Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás...
Martes, 11 de Septiembre de 2012
Han pasado cuatro años de la masacre de Porvenir, y los
familiares de las víctimas, junto al Gobierno y organizaciones sociales,
exigen que se haga justicia.
Desde que el presidente Evo Morales Ayma asumió el mando de Bolivia, en enero de 2006, tras ganar en forma contundente las elecciones generales, se ha iniciado en Bolivia la lucha contra la impunidad para que los responsables de hechos delictivos sean procesados ante la justicia ordinaria, como corresponde.
Desde entonces han quedado atrás los privilegios que protegían a los otrora poderes políticos y económicos que habían sellado durante las dictaduras y los regímenes neoliberales una aureola para librarse de procesos, así hubiesen incurrido en acciones que afectaban la economía nacional e incluso hechos criminales al ordenar o ser protagonistas de masacres.
Ése es el caso de la masacre de Porvenir, cuyo proceso dura ya cuatro años sin que se haya llegado a una sentencia, debido principalmente a que los acusados han dilatado en forma permanente el juicio con diversas artimañas jurídicas.
El proceso ha ingresado a su fase testifical y, de no mediar mayores dilaciones, se espera que el dictamen judicial finalmente salga hasta diciembre, toda vez que existe un avance del 70 por ciento, dijo una de las abogadas de las víctimas, Mary Carrasco, aunque la defensa del ex prefecto del departamento de Pando Leopoldo Fernández considera que cuenta con un arsenal jurídico que debe ser considerado por un tiempo por los magistrados.
Pese a que existen pruebas contundentes y hasta el informe de una comisión de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), que establece lo que realmente pasó el 11 de septiembre de 2008 en Porvenir, los acusados se niegan a reconocer los hechos.
El informe de Unasur, conformado por 12 países de Suramérica, llegó a la conclusión de que el hecho fue planificado y llevado a cabo por funcionarios de la prefectura de Pando y del Servicio Departamental de Caminos (Sedcam), todos a órdenes del entonces Prefecto de dicho departamento, Leopoldo Fernández.
Una de las conclusiones de la comisión de Unasur subraya que la masacre de Porvenir “fue organizada bajo una cadena de mando prefectural, y el atentado contra la vida y la integridad de personas en esos hechos son delitos comunes de lesa humanidad que corresponden ser procesados en la justicia ordinaria”, al desestimar que Fernández sea procesado con los privilegios de un Prefecto de departamento, toda vez que el ejercicio de la función pública no consiste en atentar contra la vida y la integridad personal de los ciudadanos.
Fernández es el principal acusado de ser al menos el autor intelectual de la masacre al haber ordenado que un grupo de empleados del Sedcam se movilice fuertemente armado para impedir la continuidad de una marcha de campesinos rumbo a Cobija que iba a realizar un ampliado que analice sus derechos a la tierra.
A los cinco días de haberse producido los hechos, con un saldo de más de una decena de muertos y varios heridos, Leopoldo Fernández fue detenido en sus oficinas de la Prefectura pandina para ser trasladado a La Paz con el fin de ser procesado ante las pocas garantías existentes en Cobija.
Pese a las evidencias en su contra, la defensa de Fernández considera que éste es inocente.
Lo sucedido en Porvenir fue concurrente con la molestia de grupos políticos de oposición integrados en los departamentos considerados entonces como los de la ‘media luna’ que fracasaron en su intento de lograr la revocatoria del mandato del presidente Evo Morales en un referéndum realizado en agosto de ese año, del que salieron revocados los entonces prefectos de La Paz y de Cochabamba, José Luis Paredes y Manfred Reyes Villa, respectivamente.
Poco después de los sucesos de Porvenir, el Gobierno declaró como persona no grata al embajador de Estados Unidos, Phillip Goldberg, quien tuvo que abandonar el país, al igual que a los agentes de la oficina antidrogas estadounidense (DEA), toda vez que los organismos de seguridad del Estado comprobaron que habían cooperado a un movimiento atentatorio contra la democracia en Bolivia.
