Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás...
Argentina
Por:
Julio C. Gambina
Variadas
son las tensiones en la economía local y destaca entre otras el alza de los
precios en general y las demandas empresarias por la devaluación del peso.
La
devaluación supone el aumento de un precio en particular, el del dólar, lo que
incide en los ingresos de los grandes productores y exportadores, como en las
valorizaciones de los activos en moneda extranjera en manos de la élite del
poder económico en el país.
Además,
ese precio del dólar y las divisas en general, se incorpora como costo de
importaciones diversas y expectativas de aceleración de precios en general en
desmedro de las condiciones de vida de la mayoría de la población.
Deuda
A esas
cuestiones hay que sumar las presiones de los acreedores externos,
especialmente desde la demanda judicial en EEUU. Una situación que se
reiterará, por lo menos hasta comienzos del 2015, plazo que parece haber
establecido el gobierno argentino para negociar y cumplir la sentencia
estadounidense y no soportar el potencial costo de la cláusula RUFO.
En ese
sentido vale consignar que las novedades son cotidianas, con un juez que no
atina a embargar los fondos depositados a fines de junio en la banca de Nueva
York, realizados por el gobierno argentino con destino a los bonistas del canje
2005 y 2010. A fines de septiembre puede repetirse y agravarse la situación por
nuevos vencimientos de la deuda negociada.
Las
condicionalidades del propio juez neoyorkino se derivan del accionar de
terceros, caso del City Bank, que solicitan la Cámara de Apelaciones de la
Justicia de Nueva York que se revise el fallo de Griesa y se destrabe una
situación que afecta al negocio de la especulación financiera global.
Por su
parte, la solución entre privados, los Bancos que ofrecen comprar bonos a los
fondos buitres, no avanza. Entre las explicaciones que circulan se aduce falta
de acuerdo en el precio de los bonos de la sentencia, aunque también, la
noticia de una negociación entre bancos y buitres parece una operación de
prensa de grandes bancos transnacionales que intentan con sus anuncios frenar
la desvalorización de sus tenencias de bonos argentinos. Es que más allá de
cualquier debate, esos bonos que figuran en los balances de los grandes bancos
son calificados en default para el sistema financiero global.
La
novedad política en el país es el inicio de una campaña popular que sostiene la
suspensión del pago de la deuda y su investigación, impulsada por un amplio
abanico de organizaciones y personalidades que esta semana desplegó mesas de
debates en algunas ciudades del país para generar consenso en tratamientos
alternativos a la cuestión del endeudamiento y la conflictividad a propósito de
los buitres y la justicia de EEUU.
No es
menor el impacto en la Argentina del embrollo Griesa. Es importante e incide
sobre las certidumbres de rentabilidad que pretenden los inversores en tiempo
de crisis y entre otras cuestiones se manifiesta en la discusión sobre el nivel
de las tasas de interés que promueve el Banco Central, una cuestión que se
presenta como internas entre el Banco Central de la República Argentina y el
Ministerio de Economía. Aquel en perspectiva más ortodoxa y por la
estabilización macroeconómica y éste más afecto a la recuperación de la
economía más allá de la escalada de los precios.
Por eso
es que se discute a quién beneficia el alza de tasas luego de la devaluación de
enero y ahora a la baja. Es una tensión entre favorecer la especulación
financiera entre tasas, bonos y divisas aun enfriando la economía y generando
costo social, o el crecimiento de la producción para morigerar el efecto social
de suspensiones y despidos. Es evidente que no es lo mismo una cosa que otra,
pero sea por la rentabilidad financiera o productiva, el eje siempre está en el
beneficio del inversor especulativo o productivo y el costo se difunde entre
trabajadores y sectores empobrecidos de la sociedad.
Precios,
ingresos y empleo
Todas
son tensiones en la disputa por la renta nacional, que suponen beneficiarios y
perjudicados de una trama compleja de relaciones socioeconómicas.
El
problema a consignar es que el costo de estas tensiones recae sobre salarios y
empleos, agudizando el deterioro en la calidad de vida de la mayoría de la
población.
El marco
general de funcionamiento de la economía es de una recesión que parece no
terminar en el corto plazo y que se proyecta para todo el 2014, en consonancia
con las tendencias verificadas en la región y en el mundo, aunque agravadas en
la Argentina. El país aparece en las proyecciones estadísticas provistas por
organismos internacionales entre los de más bajo crecimiento económico. Ese
deterioro de la capacidad productiva en el país convoca a la disputa para no
perder posiciones en la cúpula y a escala de la pirámide del poder económico y
por ende, cada quién intenta trasladar el costo hacia sectores de menor poder
relativo de una organización de la economía sostenida en la amplia base social
por los trabajadores y diversos sectores sociales empobrecidos.
