Avance nacionalizador en minería

Por: Alfredo Rada

Al ver los enfrentamientos en la mina Colquiri, inevitablemente recordamos lo sucedido en otra mina, Huanuni, los días 5 y 6 de octubre de 2006, cuando la disputa por el cerro Posokoni, el reservorio estañífero más grande del país, tuvo un desenlace fatal.

El enfrentamiento a bala y dinamita entre trabajadores de las cuatro cooperativas mineras que predominaban en Huanuni, y obreros pertenecientes a la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) dejó un saldo de 12 muertos y 56 heridos.

Fue una verdadera tragedia que llevó a la defenestración del ministro de Minería, que era representante de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) y su inmediata sustitución por un hombre, Guillermo Dalence, formado en la tradición minero-sindical vinculada a la Central Obrera Boliviana.

El ministro Dalence tuvo a su cargo la tarea de resolver el problema social de Huanuni y lo hizo aplicando el decreto 28901 que revirtió al Estado todas las concesiones otorgadas a las cooperativas, fortaleciendo a la Empresa Minera Huanuni como entidad estatal estratégica y dependiente de Comibol.

Fue así que se contrató casi a la totalidad de los trabajadores cooperativistas, incrementando la fuerza laboral de Huanuni de 800 a 5.000 obreros, con lo que se convirtió en el centro productivo con mayor concentración proletaria del país.

Luego de este cimbronazo, en los años siguientes el Gobierno manifestó, y en reiteradas ocasiones, su intención de nacionalizar varias minas concesionadas a la empresa Sinchi Wayra, filial de la transnacional Glencore. Esas minas eran Porco (ubicada en Potosí), Bolívar (en Oruro) y la propia Colquiri (en La Paz).

Pero ante cada anuncio gubernamental respondían los dirigentes sindicales de esos distritos oponiéndose con el argumento de que estaban “defendiendo sus fuentes de trabajo”; en los hechos apoyaban a la empresa transnacional.

En términos de un análisis marxista se diría que, en ese momento, esos obreros sindicalizados tenían condición de clase, pero no conciencia de clase, porque seguían asumiendo como propios los intereses patronales.

En los últimos diez años, al interior del sector cooperativista minero, beneficiado por la coyuntura internacional de altos precios de los minerales, se generaron procesos de acumulación capitalista que terminaron por constituir nuevas fracciones de clases sociales.

Como es lógico, cuando hay ciclos de expansión económica, sus afiliados subieron de 30.000 a 80.000, todos ellos bajo el denominativo genérico de socios. Pero la diferenciación social entre un pequeño segmento que conforma ya una nueva burguesía y las decenas de miles de trabajadores a los que contrata en tanto poseedora del capital, no respeta los criterios formales o estatutarios como aquél de que “en las cooperativas todos somos socios”.

La alianza entre el Gobierno y Fencomin, que se había debilitado luego de los sucesos de Huanuni, gradualmente se fue restableciendo. Esto ha permitido a la dirigencia del sector sumar poder político al poder económico que ya posee.

Pero esta alianza sumamente positiva para el proceso de cambio y para el Gobierno del presidente Evo Morales, especialmente en los momentos de arremetida cívico-prefectural de la “media luna” en 2007-2008, y en el proceso de aprobación de la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional, comienza ahora a mostrar algunas aristas problemáticas.

Hace tres semanas, la toma de la mina Colquiri (palabra aymara que significa “mesa de plata”) por la Cooperativa Minera 26 de Febrero Ltda. activó un conflicto social en la zona.

Ante la ocupación de su centro de trabajo, los trabajadores sindicalizados respondieron exigiendo la nacionalización de la empresa. Los dos bandos chocaron a fuerza de dinamitazos, ocasionando más de 20 heridos. El conflicto estuvo a punto de generalizarse hacia otras regiones mineras, lo que finalmente no sucedió.

Pero, ¿cuándo se originó el problema?, meses antes, cuando la cooperativa acordó con la empresa Sinchi Wayra un arrendamiento de una de las vetas (la veta Rosario) de aquel centro minero, con lo que desató (hasta podríamos pensar que la transnacional buscaba desatar) una pugna de intereses que, en su agravamiento, tuvo esta vez no un desenlace trágico como el de Huanuni, sino una salida pactada en arduas negociaciones conducidas por el ministro Carlos Romero.

El acuerdo sustentó una decisión gubernamental que lleva las cosas a un plano superior.

La nacionalización de Colquiri efectuada mediante el Decreto Supremo 1264 revierte a favor del Estado la totalidad del centro minero que ahora será operado en su mayor parte (se calcula un 60 a 70%) directamente por la nueva Empresa Minera Colquiri, dependiente de Comibol, y, en una parte menor, por la Cooperativa 26 de Febrero, en arrendamiento. Se contempla el pago por la maquinaria, equipo e insumos nacionalizados a Sinchi Wayra, aspecto que no desvirtúa el conjunto de la medida.

Antes de comenzar formalmente sus operaciones, la nueva empresa estatal comienza a atraer a cientos de trabajadores (muchos de ellos a destajo o jornaleros) de la cooperativa, que ven en su incorporación a Comibol la posibilidad de contar con una fuente de trabajo estable, pero también de acceder al ejercicio pleno de sus derechos laborales y a la organización sindical.

Ya había ocurrido lo mismo en Huanuni, donde hubo una migración masiva de mineros que trabajaban en condiciones de informalidad hacia filas estatales. Puede de esto derivarse una hipótesis: la alianza del Gobierno debiera ser fundamentalmente con las numerosas bases laborales del cooperativismo.

El decreto promulgado el 20 de junio deja fuera de las labores extractivas y productivas directas a la empresa transnacional. Es indudable que se trata de un avance en el control nacional de los sectores estratégicos de la economía, un avance que seguirá reconfigurando el panorama de la minería en Bolivia.

Es indudable que fortalece al sector minero estatal que accede así a una nueva fuente de generación de excedentes económicos netos (mientras los precios internacionales sigan altos).

Es indudable, también, que refuerza a los sindicatos de trabajadores mineros con la incorporación de un nuevo contingente obrero sin mentalidad conservadora.

La medida dará renovado impulso a las tendencias nacionalizadoras y volverá a poner en la agenda de los temas impostergables la aprobación de una nueva Ley Minera que reemplace los contenidos neoliberales del viejo Código de Minería de 1997.