Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás...
La experiencia boliviana nos debe llevar a proponer
que la reversión de minerales al dominio del Estado, como los que explota la
empresa Sinchi Wayra (SW) en Colquiri mediante un contrato dañino a Bolivia,
debe ser el camino hacia la constitución de un sector social de la economía. A
la vez es urgente divulgar que las cooperativas mineras, en cambio, en un
porcentaje abultado son empresas capitalistas, como lo demuestran varios
ejemplos.
Sin embargo, de acuerdo a la información de la que
disponemos, lo esencial de la disputa que se desarrolla en Colquiri son los
intereses de SW a la que por acción u omisión le sirve una “nacionalización”,
como plantearon los gobernantes y/o su continuidad, como propusieron los
cooperativistas, a los que esa empresa les ofreció una veta y cuya producción
sería vendida a SW para que ésta la comercialice con las ventajas que logran
esas compañías en el mercado internacional.
SW explota, en Colquiri, especialmente estaño y
zinc: parajes mineros que han sido concedidos en alquiler por el Estado. Una
fuente creíble nos hizo saber que SW debe no menos de $us. 100 millones (por
una parte de sus operaciones) y que sus ejecutivos tratan de liquidar esa
empresa y constituir otra para que continúe en la extracción de los yacimientos
mineros de Colquiri. Para esclarecer este asunto, ayuda lo dicho por el
Viceministro de Desarrollo Productivo Minero, a medios de difusión, que los
minerales que extrae SW, en Colquiri, son de propiedad de COMIBOL. Ese
funcionario, además, calificó como “leonino” ese contrato que autoriza las
operaciones mineras de SW en Colquiri.
El enfrentamiento entre asalariados y
cooperativistas mineros, en Colquiri, es una consecuencia de la disputa de intereses,
de la lucha por el pan. Los primeros tratan de asegurar el trabajo por el que
reciben un salario (el que en Huanuni es de Bs 10.000 en promedio); en tanto
que los más de 100.000 cooperativistas mineros, perciben montos variados, pero
sobre todo un grupo muy pequeño de ellos se queda con la parte del león, es
decir, como los empresarios privados, ganan mucho más que la mayoría que
integra ese sector laboral.
Es cierto que los cooperativistas mineros trabajan
sin medidas de seguridad industrial y que saquean los yacimientos en los que
laboran. Y porque carecen de dirección técnica y operan desprotegidos, al
comienzo del auge de esa actividad, luego de la denominada “relocalización”, se
los denominó “nuevos mitayos” de esos tiempos neoliberales.
De ese grupo socio-laboral han surgido los nuevos
ricos que son los menos. Uno de ellos financiaba al club deportivo de fútbol
Nacional Potosí, lo que hacía, dijo, por sus “hermanos mineros”. Otro de esos
nuevos ricos es dueño del hotel más lujoso de Santa Cruz de la Sierra.
Potosinos, mejor informados, identifican a esos nuevos explotadores de recursos
mineralógicos con mano de obra de supuestos cooperativistas, muchos de los que
en realidad son asalariados.
Además, esos cooperativistas prósperos casi siempre
son socios o al menos se comportan como facilitadores de los empresarios que
comercializan minerales y que exportan, incluidos los minerales resultado del
“juqueo”, es decir, del robo de esa materia prima.
Esos nuevos ricos integran los sectores sociales dominantes
(explotadores y opresores), básicamente, como los otros patrones y allí la
apropiación de las ganancias es de tipo individual.
En cambio, los asalariados, por muy bien pagados que
estén, nada tienen de propietarios privados. Ese es un rasgo esencial que
diferencia a los trabajadores de empresas, como la SW, respecto de los
cooperativistas. Los asalariados mineros son explotados y oprimidos con lo que
sólo en parte, con su trabajo, aseguran parte significativa de los salarios de
los bolivianos y aunque no tengan la capacidad de decisión de otro tiempo.
Sin embargo, sólo en momentos como ahora, que
demandan del gobierno la “nacionalización” (conclusión del contrato de
arrendamiento es mucho más apropiado) de SW y de todos los yacimientos mineros
de Colquiri, tratan de comportarse como vanguardia de las luchas sociales y
políticas de los trabajadores bolivianos. Todos los cooperativistas serán
incorporados a la empresa nacionalizada y en ese centro minero no habrá
cooperativistas en el futuro inmediato, dijo uno de los voceros de los
trabajadores regulares en medio de los enfrentamientos de Colquiri, los
que lamentamos. Y aunque no dijeron expresamente, los que proponen la
“nacionalización” de SW, quizá se apoyen en el ejemplo de Huanuni, empresa en
la que casi todos los cooperativistas del lugar fueron absorbidos por ese
centro minero, actualmente con las mayores reservas de estaño en explotación
del país.