Un dato
relevante es que el alza de los precios acumula a Junio un 16,7% según el INDEC
y reaparece la discusión sobre el nivel efectivo del crecimiento inflacionario.
No se
trata del dibujo grosero de las estadísticas hasta diciembre pasado, pero sí de
privilegiar en el registro oficial los precios cuidados que no tienen alcance
territorial nacional y disminuyen el promedio de los precios de los bienes de
consumo cotidiano. A cuanto llegará la inflación anual es la preocupación del
amplio arco social de ingresos fijos.
La
desactualización de los ingresos populares, sea por el encarecimiento de los
precios, el impacto del impuesto a las ganancias, las suspensiones y despidos
motivan acciones diversas.
Iniciativa
política en juego
El
gobierno interviene en el cierre y pedido de quiebre de la estadounidense
Donnelley que afecta a 400 trabajadores y a sus familias, y más allá de las
acusaciones por “sembrar el terror” pretende contener el conflicto social y
responsabilizar a buitres productivos. Es una iniciativa convergente con el
impulso legislativo a instrumentos que condicionen, limiten y repriman las
formas de protestas callejeras.
Vale
interrogarse sobre las responsabilidades de la política económica y el modelo
productivo y de desarrollo que otorga sustento a inversores como los de la
gráfica estadounidense u otras empresas que hoy son visibles en el conflicto
por el empleo y el ingreso de los trabajadores.
Esa
iniciativa política del gobierno intenta recrear una subjetividad entre
sectores socio político afines, con un discurso contrario a ciertas
características del orden capitalista, escamoteando el reconocimiento que se
trata de una tendencia hegemónica de la acumulación capitalista de época.
Claro
que esa épica ocurre en simultáneo con una orientación a insertarse más
decididamente en el mercado mundial de préstamos y atraer inversiones externas
para perpetuar el desarrollo capitalista.
Un
desarrollo que está plagado de buitres y no solo en el campo de las finanzas,
tal como puede verificarse en la biotecnología, la alimentación o la mega
minería a cielo abierto, la producción por ensamble en las automotrices,
electrodomésticos o artículos para el hogar y otro sectores de la producción
industrial.
Además
del gobierno existen iniciativas políticas diversas que intervienen en la
disputa por la organización de los trabajadores y el modelo sindical, con
vetustas burocracias que sostienen sus posiciones renovadas en años de
recuperación económica capitalista y extensión de negociaciones colectivas con beneficio
para el sector formalizado del empleo. Son beneficios logrados desde la lucha
de los trabajadores y apropiada por burocracias más interesadas en sus
intereses corporativos y asociados a la rentabilidad empresaria.
La
disputa por la voluntad de lucha y organización de los trabajadores está siendo
protagonizada por proyectos políticos expresados en comisiones internas
combativas, vinculadas a partidos de izquierda y a la voluntad creciente de la
CTA por insertarse más decididamente entre los trabajadores del sector privado,
parte importante de la motivación en la convocatoria al paro de 36 horas desde
el 26 de agosto. La misma CGT no quiere quedar afuera y anticipa un próximo
paro nacional, que será convergente con el anunciado por la CTA.
El
fenómeno de lucha y organización que se difunde en nuestro tiempo remite a
experiencias lideradas por un activismo que en algunos casos asocia su accionar
con tradición en la izquierda social y política y en otros expresa la búsqueda
por un nuevo modelo sindical, superador del modelo de negociación entre los
intereses del trabajo y el capital.
La
discusión apunta al límite de las demandas y reivindicaciones, interrogando
sobre el alcance de las luchas, que no pueden quedarse en reivindicaciones
democráticas por salario y condiciones de empleo y necesitan ampliarse a la
discusión del modelo productivo y de desarrollo, en una crítica profunda al
orden capitalista y a pensar más allá, en una perspectiva anticapitalista, anti
patriarcal, contra la discriminación de patrones, burócratas sindicales y una
cultura hegemónica que reproduce un estilo de vida que se satisface en el
consumismo derivado de una matriz productiva para resolver cuantiosas
ganancias.
Es el
desafío para el movimiento obrero en la búsqueda de un lugar en la disputa por
la renta y el poder en la Argentina.
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