Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás...
Por: Roger Carvajal Saravia
La
realización de la Cumbre agropecuaria en la que participaron exclusivamente los
productores, empresarios y el Gobierno, sin tomar en cuenta a diversos actores
vinculados al tema -particularmente el sector académico, el de los consumidores
y el de los productores orgánicos-, ha dejado en la población y en particular
en los actores no convocados la sensación de que este evento, además de ser
insuficiente en el tratamiento de su propia y estrecha agenda (marcada
principalmente por los intereses de los empresarios agroindustriales), careció
de los elementos mayores en la construcción de políticas sostenibles en el
tiempo: la integralidad y la incorporación de conocimiento científico técnico
en las propuestas y en el tratamiento de los temas.
Lo
anterior obliga a repasar algunos puntos críticos que el Gobierno debiera tomar
en cuenta por la emergencia de su tratamiento, toda vez que los mismos sólo
fueron tratados sesgada y parcialmente en el evento de referencia. Estos
aspectos no se incluyen habitualmente entre los temas ya conocidos de discusión
con los productores, que, en general, giran en torno a sus intereses (créditos,
propiedad del suelo, seguro agrícola, semillas, riego, seguridad jurídica,
etc.). Los puntos aquí tratados (que no son todos los atingentes) tienen que
ver más bien con los intereses del resto de la población, sus derechos y
necesidades, así como con los de la nación y las regiones en su conjunto, y se
nutren del conocimiento científico-técnico que existe y que rara vez (menos en
este tipo de eventos) se aprovecha. Veamos.
Desertificación/Degradación/Fertilización
Más del
43% del territorio boliviano se encuentra en vías de desertificación debido a
diversos factores entre los que se incluyen los físicos/ambientales y, en el
caso de tierras agrícolas, el mal manejo de los suelos causado por la
mecanización de cultivos no aptos para estos procedimientos (como la quinua),
el sobre-pastoreo, la contaminación minera y la siembra en suelos con vocación
no agrícola, entre otros. Existen múltiples posibilidades de mitigación para
cada caso, las cuales rara vez se ejecutan, pero la que se requiere es la
fertilización de los suelos agrícolas o de potencial agropecuario.
Desafortunadamente, los fertilizantes comerciales producidos por unas pocas transnacionales
son introducidos en el país a un alto costo por comercializadores que
aprovechan los requerimientos y urgencias de los productores. Esto explica, en
parte, por qué el mercado está invadido con productos peruanos, chilenos y
argentinos: a sus productores, los fertilizantes les cuesta casi 50% menos. En
Bolivia existen todos los insumos para fabricarlos, pero, paradójicamente, se
los quiere exportar como materia prima para que se nos devuelvan mezclados. El
potasio (KCl) es abundante en el Salar de Uyuni, el nitrógeno (úrea) se
producirá en Bulo-Bulo y el fósforo existe en los valles cochabambinos como
roca fosfórica.
Su
preparación no es de alta complejidad, por lo que si existieran políticas de
base científica se esperaría la instalación de una fábrica nacional de
fertilizantes que incluyan los bioabonos (derivados de la lombricultura, el
estiércol y otros) y agentes que combaten la degradación de suelos (tricoderma,
mycorrizas y otros que son también útiles en la producción orgánica por su papel
en la fijación de nitrógeno y otros beneficios). Tal industria sería realmente
estratégica y debiera estar a cargo del Gobierno (a diferencia de las de papel,
cartón, zapatos y otros), además tendría que ser parte de una estrategia
boliviana de fertilización/re-fertilización de suelos, que incluya el riego en
zonas áridas.
Este
proceso deberá ser necesariamente llevado a cabo sobre la base de conocimientos
hidrológicos sólidos (régimen de lluvia, cursos profundos, depósitos freáticos
mediante hidrología isotópica, etc.) y tecnología para pequeñas represas, que
prevengan la pérdida de agua mediante la impermeabilización en las quebradas
próximas a las decenas de valles interandinos que están en vías de
desertificación, las cuales bien podrían estar destinadas al cultivo de trigo,
maíz y tubérculos, todos dirigidos a la soberanía alimentaria total.
