Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás...
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Por: Reymi Ferreira
La demanda
penal interpuesta contra dos periodistas de un matutino nacional para que
revelen la fuente que proporcionó información reservada de la demanda marítima
ha causado un previsible revuelo. Aclaradas las cosas, queda en evidencia que
la demanda no tiene como objetivo a los periodistas, sino que apunta a
identificar a los funcionarios que proporcionaron información confidencial.
Es
evidente, como lo reconoció el embajador plenipotenciario de Bolivia en temas
marítimos, que lo publicado no reviste mayor gravedad. Lo que no se ha dicho es
que esta ‘infidencia’ pone en riesgo la demanda boliviana en La Haya, debido a
que el contenido de las memorias y alegatos son de manejo reservado hasta que
se inicie la fase oral del juicio. El Estado, ante esta situación, tendría que
demostrar que no ha sido el responsable de la violación a la confidencialidad y
debe –como lo está haciendo– comprobar que la filtración de la información no
tiene origen oficial.
Sería
desastroso para la causa nacional que después de años la demanda boliviana
tenga un resultado propicio en el Tribunal de La Haya, y el fallo sea impugnado
por violación a las reglas y usos de este tipo de procedimiento. No solo se
causaría un enorme daño al Estado por recursos gastados inútilmente, sino, lo
más importante, se afectaría a la causa marítima sostenida por Bolivia.
El Estado, en
defensa de sus intereses, tiene que cumplir con sus responsabilidades. Sin
embargo, por otra parte, además de la libertad de expresión, está en juego la
garantía del secreto profesional del periodista. La Ley de Imprenta, en el art.
8.º, establece que: “El secreto en materia de imprenta es inviolable”. El art.
9.º, a su vez, reza: “El editor o impresor que revele a una autoridad política
o a un particular el secreto del anónimo, sin requerimiento de juez competente,
es responsable como delincuente, contra la fe pública, de acuerdo al Código
Penal”.
Existe colisión
entre los intereses del Estado y el derecho al secreto profesional. Ambos
puntos tienen legitimidad y fundamentos legales para sostener sus posiciones.
La que no tiene ningún sustento es la versión de algún sector de la oposición,
que –para variar– halla que la demanda es parte de “una tramoya para salvar la
credibilidad de medios de comunicación paraestatales”. Solo la mezquindad o la
desesperación electoral pueden llevar a algunos a “orinar fuera del tacho”,
como decían nuestros abuelos.
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