Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás...
Miles de indignados con los ajustes marcharon al Congreso en
Madrid para exigir la renuncia del presidente Rajoy. La policía reprimió
con porras y hay al menos 28 detenidos y 64 heridos.
Al menos 28 personas fueron detenidas y 64 resultaron heridas al cabo
de los enfrentamientos, que tuvieron su primer capítulo cuando un grupo
de activistas intentó superar un vallado de seguridad en la plaza
Neptuno, la zona más próxima al Congreso de los Diputados a la que
pudieron llegar los manifestantes.
Algunos de los más de 1.000 policías que participaron del operativo
respondieron golpeando con sus machetes a las personas de la primera
fila de la manifestación y realizaron los primeros arrestos, y cargas
similares seguidas de coridas se repitieron con el transcurso de la
tarde y tras caer la noche.
La mayoría de los heridos sufrió con cortes y contusiones y 16
tuvieron que ser trasladados a hospitales, uno de los cuales podría
haber sufrido una lesión medular debido a un golpe que agravó una
patología previa, según fuentes del Samur, los servicios de Emergencia
de Madrid.
La tensión cerca del Congreso duró varias horas, y luego de las
primeras escaramuzas, grupos de policías lanzaron un segundo intento de
disolver la concentración lanzando balas de goma y arremetiendo con sus
porras contra los manifestantes, que, perseguidos por los agentes,
corrieron en todas direcciones.
Los manifestantes también arrojaron objetos a los agentes.
La violencia de los agentes llevó al dueño de un restaurante del
Paseo del Pardo a salir en defensa de un grupo de activistas que se
refugió en su local, echando a un grupo de policías que pretendía
ingresar a detenerlos.
Por momentos se convirtió en una batalla campal.
Los disturbios se dispersaron a zonas aledañas e incluso hubo persecuciones en el interior de la estación de trenes de Atocha.
Algunos indignados se dirigieron a la Puerta del Sol y otros
regresaron a Neptuno, donde permanecieron bloqueando un carril del Paseo
del Prado con una sentada pacífica.
“Los delincuentes están del otro lado”, coreaban los manifestantes,
muchos de ellos jóvenes estudiantes y miembros de grupos
anticapitalistas, muy recelosos de los medios de comunicación, que
suelen criminalizarlos.
“Después dicen que somos pocos, aquí hay miles de personas, no
necesitamos explicar nada más”, dijo a Télam Marta, una joven madrileña,
que gritaban con todas sus fuerzas “Rajoy dimisión”.
“Esta manifestación es una maravilla, y la respuesta de las
autoridades demuestra que están nerviosos. Cuando el ser humano tiene
miedo se comporta de forma agresiva”, afirmó Enrique Gil, con una
bandera del sindicato Comisiones Obreras (CC.OO), que suele ser blanco
de críticas de los indignados.
Enrique, de 57 años, aseguró que “la única forma de conseguir un
cambio es que obreros, estudiantes, los trabajadores en general, se
junten porque tienen el mismo interés, mientras los diputados defienden
sus intereses de clase”.
“Hay que seguir intentándolo, esta es la única manera de defender
nuestros derechos”, dijo por su parte Eva, empleada pública de 32 años,
mientras se retiraba de las manifestación en medio de la represión.
Su amiga, Ana, de 34 años, insistía en que “no queda más opción que
luchar, pero no solo para que se vaya Rajoy, sino todos los diputados,
que no nos representan”.
Sandrina, francesa de 37 años y llegada desde Mallorca, expresó su
indignación por la represión policial mientras se refugiaba de los
golpes entre los árboles del Paseo del Prado: “No hace falta, esto
parece una guerra”.
Convocados por la plataforma ¡En Pie! bajo el lema “Ocupa el
Congreso”, miles de personas -6.000 según el Gobierno en Madrid- tenían
la intención de rodear la sede parlamentaria de forma indefinida hasta
forzar la dimisión de Rajoy, el presidente del gobierno, del derechista
Partido Popular (PP).
“Rajoy dimisión”, corearon los manifestantes, que no pudieron
acercarse al Parlamento, cuyo perímetro se encontraba custodiado por
unos 1.300 agentes antidisturbios.
“Menos policía y más educación” o “El pueblo, unido, jamás será
vencido”, fueron otras de las consignas que repitieron los activistas,
que llegaron a la zona en distintas marchas que partieron de la
madrileña plaza España y Atocha.
Los manifestantes llevaban banderas republicanas, anarquistas y
pancartas con lemas como “Libertad de Expresión”, o “Rescatemos la
democracia”.
La protesta, impulsada en junio desde las redes sociales e ideada por
un grupo de activistas anticapitalistas que conforman la plataforma ¡En
Pie!, dividió desde el principio al 15-M o movimiento de los
indignados, porque se tratado de una iniciativa no consensuada.
No obstante, los indignados adhirieron a la movilización y fueron
claros protagonistas de esta protesta que ha sido criminalizada por el
gobierno del PP.
El Ejecutivo de Rajoy advirtió que rodear el Congreso cuando está
sesionado puede ser penado con hasta un año de prisión, mientras acusó a
los convocantes de la protesta de “golpistas”.
Sin embargo, el fuerte operativo policial mantuvo a los manifestantes
a más de 300 metros de los diputados españoles, que tras participar de
una sesión plenaria, abandonaron la Cámara Baja sin incidentes.
Al concluir la sesión, la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz
de Santamaría, justificó la represión asegurando que “la democracia debe
ejercerse sin presiones”, según declaró en los pasillos del Congreso.
“Hay que atender a la voz de la calles cuando uno se manifiesta pacíficamente y no cuando se hace violentamente”.
Más allá de las amenazas, el “25-S” es un nuevo termómetro para medir
el descontento social con las políticas de ajuste neoliberal
implementadas por Rajoy en España, en un momento crítico para el país,
que sigue dilatando la decisión de solicitar un rescate soberano a
Europa.
España atraviesa su segunda recesión en tres años, y su desempleo es cercano al 25%, más de 5,6 millones de personas.
El gobierno de Rajoy recortó en Salud y Educación y adoptó reformas
estructurales para convencer a sus socios del euro de que cumplirá su
promesa de reducir el actual déficit del 6,3% del PBI a un 4,5% el año
próximo. Un nuevo rescate podría significar más recortes para los
ciudadanos.
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