“Y ahora ¿quién podrá defenderme?”

Por Rafael Puente

Por si tuviéramos pocos problemas pendientes -sin contar la Cumbre ‘Río + 20’ y el 42º encuentro de la OEA, con las respectivas y aparentemente contradictorias posiciones bolivianas-, en estos días se ha puesto en movimiento una nueva marcha indígena protagonizada por las comunidades de Mallku Khota (en el Norte de Potosí) y con el respaldo del Conamaq, y por supuesto su meta es la ciudad de La Paz.

¿Qué plantean estos nuevos marchistas? Fundamentalmente se oponen a la intervención de la empresa canadiense South American Silver, con la que supuestamente el Gobierno estaría firmando un contrato para la exploración -y eventual explotación, si no ¿para qué explorar?- de las riquezas mineras existente en los alrededores de las lagunas de Mallku Khota (los comunarios hablan de “lago sagrado”). Dicen que los planes de dicha empresa -de explotación a cielo abierto- dañarían de manera irreversible las aguas de la comunidad (que por lo visto son parte de la cabecera de la Cuenca Amazónica y de la Subcuenca de río Grande, por lo que su afectación traería implicaciones desastrosas no solamente para la zona cercana y sus comunidades, sino para otros pisos ecológicos que dependen de la protección que se brinde a esa cabecera de cuenca).

Por su parte el Gobierno ha reaccionado con más aspereza que voluntad de diálogo, y no ha quedado claro si la arbitraria detención de Cancio Rojas (curaca de Marca Sacaca, acusado caprichosamente de haber tomado como rehenes a efectivos policiales) es parte de dicha aspereza; todo esto a pesar de que el día 5 de este mes autoridades gubernamentales habían garantizado a los comunarios el derecho a la protesta.

Inevitablemente nos asaltan varias preguntas: después de aprobada la nueva Constitución ¿sigue vigente la normativa minera promulgada por Gonzalo Sánchez? ¿Dónde quedan el Estado Plurinacional y su soberanía económica si la experiencia de San Cristóbal se va a repetir una y otra vez? El nuevo Estado Productivo ¿va a seguir insistiendo en la vieja economía extractivista? Es que los derechos de la Madre Tierra no sólo van a ser violados en el TIPNIS, sino en cualquier escenario que se presente? ¿Dónde queda la participación social?

Pero nuestra consternación se convierte en desesperanza cuando escuchamos a los portavoces de dicha marcha que lo que pretenden los comunarios es ser ellos mismos los que exploten las riquezas minerales de Mallku Khota, y sabemos de sobra las consecuencias ambientales que siempre han tenido y siguen teniendo las actividades de las cooperativas mineras, que funcionan sin dios ni ley y que nunca han invertido un peso en contrarrestar posibles daños ambientales.

¿Es que el lago sólo es sagrado cuando se trata de una empresa transnacional, y deja de serlo cuando sirve a intereses de comunarios organizados en cooperativa? Es indudable que éstos tienen mucho más derecho sobre sus recursos que una transnacional canadiense, pero ¿no era que ese derecho debe subordinarse a los derechos de la Madre Tierra? Hermanos del Conamaq, no nos quiten las últimas esperanzas'

¿No se repite aquí la lógica perversa del caso TIPNIS, donde se argumenta con “desarrollo” presente a costa de matar la vida futura, y donde no pocos dirigentes que defienden a la Madre Tierra luego se muestran dispuestos a violarla en aras de beneficios personales?

A todo esto, ya suficientemente preocupante, se suman las maniobras de la empresa canadiense para dividir a los comunarios -motivo suficiente para declararlos personas non gratas y pedirles que se vayan a Toronto, y de paso que dejen de llamarse South American- e incluso el peligro de militarización de la zona y de nuevos enfrentamientos entre pobres.

No vamos a esperar sensatez de parte de la South American Silver, pero sí podemos esperarla de un Gobierno que representa de manera especial a los pobres y a las comunidades indígenas, y que ha demostrado que puede enfrentarse a intereses imperiales. Ukamau.

Rafael Puente es miembro del Colectivo Urbano por el Cambio de Cochabamba.