Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás...
Por: Alfredo Rada Vélez
Hace seis meses, a raíz de un informe de la Contraloría General del Estado
que destapó un caso de corrupción en el Fondo Indígena, algunos dirigentes
involucrados trataron de minimizar el informe presentándolo como si fuera un
acto de conspiración de la mencionada repartición estatal. En ese momento dije
que la Contraloría había cumplido, ni más ni menos, con su trabajo de
fiscalizar el uso de recursos públicos, pues lo que el Fondo Indígena
administraba era eso: recursos públicos fiscalizables provenientes de la renta
hidrocarburífera.
Califiqué lo sucedido como el resultado de un proceso de envilecimiento
interno de una parte de las dirigencias indígenas y campesinas que formaban el
Directorio de aquella entidad y que cayeron en el burocratismo, descuidando la
relación con sus propias bases, contaminándose de prebendalismo e incurriendo
en actos de corrupción, lo que llevó a que perdieran legitimidad y autoridad
moral ante el resto de la sociedad. Por hablar en estos duros términos algunos
de esos dirigentes se molestaron conmigo; creían equivocadamente que yo les
defendería, pero una cosa es reivindicar el rol histórico transformador y la
trayectoria de lucha de los movimientos sociales, y otra muy distinta es
justificar la inconducta y las pillerías de unos cuantos. Defender a los
movimientos sociales es parte de la lucha ideológica contra la derecha, que
utiliza este caso para atacar al conjunto de las organizaciones campesinas,
obreras y populares, llegando a postular –como hizo Samuel Doria Medina- que
estamos ante “el fin del reino de los movimientos sociales”.
La intervención al Fondo Indígena decretada por el Gobierno fue vista al
principio como una maniobra dilatoria para proteger a autoridades supuestamente
involucradas y a algunos cuestionados dirigentes. El hecho es que en los plazos
previstos la interventora Larissa Fuentes realizó un eficiente trabajo de
revisión de los proyectos financiados, presentando un informe que servirá de
base para ulteriores acciones en los ámbitos administrativo, civil y penal. El
informe complica la situación de varios ex dirigentes, que en los últimos meses
fueron sancionados y cambiados por las bases en sus respectivos congresos
sectoriales. En cuanto a Nemesia Achacollo, el informe de la intervención tuvo
aristas lapidarias como la siguiente: “El Ministerio de
Desarrollo Rural y Tierras no cumplió como establece la Ley 1178 con su rol de
fiscalización, seguimiento y control. No efectuó la tuición que le
corresponde”. Después de leer estas líneas la dimisión de la ministra –que tuvo
un rol decisivo en los acuerdos con el agropoder cruceño durante la Cumbre
Agropecuaria- era cuestión de tiempo nada más.
Lo
viejo y lo nuevo
Ahora
hemos entrado a una nueva fase en la que se liquida el viejo Fondo Indígena y
se estructura el nuevo Fondo de Desarrollo Indígena, parece un juego de
palabras, pero es más que eso.
Se
tuvo que eliminar la gestión autónoma por parte de las organizaciones sociales
en el Fondo y en su lugar se implementa una co-gestión entre esas
organizaciones y el Gobierno, con predominio de éste último. En el Directorio
de carácter decisorio del antiguo Fondo Indígena había mayoría de
representantes sociales frente a los gubernamentales, tal composición aseguraba
a los dirigentes de las organizaciones la posibilidad de nombrar al Director y
a los gerentes, asignándose entre ellos “cupos” en el personal técnico y
administrativo de la institución. Esto desvirtuó completamente la naturaleza
del Fondo, que perdió su sentido de instrumento de apoyo productivo para
convertirse en una entidad basada en el tráfico de avales orgánicos, que llegó
incluso a desviar recursos bajo el argumento de “fortalecimiento organizacional”.
En el
nuevo Fondo de Desarrollo Indígena habrá un Consejo Consultivo con cinco
representantes sociales y seis ministeriales. Este Consejo no tiene facultades
para definir proyectos, pero sí para formular estrategias y políticas de
desarrollo que guíen la aprobación de proyectos. De esta forma también se
eliminará cualquier posibilidad de parcelamiento en la asignación de los
financiamientos, o de compartimentación de los emprendimientos según criterios
que nada tienen que ver con el desarrollo productivo rural.
Pero
queda por efectuar la segunda reforma importante que es vincular las
inversiones que realice el nuevo Fondo de Desarrollo Indígena a través de
proyectos productivos, con una base territorial expresada en los municipios
predominantemente rurales, que en Bolivia son la gran mayoría de las 339
secciones municipales existentes. Esto evitará la dispersión de los recursos
económicos en obras de escaso impacto, además de articular los proyectos a ser
financiados con otras inversiones concurrentes que realice el Gobierno Nacional
a través de programas como MiAgua (Más inversión para el agua) por ejemplo, o a
las inversiones de los gobiernos departamentales y de las alcaldías.
La
economía social comunitaria
Inserta
en la nueva Constitución Política del Estado del año 2009, la economía social
comunitaria puede entenderse como una forma de organización económica que tanto
en lo urbano como en lo rural está orientada por la lógica del vivir bien, en
la que hay mecanismos de generación de riqueza pero también de redistribución
de la misma. El debate económico que sobre este tema se dio en la Asamblea
Constituyente fue muy esclarecedor y revolucionario al punto de acuñar el
concepto de “modelo económico social comunitario”. Pero luego fue atemperado
por la inserción, también en el texto constitucional, de la conservadora noción
de la “economía plural”.
Los
efectos prácticos fueron que desde el Gobierno se fortaleció el pilar estatal
de la economía, vía nacionalizaciones, estatizaciones e inversiones en
industrialización, pero se descuidó el pilar social comunitario. El antiguo
Fondo Indígena pudo haber servido para apalancar una importante cantidad de
recursos económicos hacia el fortalecimiento de las formas de organización
económica comunitarias, pero se diluyó en proyectos de corto plazo, sin visión
estratégica productiva.
Hoy, a
partir de un escándalo que ha debilitado al Pacto de Unidad conformado por las
organizaciones indígenas originarias campesinas, se abre una posibilidad de
relanzar un nuevo Fondo de Desarrollo Indígena, transfiriendo recursos del
excedente hidrocarburífero nacionalizado hacia el sector social comunitario de
la economía, pensando en la soberanía alimentaria y en la diversificación
productiva. Aunque no soy muy afecto a los refranes, podría decirse que no hay
mal que por bien no venga; la liquidación de una entidad corrupta ha dado lugar
a una recomposición del Ministerio de Desarrollo Rural -tan horadado por los
intereses empresariales- que ahora puede volver a priorizar el trabajo en favor
de los sectores mayoritarios del campo. La caída en desgracia de un grupo de
dirigentes prebendalizados, puede dar lugar a un retorno al programa histórico
de la revolución agraria.
y Twitter: @escuelanfp
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