Desde que el presidente Evo Morales Ayma asumió el mando de Bolivia, en enero de 2006, tras ganar en forma contundente las elecciones generales, se ha iniciado en Bolivia la lucha contra la impunidad para que los responsables de hechos delictivos sean procesados ante la justicia ordinaria, como corresponde.
Desde entonces han quedado atrás los privilegios que protegían a los otrora poderes políticos y económicos que habían sellado durante las dictaduras y los regímenes neoliberales una aureola para librarse de procesos, así hubiesen incurrido en acciones que afectaban la economía nacional e incluso hechos criminales al ordenar o ser protagonistas de masacres.
Ése es el caso de la masacre de Porvenir, cuyo proceso dura ya cuatro años sin que se haya llegado a una sentencia, debido principalmente a que los acusados han dilatado en forma permanente el juicio con diversas artimañas jurídicas.
El proceso ha ingresado a su fase testifical y, de no mediar mayores dilaciones, se espera que el dictamen judicial finalmente salga hasta diciembre, toda vez que existe un avance del 70 por ciento, dijo una de las abogadas de las víctimas, Mary Carrasco, aunque la defensa del ex prefecto del departamento de Pando Leopoldo Fernández considera que cuenta con un arsenal jurídico que debe ser considerado por un tiempo por los magistrados.
Pese a que existen pruebas contundentes y hasta el informe de una comisión de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), que establece lo que realmente pasó el 11 de septiembre de 2008 en Porvenir, los acusados se niegan a reconocer los hechos.
El informe de Unasur, conformado por 12 países de Suramérica, llegó a la conclusión de que el hecho fue planificado y llevado a cabo por funcionarios de la prefectura de Pando y del Servicio Departamental de Caminos (Sedcam), todos a órdenes del entonces Prefecto de dicho departamento, Leopoldo Fernández.
Una de las conclusiones de la comisión de Unasur subraya que la masacre de Porvenir “fue organizada bajo una cadena de mando prefectural, y el atentado contra la vida y la integridad de personas en esos hechos son delitos comunes de lesa humanidad que corresponden ser procesados en la justicia ordinaria”, al desestimar que Fernández sea procesado con los privilegios de un Prefecto de departamento, toda vez que el ejercicio de la función pública no consiste en atentar contra la vida y la integridad personal de los ciudadanos.
Fernández es el principal acusado de ser al menos el autor intelectual de la masacre al haber ordenado que un grupo de empleados del Sedcam se movilice fuertemente armado para impedir la continuidad de una marcha de campesinos rumbo a Cobija que iba a realizar un ampliado que analice sus derechos a la tierra.
A los cinco días de haberse producido los hechos, con un saldo de más de una decena de muertos y varios heridos, Leopoldo Fernández fue detenido en sus oficinas de la Prefectura pandina para ser trasladado a La Paz con el fin de ser procesado ante las pocas garantías existentes en Cobija.
Pese a las evidencias en su contra, la defensa de Fernández considera que éste es inocente.
Lo sucedido en Porvenir fue concurrente con la molestia de grupos políticos de oposición integrados en los departamentos considerados entonces como los de la ‘media luna’ que fracasaron en su intento de lograr la revocatoria del mandato del presidente Evo Morales en un referéndum realizado en agosto de ese año, del que salieron revocados los entonces prefectos de La Paz y de Cochabamba, José Luis Paredes y Manfred Reyes Villa, respectivamente.
Poco después de los sucesos de Porvenir, el Gobierno declaró como persona no grata al embajador de Estados Unidos, Phillip Goldberg, quien tuvo que abandonar el país, al igual que a los agentes de la oficina antidrogas estadounidense (DEA), toda vez que los organismos de seguridad del Estado comprobaron que habían cooperado a un movimiento atentatorio contra la democracia en Bolivia.
articulo publicado en: http://www.derechoshumanosbolivia.org/editorial.php?cod_editorial=ED20120911111147
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