El mundo minero actual De quiebres históricos y políticas inconsistentes

Por Magdalena Cajías de la Vega

En octubre de 2006 los bolivianos observamos asombrados los violentos enfrentamientos entre cooperativistas mineros y trabajadores asalariados en la mina de Huanuni, en los cuáles actuaron también los llamados "jucus" o ladrones de mineral, y que dejaron un doloroso saldo de más de una decena de muertos y numerosos heridos.

En septiembre de 2012, la historia volvía a repetirse en la mina de Colquiri, del departamento de La Paz, y los conflictos aun no resueltos tienen todavía una escalada mayor en violencia y complejidad, así como en la falta de soluciones para evitar que continúan agravándose las diferencias entre "hermanos".

Decimos "hermanos", pues tanto cooperativistas mineros, como trabajadores asalariados, son hombres y mujeres bolivianos que encuentran en el trabajo minero una fuente laboral que les permite llevar el pan a sus familias, como lo han hecho miles y miles de ellos desde siempre.

Sólo que ahora, el mundo minero ha cambiado profundamente y las diferencias entre los distintos sectores o categorías de trabajadores mineros no sólo tienen distintas lógicas productivas, de formas de propiedad o dependencia laboral, de acumulaciones históricas, de memorias, sino que las contradicciones entre unos y otros son cada vez más insalvables.

Lejos ha quedado la llamada "granítica unidad" del proletariado minero, para el que la sindicalización iniciada cuando todavía dependían de las grandes empresas mineras estanníferas de los llamados "barones del estaño", fue el arma fundamental de sus sentimientos de pertenencia y de identidad común, de sus batallas contra el Estado oligárquico de entonces -donde la burguesía del estaño cumplía un papel hegemónico-, y de su presencia central en la insurrección popular de 1952 que derivó en el triunfo de la revolución antioligárquiva que llevó al poder al Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR).

Lejos ha quedado también el tiempo largo de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), de aquél momento en que la mayoría de las minas bolivianas fueron nacionalizadas y agrupadas en esa emblemática entidad estatal. Desde entonces, y a lo largo de más de tres décadas, bajo el paraguas de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) y constituyéndose en la columna vertebral de la Central Obrera Boliviana (COB), no más de treinta mil trabajadores asalariados del subsuelo llegaron a constituir un movimiento social poderoso y combativo que marcó en mucho a la historia nacional.

La COMIBOL sucumbió tras un largo ir i venir entre crisis y momentos de repunte, con graves problemas de gestión y permanentes actos de corrupción, aunque siempre aportando al erario nacional, ya sea para su propia sobrevivencia o para alimentar otras economías y proyectos de desarrollo del oriente boliviano, ya sea para pagar los jugosos sueldos de sus administradores o para responder a las demandas y exigencias de mejorar las condiciones de vida y de trabajo de sus obreros.

Fue el DS 21060 el que le dio la estocada final a la COMIBOL en 1985; razones económicas las habían, pero también habían otras. Desde los tiempos de la Estabilización Monetaria de 1956 decretada por Hernán Siles Zuazo, pasando por las distintas fases del Plan Triangular ejecutado por movimientistas y barrientistas a principios de la década de los sesenta, durante los nefastos gobiernos militares autoritarios, hasta la crisis insalvable estallada bajo el gobierno de centro izquierda de la Unidad Democrática y Popular (UDP), los sutentadores del poder lucharon por intentar disminuir la capacidad de presión del movimiento minero boliviano. Por eso el 21060 fue también político.

A partir de que el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, inaugurado con la dictación del DS 21060, se empeñó en que los mineros de las empresas estatales abandonen sus fuentes de trabajo bajo el eufemismo de la famosa "relocalización", hasta nuestros aciagos días en que "hermanos mineros" se enfrentan por ocupar para su sector las viejas minas de la COMIBOL, mucha agua ha corrido bajo el puente.

Más de 26.000 asalariados sucumbieron a las presiones y se fueron de las minas, sobre todo cuando su resistencia al que llamaban "decreto maldito" fue quebrada con la derrota sufrida en la "Marcha por la Vida y la Paz", que en agosto de 1986 emprendieron más de 10.000 trabajadores junto a sus familias, en una acción defensiva y pacífica que fue respondida con el amedentramiento de fuerzas militares y policiales en la localidad de Calamarca.

Muchos de aquellos que iniciaron la "diáspora minera" en esos años del neroliberalismo, en los que los viejos sueños revolucionarios también parecían disolverse, se trasladaron a diferentes lugares del país. Y aunque no siempre se lo reconoce, la memoria organizativa y combativa de los mineros fue recreada y proyectada en esos otros espacios, ayudando a fortalecer movimientos sociales emergentes, como el de los campesinos cocaleros del Trópico cochabambino, o el del joven movimiento vecinal y sindical de la ciudad de El Alto de La Paz.

