Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás...
Cada vez que se registran crímenes horrendos como el asesinato de la joven profesional bioquímica a manos de un guardia de un edificio de parqueo, en la ciudad de Santa Cruz, al mismo tiempo, se renuevan las promesas de endurecer aún más la legislación para que los autores de estas acciones reciban sanciones más severas.
Las protestas de la gente, que son absolutamente justificadas, como la realizada el lunes en la ciudad de Santa Cruz donde se verificó una masiva movilización de ciudadanos pidiendo una declaratoria de alerta, buscan expresar el repudio de una población, que se siente impotente ante la inseguridad ciudadana y que demanda medidas consecuentes con la gravedad de la situación.
Sin embargo, en tiempo de elecciones generales, los candidatos, aprovechan de una manera que resulta hasta grotesca, situaciones de extremo dolor que enlutan a las familias bolivianas, para explayarse en propuestas, dando a entender que las mismas son las más indicadas para solucionar la inseguridad ciudadana y en el caso concreto de los asesinatos a mujeres y el feminicidio, sería algo así como una solución para terminar de una vez por todas con estos casos que estremecen a la población boliviana.
En verdad, el problema que se origina con estos constantes ataques y crímenes contra las mujeres, no es algo que se pueda resolver de una vez y para siempre, desde luego que no, pero lo que se pide a los políticos inmersos en la campaña electoral, es un poco de prudencia, para hacer conocer sus propuestas, en un asunto que es complejo y que no amerita solo una breve declaración a algún medio de comunicación, pues cuando esto ocurre, suena a oídos de la población, como una declaración circunstancial, demagógica o que está cargada del ánimo para aprovechar una situación producto del dolor.
Algunos dicen que se tiene que aplicar la pena de muerte contra los violadores, y afirman esto sabiendo que constitucionalmente no está permitido y que en Bolivia esta extrema pena no está en la norma legal y además el país está inscrito en convenios internacionales que no reconocen esta sanción. Otros piden que se acumulen las penas para los que cometan delitos de violación y asesinato o sea que la pena sea mayor a los 30 años. Se habla también de incluir la pena de castración química.
Los candidatos y políticos en general deberían tener cuidado en formular planteamientos que no están o no se adecuan a las normas legales en vigencia, porque en el supuesto caso de que prospere alguna idea de aquéllas, se tendría que realizar reformas constitucionales y penales, lo que no es explicado a la gente. La intención de esta manera, es perceptible, en el ánimo de impresionar o emitir un mensaje político electoral, que llegue a una ciudadanía, que con toda legitimidad está indignada e impotente ante los hechos criminales. Hay que aceptar que estas conductas de políticos en campaña, no son nuevas, y ni siquiera se presentan solo en periodos electorales, surgen cuando hechos como el de Santa Cruz paralogizan a las personas que buscan respuestas.
Si se trata de encontrar soluciones, se tiene que promover debates serios, empezando por ejemplo, por establecer el papel de la administración de justicia y su pronta reacción ante la ola de crímenes. El asesinato está penado con 30 años de cárcel, el feminicidio igual, sin derecho a indulto. Lo que hay que discutir es el rol de la administración de justicia que teniendo este marco legal, lo tiene que aplicar con eficiencia y oportunidad.
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