Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás...
Por: Rafael Puente
Se nos vienen los referendos autonómicos, casualmente en el mismo momento en que nuestro Ministro de Hacienda anuncia que nuestro "blindaje contra la crisis” se ha debilitado -era inevitable tal como va el mundo, empezando por esa China que nos inunda de baratijas inútiles- y, por tanto, resulta aconsejable pensar si con la nueva situación que se avecina -Evo también habla de apretarse los cinturones- tiene sentido gastarse la plata que todavía tenemos en unos referendos que no parecen tener mucho sentido.
Empecemos por el tema mismo de las autonomías. Es indiscutible que el centralismo que padecía nuestro país era absurdo y dañino -y en muchos casos lo sigue siendo-, pero en lugar de buscar soluciones propias (y en la línea de la descolonización) lo único que hicimos fue copiar de España, como hace tiempo lo viene denunciando Rafael Bautista; y eso precisamente en un momento en que la propia España tropieza con graves problemas emergentes de su sistema autonómico. O sea que empezamos mal, y lo pusimos peor aún con el referendo autonómico nacional de hace nueve años, que sólo sirvió para caldear la división del país.
Luego vino la Ley de Autonomías -actualmente vigente- que desde el principio fue repetidamente descalificada por su tufo centralista (por decirlo de manera suave) y es dentro de esa ley-marco, y de su línea centralista, que se han diseñado los diferentes estatutos autonómicos. O sea que seguimos mal.
Luego vienen las visiones de las diferentes asambleas departamentales (y de sus respectivos asesores), que en la mayor parte de los casos no parecen haber tenido en cuenta las respectivas personalidades o características específicas de sus respectivos departamentos y, mucho menos, las notables diferencias existentes dentro de cada departamento (la mayoría de los cuales sigue siendo resultado de la mentalidad colonial).
Por los casos que conocemos, se puede afirmar, en consecuencia, que una vez aprobados -o descartados, qué más da- los diferentes estatutos, la situación real no cambiará demasiado. Y es que son estatutos más discursivos que operativos. Encima, el sistema supuestamente autonómico nos resulta caro, en todo caso más caro de lo que el país en este momento puede darse el lujo de pagar. Pero, lo peor de todo es que nuestra sociedad tiene en este momento problemas muy urgentes que las autonomías no resuelven, ni como están, ni con estatutos, y aquí me remito a la estremecedora columna que escribió anteayer María Galindo en este mismo periódico.
Lo que ella cuenta de esa morgue miserable se puede comparar con lo que millones de bolivianas y bolivianos podrían contar sobre el maltrato que sufren en clínicas y hospitales -por ejemplo yo podría extenderme en lo que tuvo que sufrir una familia amiga hace una semana en el hospital Viedma de Cochabamba-, maltrato que proviene de la ineptitud profesional de muchos, de la insensibilidad y la rutina burocrática de casi todos, pero sobre todo de la absoluta insuficiencia del presupuesto estatal de salud (y no me cuenten que se está construyendo hospitales de no sé cuantísimos niveles, porque lo que cuenta no es tal o cual infraestructura, sino el sistema integral de salud).
Por eso es urgente -aunque tal vez ya sea tarde- que nos pongamos a pensar cuánto nos van a costar esos estatutos y que nos preguntemos si ese monto -sin duda cuantioso- no podría dedicarse a mejorar la calidad de vida de nuestra población, que cuando se siente marginada, maltratada y humillada no se consuela con que ese maltrato y esa humillación sean ahora autonómicos…
¿No es hora de que la crisis mundial nos haga entrar en razón?
El autor es miembro del Colectivo Urbano por el Cambio (CUECA) de Cochabamba
y Twitter: @escuelanfp
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