En todo caso, el viejo mundo minero, debilitado y marginalizado, descuidado y sumergido, no estaba muerto. Aquellos que pensaron que dejando inundar minas -incluso con maquinaria de gran valor dentro de los socavones-, sacando decreto tras decreto para hacer desaparecer las estructuras de la minería estatizada, afectando los derechos laborales de los poquísimos trabajadores que se quedaron a luchar por evitar que las minas más ricas sean definitivamente cerradas -Huanuni, Colquiri, Caracoles- o que negociaron privatizaciones cargadas de corrupción y malos cálculos económicos, olvidaron que Bolivia ha sido, sigue siendo y seguirá siendo minera. No es así por decreto, ni por nostalgia, ni porque se piense que sólo somos eso, sino porque la realidad lo ha demostrado una y otra vez, desde los tiempos del cerro Rico de Potosí en la colonia.

La cuestión, sin embargo, es entender que aunque ese "mundo minero" sigue vigente en el presente, ha cambiado mucho, se ha transformado profundamente y, lo peor, ha evolucionado hacia formas y contenidos muy complejos social y económicamente hablando; lo peor de todo, es que los gobernantes de turno parecen poco interesados en comprender esas realidades a cabalidad y actuar en consecuencia.

Uno de los cambios más significativos de las últimas décadas fue el imparable crecimiento de las cooperativas mineras, que en la actualidad cobijan a aproximadamente 100.000 socios. Antes de la debacle de COMIBOL ya existían, pero eran pocas y estaban asentadas principalmente en el Cerro Rico de Potosí y, una de las más grandes de ellas, Karazapato, en Huanuni.

Para los impulsores del cierre de las minas estatizadas, la entrega de parajes y concesiones a nuevas cooperativas fue la cómoda salida a la demanda de trabajo de hombres y mujeres que, pese a todo, querían seguir viviendo del trabajo minero. Estas comenzaron a repoblar centros mineros que un tiempo atrás se habían convertido en pueblos fantasmas, como Siglo XX, Catavi y varias minas del antiguo Consejo Central Sur. En otros lugares, como en Huanuni, Caracoles y Colquiri comenzaron a coexistir con empresas entregadas al capital privado, en las que laboraban pequeños grupos de asalariados.

En la medida en que se recuperaban los precios del estaño, o se hacían atractivos los de la plata y otros minerales, los viejos campamentos mineros se fueron llenando más y más de trabajadores interesados en horadar las entrañas del subsuelo bajo el sistema cooperativo. Para ellos y ellas parecía no importar las lamentables condiciones laborales, la falta de seguridad social, los constantes accidentes de trabajo, la explotación que sufrían a manos de sus contratistas, la violación a la prohibición de trabajo infantil, la alcoholización temprana de jóvenes sin oportunidades. Ningún gobierno se ocupó de establecer control sobre sus actividades, aunque para negociar el pago de impuestos raquíticos y algunas obligaciones con el Estado, unos y otros prometieron apoyos de todo tipo y firmaron sendos acuerdos con las dirigencias que casi nunca se cumplieron.

Mientras tanto, los conflictos entre cooperativistas y salariados comenzaron a hacerse frecuentes, como en Huanuni, donde los primeros brotes de violencia ya surgieron a fines de la década de los ochenta, o en Caracoles, donde en los primeros años del nuevo siglo cientos de cooperativistas ingresaron a la fuerza en parajes que pertenecían a la empresa, avasallando a los trabajadores asalariados que debieron huir de allí. Así empezaron a producirse los profundos resentimientos entre hermanos, compadres y familiares, de poblaciones de no más de 50.000 habitantes y en las que todos se conocían. Y aunque pasado el vendaval volvían a convivir en un mismo espacio, los enfrentamientos recrudecían sin que las autoridades gubernamentales diesen soluciones estructurales.

Ya los conflictos estallados entre mineros cooperativistas y trabajadores asalariados en octubre de 2006, en la mina de Huanuni, revelaron esa falta de conciencia gubernamental y del conjunto de la sociedad sobre lo que allí se estaba jugando; es más, poco o nada se hizo para evitar que "la sangre llegue al río". Casi seis años después, en los conflictos desatados entre cooperativistas y asalariados de la mina de Colquiri, la falta de tino y las posiciones contradictorias entre funcionarios estatales vuelven a mostrar incapacidad para soluciones creativas, políticamente honestas y de al menos mediano plazo. Y ahora es aun más grave, porque éstos revelan que el problema tiene carácter nacional.

