De “exportar o morir” a morir exportando

Por: Rafael Puente

Con ocasión del último congreso petrolero, el Vicepresidente del Estado nos ha confirmado algo que ya se venía cocinando, pero que igual nos ha dejado con escalofríos, y es la decisión de seguir ampliando la frontera hidrocarburífera, de manera que para 2014 llegará a ¡24 millones de hectáreas!

Si tenemos en cuenta que en pleno modelo neoliberal a lo más que se había llegado era a 13 millones, y que dicha superficie fue disminuyendo -en buena parte gracias a la presión popular que desembocaría en la “guerra del gas”- hasta llegar a sólo tres millones en 2007, nos podemos dar cuenta de cuál es la tendencia actual. Se trata de ampliar la frontera sin medida ni clemencia, sin ningún plan de mitigación ambiental y, por supuesto, sin debate alguno con la sociedad civil. ¿Qué significa todo esto?

Si tenemos en cuenta los otros anuncios de incentivar la exploración de hidrocarburos, como la de entregar inmensas áreas sin compromiso de cumplir obligaciones específicas (¡entre ellas nada menos que a la ya conocida Jindal!), o la de comprometer un incentivo de 30 dólares por barril de petróleo (incentivo que luego se aplicaría también a la producción de gas), o la de ligar la producción con la exportación, o la de liberar de impuestos a la importación de maquinaria, o la de fomentar la inversión en las llamadas áreas en desarrollo (que es lo menos que podía hacer YPFB), sólo nos queda pensar que existe una auténtica obsesión por extraer el máximo de recursos en el mínimo de tiempo, para venderlos cuanto antes, y así seguir subvencionando los combustibles y acabar hipotecando ciegamente el futuro del país.

Por lo demás, las transnacionales cada vez son menos “socias” y se van convirtiendo en “jefas” exigentes, y la soberanía ganada empieza a difuminarse.

Pero no sólo están en juego la soberanía -el 22,5% del territorio estará en manos de transnacionales- y el futuro económico del país -cuando acabe la exportación de hidrocarburos, de minerales y de árboles, ¿de qué vamos a vivir?-, sino que también está en juego la Madre Tierra, de cuyos derechos habíamos aparecido como los más ardientes defensores; porque resulta que esos 24 millones de hectáreas afectan a 11 áreas protegidas (de las 22 que tenemos a nivel nacional), y que siete de ellas se verán afectadas en más de un 30% (entre ellas el TIPNIS y el Manuripi); de esas siete, el Madidi se verá afectado en un 75%, el Aguaragüe en un 72% y el Pilón Lajas en un 82%.

¿No nos damos cuenta de que la destrucción de la naturaleza seguirá impulsando un cambio climático destructivo de la vida misma, y que a este paso nos convertiremos en un inmenso desierto -además contaminado- y que ya no valdrá le pena seguir importando alimentos con la plata obtenida del gas, como ya estamos haciendo ahora, porque ya no habrá quién los consuma?

Pero falta todavía la guinda de la torta, y es que este Estado novedosamente plurinacional se plantea entregar también a la voracidad transnacional territorios indígenas enteros -titulados o sin titular-, sin contar con que ya la minería descontrolada está poniendo en riesgo la existencia de 11 pueblos indígenas en el norte de La Paz -la vieja obsesión por el oro ¿no era un típico rasgo colonial?-. Y por supuesto, no se habla más de la consulta previa, al margen de lo que diga la Constitución.

Comparado con esto, lo del TIPNIS resulta un ligero incidente (incluyendo la ridícula ley departamental que declara la prioridad de la famosa carretera). Pareciera que todo el conflicto del TIPNIS en realidad sólo ha sido un prólogo de una nueva e irreversible sed de ingresos económicos, a costa de lo que sea y a fin de cuentas no queda claro para qué.

¿Y el Vivir Bien?

¿De qué me está hablando usted?

De nada, no vale la pena.

El autor es miembro del Colectivo Urbano para el Cambio (CUECA) de Cochabamba.