El conflicto por intereses económico-sociales y, en
particular, los enfrentamientos de los que resultaron heridos (cuatro de
gravedad) son la demostración de que los mineros asalariados dejaron de ser lo
que fueron, cuando al mismo tiempo de luchar por sus demandas legales y
legítimas, lo hacían por el conjunto de los trabajadores, precisamente, porque
las peticiones de unos y de otros coincidían en lo principal. Y es también
esencial decir que esos enfrentamientos tienen como telón de fondo los
intereses de la SW, la que si se rescinde el contrato referido, cobraría una
indemnización, cuyo derecho se anticiparon en reconocer las autoridades
bolivianas.
El conflicto de Colquiri debe ser leído sin
anteojeras el que, entre otros factores, se debe a la despolitización y a la
desideologización de los nuevos contingentes de trabajadores del subsuelo. Al
revés de lo que antes se decía y se hacía, en este último tiempo no existe
partido político alguno que influya al menos entre los asalariados mineros (y
también entre los cooperativistas) para que otra vez se consiga la “fusión” de
ideas avanzadas con el movimiento obrero minero. Con la relocalización, fueron
sacadas de allí las formas revolucionarias de ver el mundo y la vida, así como
los instrumentos para el análisis de las condiciones de vida y de trabajo, por
lo que no existe la propuesta para que los trabajadores luchen por su
emancipación que será obra de ellos.
Además, actualmente se ve que hay mucho de revuelta
y poco de revolución entre los mineros asalariados y entre los cooperativistas
predomina el interés de la apropiación individual del trabajo que es el que
despliega la mayoría de ese creciente contingente de trabajadores por cuenta
propia, incluidos los pocos que viven del trabajo asalariado de esa mayoría
laboral.
Los asalariados mineros, en su último congreso
realizado en Potosí, aprobaron como propuesta política la nacionalización de
las minas, como primordial tarea de este período. Sin embargo, respecto de ese
planteamiento, miembros de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de
Bolivia (FSTMB) tienen un comportamiento dual: rechazaron la nacionalización de
la empresa San Cristóbal cuando el actual ministro de Minería dijo que una
aspiración de potosinos y bolivianos es la recuperación de los recursos mineros
que esa compañía explota. Antes, otros dirigentes sindicales mineros del sector
privado, incluso en ampliados de la COB, dijeron que a los trabajadores del
subsuelo no les convenía la nacionalización porque el Estado era incapaz de
mantener la producción y, por tanto, sus puestos de trabajo. Hace poco, el
Presidente señaló que son los dirigentes sindicales mineros los que se oponen
al rescate de las riquezas mineralógicas para las regiones, el pueblo y el
país, lo que dijo que le extrañaba.
Desde Aquí celebramos que asalariados de las minas
exijan la “nacionalización” total de los recursos mineros de Colquiri, aunque
con propiedad debe hablarse de conclusión del contrato y reversión de esos
yacimientos mineros al dominio del Estado. Sería una medida de veras avanzada
si su destino fuera la articulación de un sector social de la economía boliviana;
en el que los trabajadores participen de las decisiones políticas, económicas y
administrativas, y en el que la propiedad sea colectiva.
Lo que reprobamos es que el gobierno firme un
convenio con los cooperativistas para ampliarles sus parajes mineros, para una
explotación en beneficio particular (incluidos créditos, maquinaria, liberación
de impuestos y otras gangas) y a la vez prometa la “nacionalización” de las
pertenencias mineras de las que extrae esas riquezas SW, en Colquiri, las que
son de propiedad de los bolivianos.
¿A eso se denominará complementariedad, equilibrio
de intereses, coexistencia de dos grupos humanos que tienen intereses
contrapuestos, aunque no sean irreconciliables?
Lo más grave: así se simula un servicio adicional a
SW, cuya conclusión de su contrato para la explotación de los recursos mineros
de Colquiri, procedería por su deuda al Estado y a los bolivianos. Deuda que SW
debió pagar hace tiempo y los gobernantes con certeza que están enterados de
esa obligación y no la emplazan legalmente a esa empresa para que la cubra.
Deducimos, sin embargo, que los gobernantes sobre
todo en aras de una tercera elección del actual Presidente traten de atender
las demandas de los cooperativistas y al mismo tiempo pretendan contentar a los
que creen (o creemos) en la recuperación de las riquezas naturales para las
regiones, el pueblo y el país. ¿El llamado Estado plurinacional le debe algún
servicio a SW?
Los más de 100.000 cooperativistas mineros,
potenciales electores del Presidente, son los que cuentan más que otras
consideraciones, pensamos, el momento de buscar una salida al conflicto de
Colquiri.
El gobierno debe decidirse, con claridad y sin
dobles intenciones, por la reversión al Estado de los recursos mineros de
Colquiri, en el camino hacia un sector social de la economía del país. Y, como
en Huanuni contratar, proletarizar, a los cooperativistas mineros.
Lo que no tienen que hacer los gobernantes y el
Presidente es intentar un viaje en dos cabalgaduras la vez, sobre todo porque muestran
que son jinetes tramposos frente a potros que se desbocan, es decir, que
emprenden el galope por vías poco o nada conocidas.
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