Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás...
Por: Omar A. Yujra Santos
En la actual coyuntura es común escuchar promesas propias de los políticos tradicionales. Con relación al sector hidrocarburífero, llama la atención que tanto Doria Medina como Jorge Quiroga planteen, en ánimo de añoranza, retornar al pasado en el que las más beneficiadas eran las empresas transnacionales. También es interesante escuchar que los resultados positivos que hoy vive el país se deben a lo que se hizo en el pasado. Si esto es así, ¿qué se hizo realmente en ese entonces?
Recordemos. Antes de la nacionalización del sector hidrocarburífero en mayo de 2006, el gas pertenecía al pueblo boliviano solo mientras estaba bajo tierra. Cuando llegaba hasta boca de pozo, pasaba a pertenecer a la empresa transnacional. De los ingresos que se generaban, solo el 18% se quedaba en el país. Durante el gobierno del Gral. Banzer y de su sucesor, Jorge Quiroga, se inició el proyecto LNG con la denominada “diplomacia del gas”, que tenía la finalidad de promover acuerdos para exportar gas natural a México y EEUU, a través de puertos chilenos y a precios muy por debajo de los que actualmente se establecen para la exportación. Ese proyecto, que fue continuado por Sánchez de Lozada, fue la principal causa para la guerra del gas de 2003, cuya principal demanda era la recuperación de los recursos naturales, para salir de la pobreza heredada de los gobiernos de turno. Mediante la Ley 1981 del gobierno Banzer-Quiroga se excluyó a YPFB de los eslabones de refinación, almacenamiento y comercialización, lo que permitió la privatización de las refinerías Gualberto Villarroel y Guillermo Elder Bell, ductos, plantas de almacenaje y la comercialización de hidrocarburos, creando los “distribuidores mayoristas” que le dieron la estocada final a la entonces YPFB Residual.
Adicionalmente, con el DS 26366 de 2001 se liberó a las petroleras extranjeras de perforar un pozo por parcela, con lo que dejaron de invertir, según algunas estimaciones, $us 1.340 millones en los campos de Itaú, Los Sauces y Margarita, entre otros. Tampoco se realizaron gestiones para recuperar las fracciones líquidas del gas rico exportado a precios de gas seco; empero, con las gestiones realizadas actualmente se recuperaron $us 434 millones.
En términos de inversiones en exploración y explotación, entre 1987 y 2005 (19 años) se invirtieron en promedio $us 217 millones por año; mientras que entre 2006 y 2013 (8 años), $us 569 millones anuales, tres veces más en menos de la mitad de años. Con lo que se tiene programado para esta gestión, se alcanzaría un acumulado $us 6.227 millones. Por tanto, es evidente que las consignas de los candidatos a la presidencia resultan ser añoranzas de un nefasto pasado, al cual no debemos volver; por el contrario, debemos enfocarnos en propuestas que sean de beneficio para el país.
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