Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás...
Por: Marcelo
Pereyra
El 6 de junio de 1973, tres meses antes del golpe de Estado contra
Salvador Allende y cuando la coyuntura, ya crítica, incluía duros
enfrentamientos entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, el periódico Puro Chile
publicó en su portada dos noticias diagramadas de tal modo que la foto del
entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia, sobre una de ellas,
quedara ubicada junto al gran titular de la otra, “¡VIEJOS DE MIERDA!”. Aún se
discute aquel hecho: algunos consideran que fue la expresión más destacada del
modo en que los medios de comunicación contribuyeron a polarizar la situación
del país, con un estilo de descalificación personal que no dejaba espacio para
el razonamiento político y la búsqueda de acuerdos; hay quienes hacen
autocrítica por ello, mientras otros insisten en que fue un gesto legítimo y
necesario de repudio. Sea como fuere, hoy, en Uruguay, es importante tratar de
comprender los acontecimientos en curso, para que cada uno pueda tomar
decisiones de la mejor calidad posible con miras al mañana. A las marchas y
concentraciones en silencio se les pueden atribuir muchos significados;
necesitamos palabras que ayuden a enriquecer reflexiones colectivas, para
delimitar un “nosotros” e identificar posibilidades de acción.
A esos efectos, no aporta mucho vociferar insultos. Tampoco aportan, por
cierto, argumentaciones alambicadas como las que abundan en el fallo de la
mayoría de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) sobre la constitucionalidad de la
ley 18.831[i]
adornadas con palabras y frases en latín, francés e italiano que la corporación
no considero necesario traducir. Ni aporta el coro lastimero de quienes se han
erigido, de improviso, en celosos custodios de la separación de poderes del
Estado y la seguridad jurídica, después de haberlas avasallado con la Ley de
Caducidad que pergeñaron y defendieron durante décadas.
Quizás aporte algo señalar que, en el terreno de la doctrina jurídica,
las posiciones en mayoría y en minoría recogidas en ese fallo se alinean con
sendas corrientes de opinión mundiales respecto a las relaciones entre el
derecho internacional humanitario y la soberanía de los Estados. Corrientes
que, por supuesto, no son el producto puro de la abstracción, sino que han
surgido a partir de intereses y conflictos, y resultan funcionales a unas u
otras fuerzas en pugna.
El enfoque actualmente minoritario en la SCJ es el que viene ganando
terreno desde hace décadas: sostiene, por lo menos desde los juicios de
Nüremberg en los que fueron condenados altos jerarcas nazis, que determinadas
conductas son “crímenes contra la humanidad” porque afectan sus intereses
colectivos fundamentales, y que ninguna norma nacional o acuerdo internacional
puede ampararlas. De allí deriva, entre otras cosas, que tales crímenes no
deben prescribir, o sea que la posibilidad de juzgarlos y castigarlos no debe
extinguirse jamás.
La actual mayoría de la SCJ se opone a esto afiliándose a una corriente
que, mientras se bate en retirada, alega que nunca debe aplicarse en forma
retroactiva una norma penal más perjudicial para la persona sometida a proceso,
aunque sea por estos crímenes gravísimos. Pero lo que indica la doctrina
internacional predominante es que en estos casos no se trata de elegir la ley
más beneficiosa para el acusado, a fin de proteger sus derechos individuales,
sino la más beneficiosa para la protección de los derechos de la humanidad
toda.
La relación de fuerzas dentro de la SCJ es, por supuesto, variable:
depende de su integración coyuntural y no expresa una esencia metafísica de la
Justicia (la mayoría de ese organismo declaró constitucional en 1988 la Ley de
Caducidad, y quienes ocupaban las cinco butacas en 2009 resolvieron, por
unanimidad, que era inconstitucional). Es probable que, con el paso del tiempo,
pasen a predominar entre los cortesanos los criterios que prevalecen en el
mundo. El riesgo es que, hasta que eso suceda, se profundice el daño que causa
la impunidad al conjunto de la sociedad uruguaya.
Publicado en el periódico La Diaria de Uruguay
[i] La ley 18.831 fue aprobada por el Parlamento y promulgada
por el Poder Ejecutivo en octubre de 2011, a días de que el 1° de noviembre de
ese año prescribieran los delitos cometidos por militares y policías durante la
dictadura, al computarse esa fecha el máximo legal de 26 años y 8 meses
contabilizados desde el 1° de marzo de 1985, cuando retornó la democracia.
En su artículo 1°, la ley señala que "se
restablece el pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado para los
delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1º de marzo
de 1985". La medida rige para los delitos previstos en el artículo 1° de
la ley de Caducidad (15.848) de diciembre de 1986.
En el artículo 2°, la norma elimina los plazos de
prescripción de los delitos. "No se computará plazo alguno, procesal, de
prescripción o de caducidad, en el período comprendido entre el 22 de diciembre
de 1986 y la vigencia de esta ley, para los delitos a que refiere el artículo
1º de esta ley", señala.
Finalmente, en el artículo 3°, la ley 18.831
declara que los delitos cometidos por militares y policías durante la dictadura
(1973 -1985) "son crímenes de lesa humanidad de conformidad con los
tratados internacionales de los que la República es parte".(Nota del editor)
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