Aprovechamiento de la biodiversidad
Según
diversas fuentes internacionales, Bolivia deforesta cada año más de 300 mil
hectáreas, lo que la ubica entre los seis países con mayor tasa de
deforestación (aunque la propaganda dice lo contrario). Siendo uno de los 10
países mega-biodiversos y con importante presencia -aún- de conocimiento sobre
el uso y manejo de los beneficios que nos brinda tal riqueza genética, debe pensarse
que, en términos de desarrollo, es imprescindible aprovechar tanto la
biodiversidad silvestre como la agro-biodiversidad, en función de recibir no
sólo sus servicios (agua, oxígeno, reciclaje de nitrógeno, etc.), sino los
bienes que, sobre la base de un conocimiento tecnológico, pueden ser
colectados-domesticados-producidos.
Entre
estos productos, tanto de origen vegetal, animal como microbiano, destacan los
alimentos, resinas, fibras, frutos exóticos, medicamentos, colorantes,
bio-polímeros, etc., que por ser novedosos para el mercado (innovación) tienen
importantes posibilidades para un real desarrollo productivo. Entre los rubros
que no deben descuidarse está el de los camélidos, los granos en los Andes y la
piscicultura en la Amazonia, particularmente la que pueda desarrollarse en las
ancestrales estructuras hidráulicas de Moxos. En este orden, todo lo anterior
contribuiría a favorecer a los pequeños productores y a diversificar la
producción agrícola, y también la pequeña industria a través del procesamiento
de estos recursos.
Ampliación de la frontera agrícola
En
general, los requerimientos en este rubro han estado orientados a la necesidad
de dotar de más suelos que faciliten la siembra de oleaginosas para la
exportación (soya, girasol, etc.). Desafortunadamente, la pretensión de los
agroindustriales cruceños es atentatoria para la riqueza biológica del país,
por la ampliación de la frontera agrícola a expensas de la tala de bosques.
Estos agentes productivos no consideran el papel de dichos recursos bióticos en
el aprovechamiento de la biodiversidad, en la mitigación de los efectos del
cambio climático (control de inundaciones por el efecto de retención hídrica
por su biomasa sumergida en los suelos, y también regulación del flujo hídrico
mediante la condensación de agua ambiental, etc.) y en otros beneficios que se
estarían afectando. Está claro que este rubro no es de interés de los
agroindustriales, pero sí del resto del país que, según la Constitución, tiene
sus representantes en el Gobierno.
En este
marco, queda claro que generar políticas sólo en respuesta a los problemas de
la producción y de los ingresos de los agroindustriales (que en gran parte son
extranjeros) no sería una estrategia nacionalista y menos socialista; sólo
sería una expresión más del desarrollismo a ultranza que ha emergido en tiempos
recientes, tendencia que no vela precisamente por el ecosistema. Como
alternativa, sería importante que la política de ampliación de la frontera
agrícola se oriente más bien hacia zonas en las que no se tenga que practicar
deforestación, pero que tengan gran potencial agrícola.
Desafortunadamente
para los agroindustriales, estas zonas requieren inversión para hacerla
productiva. Así, la región del Chaco tiene 5,4 millones de hectáreas aptas para
el cultivo, siempre que se instalen sistemas de riego. El agua se encuentra en
abundancia en los depósitos subterráneos que son acopiados por el río Parapetí
-que se insume en el Izozog-. Sacar estos recursos hídricos requiere energía
que bien pudiera ser la eólica (aerobombas), ya que precisamente es esa zona la
de mayor viento en Sudamérica.
El agua
recuperada, en lugar de que sólo vaya a alimentar el acuífero del Chaco
paraguayo, sería distribuida por sistemas hidráulicos cuyos diseños ya son bien
conocidos (goteo y otros). Existiendo todos los elementos, incluyendo los
fertilizantes citados antes, para este tipo de propósitos, la región del Chaco
bien podría constituirse en un amplio territorio de expansión agrícola para la
producción de bienes cuyo desarrollo tiene base tecnológica generada en
entidades científicas de Santa Cruz: la soya convencional libre de
lipo-oxigenasa y apta para el consumo humano (desarrollada en Anapo), el
algodón de fibra semi-larga (desarrollada en el CIAT) tan requerida por la
industria textil, el trigo de espiga larga resistente a la roya (desarrollado
en El Vallecito de la UAGRM), los pastos adaptados a la región para la cría del
ganado más apetecido por la industria cárnica, las variedades de maíz
(desarrolladas por el INIAF) y otros.
