Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás...
Por: Eduardo Gudynas
No es sencillo resumir los resultados del encuentro de
los países miembros de la Convención Marco en Cambio Climático de las Naciones
Unidas, que tuvo lugar en Lima (Perú). Su objetivo era ambicioso y también
urgente. Se debía precisar el marco de un futuro tratado, protocolo o mandato
que impusiera restricciones sobre la emisión de gases con efecto invernadero
para contrarrestar el cambio climático.
Es un objetivo que se intenta alcanzar desde hace
años, y se esperaba concretarlo en Lima, dada la presión ciudadana y nuevos
reportes científicos que confirmaron que el cambio climático es más grave de lo
esperado y que avanza más rápidamente.
Bajo los compromisos actuales, tales como el viejo
Protocolo de Kyoto, los únicos que tienen obligaciones de reducciones son las
naciones industrializadas. A los países en desarrollo, y entre ellos los
latinoamericanos, no se les exige limitar sus gases invernadero, aunque pueden
hacerlo voluntariamente. Pero es muy evidente que esa posición es actualmente
insostenible, ya que muchas naciones del sur han pasado en los últimos años a
estar entre los más grandes contaminantes del planeta. Un nuevo acuerdo
impondría obligaciones para todos los Estados, y allí surgen las
confrontaciones y desavenencias.
Esas discrepancias quedaron en claro en Lima. Buena
parte de las naciones en desarrollo no desea limitar sus propias emisiones de
gases invernadero ya que las conciben como trabas a su progreso económico. Y en
caso de que algo hicieran, quieren que los países ricos las compensen
económicamente por eso.
Las naciones industrializadas evitan reducir todavía
más sus gases invernadero, y nada quieren saber de una ayuda financiera masiva.
De esta manera, en Lima, casi todos los países
invocaban la gravedad del cambio climático, pero en verdad evitaban asumir
compromisos, aunque usando argumentos muy distintos. Se llegó a un acuerdo pero
es tan vago e impreciso que no impone obligaciones ecológicas o financieras, y
deja casi todo abierto para seguir negociando un año más.
Viejos y nuevos
contaminadores
La diversidad de argumentos para esquivar las
responsabilidades ya no puede ser analizada desde una perspectiva que separa
dos bloques: el "norte” y el "sur”. Es una simplificación sostener
que sólo el norte es el principal emisor de gases invernadero, y el sur, sin
responsabilidades, sufre las consecuencias. En los últimos años la situación ha
cambiado drásticamente, y entre los 10 más grandes contaminadores globales
están entreverados países del sur y del norte. El primer lugar lo ocupa China,
que desplazó a Estados Unidos al segundo sitio. Si se toma a los 28 países de
la Unión Europea como un conjunto, estarían en tercer lugar, pero a nivel
individual ese sitio es ocupado por India. A su vez, en esas primeras
ubicaciones aparecen por ejemplo Indonesia y Brasil, que emiten más que Japón o
Alemania. Eso explica que naciones como China o Brasil se resistan a aceptar
obligaciones para reducir sus emisiones, sólo lleven adelante planes
voluntarios.
Se ha dicho muchas veces que esos indicadores totales
no son muy justos, y que deberían considerarse las emisiones por personas. Si
así se hace, una vez más aparece otra geografía ecológica. El punto de
referencia para lo que podrían llamarse "emisiones justas” son dos
toneladas de CO2 por habitante en el planeta, y sin duda las naciones
industrializadas están muy sobrepasadas. Pero nosotros, en América del Sur,
también. Paraguay ocupa el primer lugar con 18,2 toneladas CO2 por persona, el
segundo lugar corresponde a Bolivia (14,8), y en el tercer puesto está
Venezuela (13,4). Todos los indicadores son contundentes: nuestros países
también son responsables.
Más de un lector se preguntará a qué se debe esta
particular situación de los latinoamericanos. Es que mientras en los países
industrializados el principal origen de las emisiones son los gases de las
fábricas y motores, en América del Sur su origen está en la deforestación, las
transformaciones agropecuarias y otros cambios en el uso del suelo.
Aceptando que las principales emisiones tienen esos orígenes,
queda en claro que las políticas nacionales contra el cambio climático, en
países como Bolivia, deben comenzar por cambiar sus estrategias de desarrollo
rural, modificar la tenencia de la tierra y detener la deforestación. Se impone
un cambio de rumbo que no es nada sencillo, y que los Estados prefieren evitar,
y rara vez mencionan en los cónclaves internacionales.
¿Una Pacha Mama atómica?
Todos los gobiernos invocan la protección ambiental,
pero de todas maneras quedan atrapados dentro de los desarrollos convencionales
y son incapaces de atacar las causas del cambio climático. El Gobierno de
Bolivia ejemplifica esas tensiones. Defiende a la Pacha Mama en los discursos,
y eso es algo en lo que todos estamos de acuerdo, pero sus prácticas concretas
son otras. Es que la Pacha Mama gubernamental es sólo planetaria, pero no
asegura una adecuada protección dentro de Bolivia, y en especial ante los
problemas ambientales locales que se deben a la extracción de hidrocarburos.
Es una Pacha Mama que sólo llega hasta donde comienza
el nacionalismo de los recursos, y por ello cuando hay que elegir, siempre
triunfa el interés exportador sobre la protección ambiental. Y hasta se ha
caído en una Pacha Mama atómica, con la propuesta de instalar una central nuclear
en el país, lo que es una medida reñida con las más básicas consideraciones
ambientales.
Estos problemas se repiten en todos los países, y por
ello se cae en las "irresponsabilidades comunes e indiferenciadas” en el
ámbito de las negociaciones internacionales en cambio climático, como ha
descrito Gerardo Honty.
América Latina debe romper éstas con esas
contradicciones y comenzar, cuanto antes, sus propios planes de reducción de
emisiones y adaptación ante el cambio climático. No puede esperar por los países
ricos ni seguir apelando a la mera retórica. Debe defender en serio y con
efectividad sus propios ambientes y sus comunidades.
Paraguay ocupa el primer
lugar con 18,2 toneladas de CO2 por persona, el segundo lugar corresponde a
Bolivia (14,8), y en el tercer puesto está Venezuela (13,4). Todos los
indicadores son contundentes: nuestros países también son responsables.
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