Delito de racismo: en busca de la prueba del delito

Por Leila Cortez

Entre las tantas declaraciones vertidas por representantes de los gremios de periodistas, referentes a lo difundido por los medios de comunicación acerca del discurso del presidente Morales el 15 de agosto, y el proceso iniciado por el Gobierno a tres de esos medios, llama la atención las aseveraciones del director ejecutivo de la ANP, Juan León, quien, según nota de Página 7, fechada el 27 de agosto, indica que el Gobierno no pudo demostrar la “prueba del delito” para acusar de racismo a los tres medios por los titulares y las notas de prensa.

Veamos. Página 7 tituló la nota: “Evo acusa de ‘flojos’ a los habitantes del oriente”; mientras que El Diario publicó: “Morales opina que el oriental es flojo y le critican por discriminador”, así da cuenta su publicación digital del 16 de agosto.

El racismo y la discriminación, tan arraigados en la sociedad boliviana, son delitos desde la vigencia de la Ley N° 045 del 8 de octubre de 2010. Recuerdo los días en que se discutía la ley, uno de los sectores que más resistió la norma fue cabalmente el de los medios de comunicación y periodistas. ¿Acaso estaban (sub) conscientes de que sus publicaciones están impregnadas de racismo y discriminación, por tanto la ley les caería en cualquier momento?

No es necesario tener memoria muy larga, en estos últimos siete años, o mejor, 10 años, desde que el movimiento indígena campesino toma el poder en las calles y luego en las instituciones del Estado, muchos medios de comunicación han incurrido en alentar y reafirmar el racismo y la discriminación. Recordemos las informaciones que difundían durante el bloqueo protagonizado por la CSUTCB en el altiplano paceño el año 2002, los conflictos de 2003 o, peor aún, los violentos movimientos cívico-prefecturales sediciosos de 2008.

Fue patética la cobertura a las elecciones de 2005; hay estudios de académicos de la comunicación sobre cómo los medios se referían al candidato de la derecha ‘Tuto’ Quiroga y cómo lo hacían con el candidato indígena Evo Morales; hubo todo menos equilibrio, y diariamente el ‘candidato indio’ tuvo enésimos adjetivos racistas. Lo mismo ocurría cada vez que la mayor parte de las cadenas televisivas reflejaba las agresiones físicas y los insultos a mujeres de pollera en Santa Cruz, se mostraban escenas sin editar para atraer audiencia, pero había muy poca reflexión sobre las demostraciones racistas.

Otro momento histórico digno de ser estudiado fue la cobertura de la Asamblea Constituyente, hubo medios que incluso alentaron el racismo en ese escenario, en el que tuvo su máxima expresión porque estuvo condimentado con violencia y con las pugnas políticas, contribuyendo así a que los acuerdos fueran difíciles. Los estudios realizados dan cuenta de la desigual cobertura periodística, pero no se focalizaron en la reflexión sobre el sesgo racista utilizado.

Con estos ejemplos, ¿hará falta seguir buscando la “prueba del delito”?

Lo que hoy se quiere es que, habida cuenta de la ley, estos delitos no queden impunes, que la sociedad y los medios —como parte de ella— erradiquen de veras el racismo y la discriminación… porque no es suficiente cumplir con la obligación de emitir spots de rato en rato con mensajes ‘educativos’ extractados de la ley. Lo real es traslucirlos en cada frase que dicen, que informan y que opinan.

La envidiable penetración de los medios debería ser utilizada proactivamente para combatir estas taras, y ellos deberían estar en la vanguardia de esta transformación fundamental de la sociedad y del Estado Plurinacional. Por si no cayeron aún en cuenta, ahora vivimos en un Estado Plurinacional, que no soporta el racismo, ya no es la Bolivia de antes. ¡Que no queden al margen de la historia! Se perderán del apasionante hecho noticioso como es este proceso revolucionario, con sus altibajos, con sus peculiaridades.