como al cambio de modelo económico, buscando el modelo productivo. No hay inversión productiva, tampoco una inversión en la formación de recursos humanos, en la masa crítica de científicos, que podrían sostener un proyecto industrial. Por lo tanto estamos mucho más lejos de una discusión efectiva de cómo se aborda una industrialización ecológica. Estas reminiscencias sólo se podrían explicar por imaginarios de antiguos deseo de discusiones olvidadas o por recursos retóricos de justificaciones imposibles.

La política monetarista también lleva a otros problemas. La inversión en la estructura y logística de salud ha quedado detenida en las transformaciones y construcciones del periodo de la revolución nacional (1952-1964), se puede decir incluso que se hicieron algunas inversiones con apoyo internacional en la infraestructura de salud hace medio siglo. Estos problemas se agudizan en la medida que crece la población, sobre todo la población que requiere atención médica. Estos problemas no se pueden resolver ampliando el horario de trabajo de los médicos de seis a ocho horas. Esta medida no es más que demagógica y oculta los problemas de fondo de la salud; muestra además los límites estrechos de la política coyuntural de los bonos. El conflicto con los médicos ha develado las profundas debilidades del sistema de salud, además de una mentalidad de funcionarios que comprende a la labor médica y de salud como parte de las tareas burocráticas del empleado público. Estos empleados públicos no gozan de los beneficios de la ley del trabajo.

La falta de inversión productiva, la falta en la inversión de la estructura y logística de la calidad de vida, por lo tanto el ahorro monetarista, inciden también en las condiciones salariales de los trabajadores. Bolivia tiene el perfil de los salarios más bajos del continente; la necesidad de mantener el poder adquisitivo de los salarios es una demanda básica y elemental de los trabajadores. El gobierno no puede responder ante esta demanda, en periodos de paulatina sostenida inflación, recurriendo a índices de precios al consumidor de estructuras de la canasta familiar no realistas, que esconden la verdadera inflación en los precios de la alimentación y la vestimenta. El conflicto de la COB se ha venido agudizando en los últimos años, ante una doble demanda de los trabajadores; por un lado nivelación de los salarios, por otro lado el interés de los obreros y trabajadores en un modelo productivo. Las respuestas del gobierno han sido evasivas y centradas en argumentos monetaristas. Sin embargo, el gobierno tiene como espejo propagandístico el incremento de las reservas internacionales.

Otro conflicto periódico, anual, es el tenido constantemente con los maestros. Esto tiene que ver con por lo menos cuatro aspectos; el tema salarial y de sueldos, el tema de la jerarquización e institucionalización, también el tema de la infraestructura y logística educativa y el complicado tema de la transformación educativa. Comenzando por lo último, el conflicto con los maestros debido a la reforma educativa, desde el periodo de las reformas neoliberales, y debido a la revolución educativa, desde el desarrollo y promulgación de la Ley de Educación Avelino Siñani-Elizardo Pérez, en el gobierno de Evo Morales Ayma, viene arrastrándose desde hace años. ¿Por qué no se ha incorporado a los maestros a este proceso, abriendo espacios de discusión, pero sobre todo de participación? ¿Por qué esta discusión entre el magisterio y el gobierno parece un diálogo entre sordos y mudos? ¿Por qué se invita a muchas organizaciones sociales a debatir la ley, se las escucha, se anota, pero no se incorpora nada de lo que proponen, pues ya se tenía una ley preparada por el ejecutivo, que incluso amortigua la concepción descolonizadora? ¿Cómo se puede hacer una revolución educativa sin la participación de los profesores? Dejemos estas preguntas pendientes. Lo que se constata, como en otros casos y en otras leyes, es la falta de participación y la falta de voluntad del gobierno y la Asamblea Legislativa por abrir espacios de participación en la construcción colectiva de la ley, como establece la Constitución.

Por otra parte, en la coyuntura, han vuelto a aparecer múltiples conflictos regionales y locales, vinculados a demandas de departamentos, provincias, municipios y poblaciones limítrofes. También hay que anotar las demandas por la distribución de regalías hidrocarburíferas; este es el caso del conflicto entre Tarija y Chuquisaca por el campo Margarita. Estos conflictos son como síntomas del atraso de la descentralización administrativa y política y de las autonomías. La concepción centralista preponderante en el gobierno, en el Estado y en la Ley Marco de Autonomías, ocasiona la repetición de los problemas debidos a la pesadez de un Estado centralista y de un sistema financiero del país también centralizado. No se quisieron sacar las consecuencias del entramado de las competencias autonómicas, tampoco de las trasformaciones estructurales que exige la Constitución en lo que respecta a la condición autonómica del Estado. No se asume las potestades legislativa y de gobierno de las autonomías. Por lo tanto estos conflictos regionales y locales son recurrentes y derivados de los problemas que acarrea el centralismo.

Como se puede ver, el conflicto en Bolivia es consecuencia de profundas contradicciones inherentes a las paradojas del proceso. Estas contradicciones no solo muestran dilemas existenciales y políticos, sino también devela las tendencias políticas de las fuerzas involucradas, la encrucijada en la que se encuentra el proceso mismo. No se puede soslayar la crisis del proceso y el dramatismo de la coyuntura minimizando las contradicciones. Esta retórica política de la minimización de los problemas ya muestra la desconexión de los gobernantes respecto de la realidad. Asombran no solo los argumentos que se emplean, que tratan de expresar un desesperado optimismo, cuando los conflictos tienden a extenderse e incrementar su intensidad; también asombran en lo que respecta a la tarea primordial política, tarea que tiene que ver con la aplicación de la Constitución, con las transformaciones estructurales e institucionales necesarias en la construcción del Estado plurinacional, comunitario y autonómico.

Los gobernantes creen que ya estamos en el Estado plurinacional sencillamente porque ya se ha aprobado la Constitución y se han cambiado los símbolos y los nombres. Aparentemente no se dan cuenta que este sólo es el barniz, mientras no se efectúen las transformaciones institucionales y estructurales, en el sentido del pluralismo institucional que requiere el Estado plurinacional. Esta confusión no hace otra cosa que expresar que nunca tuvieron una concepción del Estado plurinacional, siempre creyeron que era el mismo Estado-nación con aditivos alegóricos a la plurinacionalidad. La colonialidad continúa y está cristalizada en el gobierno.