Además, las complejizaciones y realidades diversas de la actividad minera no se quedan ahí. Junto a cooperativistas y asalariados, existe otro grupo de mineros llamados popularmente "jucus" o "lobos", que en tiempos coloniales fueron identificados como "trabajadores populares" y que en la primera mitad del siglo XX fueron emparentados con los "cajjchas". No desaparecieron en tiempos de COMIBOL, aunque las políticas de control a su actividad fueron más o menos efectivas; lo que pasa es que el derrumbe de esa empresa estatal hizo que se multipliquen, principalmente en minas donde aún quedaban filones posibles de explotar.

Los jucus pueden surgir de las propias cooperativas, pero, como en tiempos anteriores, también pueden provenir de las familias de los asalariados, incluso pueden ser jóvenes que viven en ciudades como Oruro y Cochabamba y que pagan sus estudios universitarios con unos días de intenso y sacrificado trabajo en las minas. En los conflictos entre asalariados y cooperativistas, normalmente han actuado al lado de los segundos, pero en Huanuni, el año 2006, no fue así. Se han escrito artículos periodísticos sobre ellos, pero no cabe duda de que, de todos modos, muy poco se sabe sobre sus condiciones laborales y la forma en que día a día arriesgan sus vidas o, talvez, mejor es no saber.

Tampoco sabemos mucho sobre los trabajadores mineros asalariados de las minas privadas. Así fue también en tiempos de COMIBOL, cuando muchas veces incluso a costa de ésta crecía la llamada "minería mediana", que todos sospechábamos que en realidad era grande, cada vez más grande. Esos trabajadores también pertenecían a la FSTMB; sin embargo, apenas les salpicaban las conquistas obtenidas por sus hermanos de clase. Hoy no conocemos a cabalidad si realmente el Estado Plurinacional resguarda sus derechos, o si la flexibilización laboral de los neoliberales aparentemente vencidos en octubre de 2003 y diciembre de 2005 ha caducado, o si las nuevas empresas mineras grandes, varias de ellas auténticas transnacionales, se interesan por brindarles dignas condiciones de vida y de trabajo.

De todo esto, lo que duele y preocupa más es que entre trabajadores asalariados de COMIBOL, de las minas privadas, socios y peones de las cooperativistas o ladrones de mineral, parecen ya no existir sentimientos de pertenencia común; al contrario, unos y otros defienden sus intereses particulares y, en las minas donde conviven juntos, se ha llegado mucho más lejos que eso, se ha traspasado el umbral antes prohibido, el del enfrentamiento violento, el que antes sólo valía para las luchas contra los enemigos de clase. Los lazos de solidaridad se han quebrado, se ha comenzado a dejar atrás ese "glorioso" pasado.

En otros artículos y en mi libro sobre la historia de la mina de Huanuni, insistí mucho en recuperar el papel de la memoria del proletariado minero, porque mis largas investigaciones sobre ese sector, así como mis vivencias directas, me convencieron de que si algo quedó como legado de sus viejas y combativas luchas, de sus derrotas y voluntad de levantarse una y otra vez, fue la MEMORIA. Con ella a cuestas, aunque ya no se luciera el guardatojo, aunque las dinamitas estalladas en la ciudad de La Paz por las nuevas generaciones ya no llevaran un mensaje revolucionario, aunque los campamentos habían dejado de ser el espacio de la socialización entre iguales, los mineros seguían representándose de una u otra manera como lo que habían sido y aun podían volver a ser.

Hasta hace muy poco, aún quedaba algo de eso. Recordemos solamente cómo asalariados de Huanuni, por un lado, y cooperativistas mineros, por el otro, jugaron un importante papel en la guerra del gas de 2003 y en la caída de Carlos Mesa en 2005. Por algo muchos de ellos ungieron de guardia de honor el día de ascensión al poder de Evo Morales.

El conflicto en Colquiri aún no ha llegado a su fin: ¡quién puede decir cómo terminará este embrollo! Pero quiero añadir un reflexión más: los mineros, llámense como se llamen, pertenezcan a tal o cual bando, también son aymaras y quechuas, mestizos, bolivianos, padres y madres, hijos y esposos, y claro, parte del Estado Plurinacional de Bolivia. Ojalá que el lugar que se les de desde el poder sea el que se merecen, pero también el que construyan desde abajo, por ellos mismos, cuando la irracionalidad haya vuelto a dar lugar a la conciencia.

La autora es historiadora y fue Ministra de Educación