COOPERATIVAS Y POLÍTICA MINERA

Juan Collque

En el presente artículo no queremos debatir sobre la forma en que deben “negociar y consensuar” actores con intereses contrapuestos. Simplemente intentamos esbozar algunos elementos de debate sobre una política minera que tienda a transformar las relaciones de producción en el sector minero en beneficio del pueblo boliviano. Acudimos a la comprensión del lector para que nos licencie la abstracción de detalles en las cifras que hacen al sector minero, aunque parezca paradójico lo hacemos por razones de exposición.

Durante los últimos años se han venido suscitando decenas de conflictos en el sector minero. Los menos motivados por reivindicaciones laborales de los trabajadores asalariados de empresas formalmente establecidas. La mayoría de las pugnas están vinculadas a tomas y avasallamientos protagonizados por grupos de pobladores de regiones mineras y/o cooperativistas mineros, el último enfrenta a trabajadores asalariados de la Comibol con los cooperativistas de la Cooperativa 26 de Febrero por la Veta Rosario de la Mina Colquiri.

Sin duda estas movilizaciones tienen su incentivo principal en el auge de precios de los minerales, presente en el mercado internacional durante la última década, que permite la generación de rentas mineras o ganancias extraordinarias fundamentadas en la explotación monopólica de un yacimiento minero. Añadido a esto se presentan interpretaciones interesadas de la Constitución Política del Estado sobre el derecho propietario y/o las formas de organización económica.

El sector minero, en tanto actividad extractiva, está compuesto por cuatro actores: las empresas mineras estatales, las privadas nacionales, las privadas extranjeras y las cooperativas. El mayor productor en volumen y valor, consecuentemente también en contribuciones impositivas y regalitarias, son las empresas transnacionales, sin embargo es el subsector que menos empleo genera. Inversamente, el mayor empleador es el subsector cooperativo aunque su producción en volumen y valor es mínimo, lo mismo que sus contribuciones en regalías e impuestos. Por su parte, el Estado es marginal en términos de producción, impuestos y regalías, pero emplea aproximadamente una y media veces el número de trabajadores que usa el conjunto del sector privado transnacional. Las empresas fundadas con capitales bolivianos son irrelevantes en el contexto minero nacional.

La explicación de estas proporciones radica en los distintos tipos de tecnología que determinan las diferentes formas de organizar técnicamente los procesos de producción como tales. Por ejemplo, la empresa transnacional es totalmente maquinizada y su nivel de productividad elevado. En el caso de la empresa estatal la organización se la puede asimilar a la manufactura compleja, propia de la minería boliviana de la primera mitad del siglo XX, cuya productividad es baja. En el caso de las cooperativas las formas de organizar la producción van desde las artesanales hasta las manufacturadas, y su productividad exigua. Para tener una idea de la diferencia de productividad  podemos decir que por cada tonelada de tierra mineralizada que mueve un trabajador de la minería estatal uno de una empresa transnacional mueve al menos cien. Huelga hacer la relación entre la minería transnacional y la cooperativizada.

En este contexto, las transnacionales utilizando su posición en el sector pretenden conservar las condiciones que les benefician merced a la normativa neoliberal que hoy sigue vigente (leyes de minería, inversiones, impuestos, políticas de incentivos, etc.) y que les permiten explotar y usufructuar los yacimientos y/o proyectos mineros más ricos o con mejores condiciones de rentabilidad (la mayoría eran de la antigua Comibol), sobre éste tema volveremos después.

Los cooperativistas igualmente tratan de mantener intactas sus ventajas utilizando su capacidad de movilización como mecanismo de presión. Sin embargo acá es imprescindible hacer una aclaración en cuanto al término cooperativista. Consideramos que, producto de una larga evolución histórica, en las cooperativas mineras existe una marcada diferenciación social que devino en al menos dos tipos de cooperativistas: El primero sería el que conceptualmente se acerca al de la Ley de Cooperativas, vale decir aquella persona que en igualdad de condiciones es copropietaria de los yacimientos e instrumentos de trabajo, que trabaja y que participa del resultado de la producción en la misma proporción que todos los miembros de la cooperativa, donde todas las personas serían iguales en los hechos, en derechos y en obligaciones. El segundo estaría conformado por una clase de propietarios privados, que son socios “cooperativistas” en tanto esta personería jurídica les permitiría acceder al yacimiento, una vez obtenido cada uno se vuelve propietario privado individual de una parte del yacimiento (paraje), de sus instrumentos de trabajo y de su dinero, los cuales convierte en capital al comprar la fuerza de trabajo de peones por un jornal o salario diario, en moneda o a destajo, en otras palabras se convierte en una suerte de capitalista bajo la apariencia de “cooperativista”[1], este hecho sería común tanto en la minería del oro como en la de estaño, zinc, plomo y plata.

