Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás...
Por: Magda
Lidia Calvimontes
La fuerza del discurso tolerancia cero para los hechos de corrupción, se va
perdiendo, y está convirtiéndose nuevamente en una utopía, pese a que a la
fecha contamos con una Constitución Política del Estado que ha establecido que
los delitos cometidos por servidores públicos que atenten contra el patrimonio
del Estado y causen grave daño económico, son imprescriptibles y no admiten
régimen de inmunidad. Y pese a que siguiendo el mismo camino la Asamblea
Legislativa Plurinacional, redacta la Ley de Lucha Contra la Corrupción,
enriquecimiento ilícito e investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa
Cruz” que tiene por finalidad la prevención, acabar con la impunidad en hechos
de corrupción y la efectiva lucha contra la corrupción, recuperación y
protección del patrimonio del Estado; salvo
denuncias y más denuncias, no existen sentencias ejecutoriadas y recuperación
del daño patrimonial al Estado.
¿Cuál es entonces el resultado de tantas denuncias
realizadas por delitos de corrupción; a la fecha no se tienen resultados,
entonces cabe hacerse varias preguntas, ¿por qué existe retardación de justicia?,
¿por qué el accionar penal del Ministerio Público no es diligente?, o ¿será por
falta de indicios suficientes en los cuales ambas instancias puedan hacer que
los casos denunciados por corrupción de manera efectiva en los plazo
establecidos por ley, se imputen, acusen, vayan a juicio oral, obteniendo una
sentencia condenatoria ejecutoria y la reparación del daño económico al Estado?
En lo que a mi experiencia cabe, como ex fiscal y ex
directora departamental de la Procuraduría General del Estado, puedo afirmar
con absoluta seguridad que en vez de avanzar estamos generando un uso y abuso
indiscriminado de la acción penal, en muchos casos, sin los elementos
probatorios que le permitan al Ministerio Público, imputar, acusar e ir a
juicio oral, de forma ágil y oportuna; más al contrario el resultado de tanta
denuncia en estos años, ha generado un estado de zozobra en las familias de las
y los denunciados, dejando en el limbo de la duda, presumiéndose la
culpabilidad y no al revés, la inocencia.
En la vigente Constitución Política del Estado, en lo
referente a funciones de control y defensa del Estado, a diferencia de la anterior Constitución, establece que es la Contraloría General del Estado la institución técnica que está
facultada para determinar indicios de
responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal, de ahí que en todos los casos donde se presuma corrupción se debe
derivar a la Contraloría los antecedentes para que determine los indicios de
responsabilidad.
Lo que a la fecha no está pasando, dado que ni bien
saben que existe una denuncia en el Ministerio Público, la CGE declina cumplir
ese mandato constitucional, con el argumento que otra instancia ya está
realizando la investigación. Pero el Ministerio Público está facultado para
accionar penalmente, no para establecer indicios, siendo ello facultad de la
Contraloría General del Estado, misma que con un trabajo técnico, imparcial,
objetivo y transparente permitirá que el Ministerio Público cuente con los
elementos probatorios, que le permitan tener resultados contundentes en la
lucha frontal contra la corrupción, dejando de ser una Utopía para ser una
realidad.
La autora vive en Tarija,
es abogada y fue constituyente por el MAS
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