Biotecnología
Bajo este
título se consigna la incorporación de transgénicos a gran escala, incluyendo
al maíz, algodón y otros en la producción agropecuaria de Bolivia. Este
procedimiento, efectivamente, baja los costos de producción a expensas de la
disminución de mano de obra, pues ya no se requieren trabajadores para hacer el
deshierbado; este se realiza mediante un herbicida altamente tóxico llamado
Glifosato, al cual son sensibles todas las plantas, excepto las transgénicas.
Este agente, cuyo efecto cancerígeno ha sido demostrado en muchos estudios y
recientemente denunciado por la OMS, además de afectar a la población local y a
los trabajadores agrícolas, queda en el alimento a consumir, provocando
importante afectación de la salud de la población dadas las proteínas extrañas
que entran como parte de la modificación genética -efectos alergénicos,
autoinmunes, hepato y nefrotóxicos-. La afectación del suelo y agua, dañando la
flora que fertiliza el suelo y a los otros elementos de la biodiversidad
colindante, es especialmente grave cuando las especies afectadas son los
batracios y peces de cursos de agua, pantanos y curichales, ya que son los
controladores naturales de las larvas de los artrópodos que en su ausencia
proliferan sin restricción, operando como vectores de enfermedades tales como
el dengue, la fiebre amarilla, la malaria y otras.
Un hecho
trascendental es que los productores, a partir de que siembran transgénicos, ya
no pueden dejar de comprar las semillas a Monsanto o a sus distribuidores, ya
que está prohibida la posibilidad de obtener semillas de la cosecha lograda,
bajo pena de juicio y cárcel. Asimismo, la posibilidad de que a través de la
difusión del polen (cientos de kilómetros), tal como fue demostrado en México,
se contaminen otras variedades no transgénicas es una consecuencia
particularmente grave, ya que los cultivadores de las cientos de variedades de
maíz convencional se verían afectados por aspectos legales con Monsanto. De
otro lado, la erosión genética que ocurre como consecuencia de la pérdida de
mercado de las variedades convencionales, ya que la variedad transgénica por
costos y producción masiva coparía el mercado, es un hecho a ser tomado en
cuenta si el Gobierno y sus instituciones especializadas cumplen su misión de
velar por el patrimonio genético del país y por la soberanía tecnológica y
alimentaria.
Por lo
demás, es necesario aclarar que los transgénicos autorizados (la soya) no son
fuente común de alimentación humana (afortunadamente, hasta donde se sabe, la
leche del desayuno escolar está hecho con soya convencional); la gran mayoría
se vende al exterior para alimento de animales, por lo que no puede decirse que
este producto interviene estrictamente en la seguridad alimentaria de Bolivia.
Aunque los bolivianos, sin saberlo, consumimos transgénicos y glifosato a
través de la cadena formada por los alimentos para cerdos y pollos.
Sobre
esta base, los mercados europeos se van cerrando para estos productos bajo el
principio de precaución tomado por sus gobiernos. Lo anterior señala que la
siembra de productos convencionales, y preferentemente orgánicos, sería la
salida tanto para la alimentación humana local (seguridad y soberanía
alimentaria) como para mejorar la perspectiva comercial de la producción agrícola
boliviana.
En fin,
todo conduce a pensar que este modo de tratar los grandes problemas del país
con todas las insuficiencias anotadas -como la ausencia del tema pecuario a
pesar del nombre del evento-, debe constituir en principio un marco de reflexión
crítica para plantear la necesidad de un plan integral de desarrollo
agropecuario, con profunda incorporación de conocimiento, asumiendo totalmente
la complejidad y multisectorialidad del problema.
El autor
es investigador emérito de la UMSA
y Twitter: @escuelanfp
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