Estos “cooperativistas” en busca de una mayor renta minera, y dadas sus características técnicas, explotan selectivamente el yacimiento (persiguiendo la veta), ocasionando altos niveles de contaminación ambiental y bajo condiciones inhumanas de explotación laboral. Sin embargo fueron sujetos de varios programas de apoyo del gobierno (dotación de ingenios, parajes, exenciones impositivas, etc.) a título del modelo de economía plural. Estos programas que no distinguen a unos cooperativistas de otros “cooperativistas”, debido posiblemente a la inexistencia de información fidedigna, hacen que las riquezas que son de todo el pueblo beneficien sólo a unos cuantos.

Creemos que el capitalismo como relación social de producción está caduco y es depredador. En busca de la maximización de ganancias explota a los seres humanos llevándolos a situaciones extremas y destruye irremediablemente el medioambiente, además atraviesa por una crisis severa que debe aprovecharse para imponer otra sociedad. En el caso del “cooperativismo” minero los grados de explotación de los trabajadores asalariados (bajo cualquier nombre: peones, jornaleros, aprendices, nuevos, etc.) son extremos e inhumanos, no cuentan con las mínimas condiciones de trabajo, no gozan con los elementos básicos de seguridad industrial, ni de salud industrial, no tienen beneficios sociales, no están sujetos a la ley del trabajo, no tienen derecho de sindicalización, no cuentan con seguro ni de corto ni de largo plazo, en otras palabras no se cumple ninguno de sus derechos a pesar de que la Constitución en varios de sus artículos ordena la defensa de la vida humana y el trabajo en condiciones dignas. El irrespeto a la Madre Tierra es también alarmante a pesar de que la Constitución manda su cuidado, la contaminación ambiental que generan es muy alta y la aplicación de la normativa actual es impensable para ellos, aun cuando es sabido que los procesos de remediación ambiental duran décadas.

Si se quiere construir un modelo social y comunitario se deberían implementar programas de apoyo a todas las actividades económicas, pero cuidando que en su interior no se reproduzcan relaciones de producción capitalistas (Capital – Trabajo Asalariado) y que, contrariamente, se establezcan formas de producción alternativas, diferentes al capitalismo. Por ejemplo, el apoyo a los “cooperativistas” mineros debería estar condicionado, al menos, al cumplimiento de las leyes de cooperativas, del trabajo, del medioambiente, etc., vigiladas continua y celosamente por el Estado. De manera que el uso de los recursos del Estado garantice verdaderas cooperativas donde todos sean iguales en hechos, derechos y obligaciones; cuyos excedentes puedan ser utilizados en parte para la continuidad de la propia cooperativa y en parte para un fondo común que financie más iniciativas donde no exista explotación del hombre por el hombre.

Paralelamente, el Estado debería fortalecer Comibol y la minería estatal nacionalizándola,  invirtiendo en tecnología e incrementando su productividad para retomar el verdadero sentido de la empresa social, estableciendo el monopsonio de la comercialización interna y externa de todos los minerales, y otras medidas sobre las que volveremos en otra ocasión.

Mientras alguien ayuda a los “cooperativistas” mineros a comprender el Vivir Bien y el sentido de los principios y valores como la solidaridad, complementariedad, armonía con la naturaleza y otros establecidos en la Constitución y sostenidos por este gobierno, se debería trabajar en la organización de las decenas de miles de jornaleros asalariados de estos “cooperativistas” quienes podrían ser los más interesados para la transformación hacia el cooperativismo verdadero.

---

[1] Pueden darse una variedad de tipos de sociedades entre los “cooperativistas” propietarios del paraje y particulares u otros “cooperativistas” que pueden aportar instrumentos de trabajo o dinero, que funcionan como cualquier sociedad capitalista.