Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás...
Hace
algunos meses nos informamos del caso de una empresa en la ciudad de La Paz, la
fábrica MILLMA, cuyo propietario es un empresario norteamericano que le debe al
Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR) alrededor de 7.000.000 de
bolivianos, por concepto de retenciones laborales que no fueron depositados.
Este empresario, a finales del 2010, habría llevado a la quiebra
fraudulenta a esta empresa MILLMA, con el afán de no hacerse cargo de los pasivos
laborales y otras deudas.
Ante esa
situación que los condenaba al desempleo, los trabajadores decidieron ocupar
las instalaciones de la empresa, demandando sus beneficios sociales por despido
injustificado y el pago de sus aportes al SENASIR. Desde entonces, más de
un año, vienen reclamando esto y proponiendo la conformación de una Empresa
Social de los propios trabajadores. Estaban realizando gestiones con varios
Ministerios (Trabajo, Desarrollo Productivo) para lograr una salida que
preserve sus fuentes de trabajo.
Pero hace
unas horas, por instructivas emanadas del Juez Séptimo de Instrucción en lo
Penal, Iván Córdoba, así como de la Fiscal Adscrita a la División Propiedades,
Elena Palomeque, y la conducción operativa del Teniente de la Policía Rafael
Llusco, se procedió a efectuar un violento operativo de desalojo, se retuvo a
más de una veintena de obreros por varias horas hasta finalmente liberarlos sin
ningún tipo de imputación. Los obreros de la MILLMA, la Federación de Fabriles
de La Paz y el ampliado nacional de la Central Obrera Boliviana realizado ayer
en Cochabamba, han calificado estos actos del juez Córdoba, la fiscal Palomeque
y el policía Llusco, de ilegales y motivados por la presión económica del
empresario defraudador.
Como parte
de la Escuela, considero que en este caso el Gobierno debería diferenciarse de
los gobiernos anteriores, permitiendo que los trabajadores preserven sus
trabajos bajo la modalidad de una nueva Empresa Textil Social Comunitaria,
anteponiendo este supremo interés social a la "seguridad jurídica sobre la
propiedad privada" alegada por el empresario extranjero que, repetimos,
incurrió en prácticas deshonestas y fraudulentas con entidades del Estado (en
este caso concreto, el SENASIR).
Neyza Barrientos
Ésta es la noticia que publicó la Agencia de Noticias Fides al respecto:
INTERVIENEN TOMA DE
FÁBRICA MILLMA Y DETIENEN A MÁS DE 20 TRABAJADORES
La fábrica MILLMA fue intervenida por la Fiscalía y los trabajadores
que la tenían tomada desde el año pasado fueron detenidos y trasladados a
celdas de la Policía, denunció el máximo dirigente de los trabajadores fabriles
Vitaliano Mamani. Las instalaciones de esta factoría habían sido
intervenidas por los obreros a finales de 2012 luego que el dueño anunciara su
cierre.
Mamani en declaraciones a Radio Fides informó que con la intervención
de la Fiscalía "se ha sacado detenidos a los trabajadores que estaban
resguardando la fábrica MILLMA" a pesar que existía un acuerdo con el
Gobierno para trabajar en su reactivación.
"Esta empresa debía pasar a manos de los trabajadores que
estábamos coordinando con la comisión de reactivación del aparato productivo
con la ministra Teresa Morales", explicó el dirigente.
Más de 22 trabajadores fueron trasladados a la FELCC acusados por el
dueño de la fábrica que tiene serios cuestionamientos, debido a que no cumplió
con sus compromisos patronales y provocó la quiebra de la empresa.
"Este empresario debe a las ADPs, debe beneficios sociales y ahora
se da el lujo de meterlos en la cárcel y llevarlos a la FELCC", lamentó
Mamani.
Los trabajadores de la empresa textil MILLMA habían decidido resguardar
las instalaciones de la fábrica y para ello no salir de la misma hasta que se
reconozca la organización de la empresa social y cuenten con el apoyo del
Gobierno, finalmente no lograron su objetivo.
Agencia de Noticias Fides
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