Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás...
Por Rafael Puente
Por lo que se oye y ve en las
noticias de estos días, se está preparando una sanción para la actual
presidenta de la Cámara de Diputados, que consistiría por lo menos en alejarla
de ese cargo, todo ello acompañado por una suerte de descrédito de su persona.
Hemos conocido a Rebeca Delgado
primero como constituyente profesional y comprometida, y después como delegada
presidencial en Cochabamba, cargo que supo desempeñar con altura y eficacia. A
partir de todo ello votamos por ella para diputada, y este año la encontramos
elegida presidenta de dicha Cámara.
Es cierto que en su calidad de
diputada, y de presidenta, apareció lamentablemente subordinada a las consignas
oficiales, al igual que la mayor parte de sus colegas de ambas cámaras, dejando
en el aire la duda acerca del sentido que tiene el Órgano Legislativo -a fin de
cuentas las leyes aprobadas por decreto no se diferencian de los decretos-ley
que se promulgaba en gobiernos que funcionaban sin Legislativo-.
Sin embargo en el último tiempo
apareció defendiendo los principios constitucionales que eran vulnerados por un
proyecto de Ley de Extinción de la Propiedad, afirmando (en polémica con el
ministro de Gobierno) que el objetivo de la ley sí era válido y necesario, pero
no a costa de vulnerar la Constitución (un debate que fue silenciado desde
arriba, según informaban los medios de comunicación, y me disculpo por creerles
a los medios, pero ¿qué podemos hacer si no tenemos otra fuente de
información?).
Y poco después volvió a
aparecer haciendo notar que en el caso de la red de extorsionadores sólo se
estaba investigando a mandos medios (lo que parecía aludir al hecho de que
expresamente no se quería investigar a determinados ministros o ex ministros de
Estado).
Y entonces viene la
descalificación oficial a Rebeca, sin que ninguno(a) de sus colegas de la
Asamblea Legislativa tenga el coraje de defenderla, lo que da pie a pensar que
esa descalificación es tema de consenso gubernamental. Es ahí que muchos de sus
electores nos preguntamos: ¿Cuáles son pues los delitos que ha cometido?
Pareciera que un delito ha sido
defender la Constitución (que ella conoce bien, por haber participado en su
redacción). Parece que otro delito ha sido sugerir que la investigación de
actos de corrupción, y otras acciones más o menos criminales, no debe limitarse
a los servidores públicos de nivel bajo e intermedio, que son los que obedecen
órdenes -sin que por eso sean inocentes-, sino que debe llegar a los servidores
de alto rango, que son los que dan órdenes -y por eso sí son más culpables-. Y
parece que finalmente su delito ha sido cumplir el mandato andino del ama
llunk’u (a diferencia de tanta gente que sólo dice lo que calcula que nuestro
máximo dirigente del proceso quiere escuchar).
Me parecería muy normal que a
Rebeca Delgado no se la reelija como presidenta de la Cámara -nadie puede
argüir el derecho a ocupar dicho cargo, ni ningún otro-.
Pero creo que la
descalificación que se está haciendo de su persona es un pésimo indicador.
¿Acaso el derecho a la discrepancia no es parte de la democracia participativa
que queríamos implantar? ¿Acaso la Constitución -que a pesar de sus lamentables
recortes es la mejor expresión de este proceso de cambio- no debe ser respetada
por encima de las ideas más o menos brillantes de cualquier ministro? ¿Acaso el
Órgano Legislativo no tiene una función específicamente fiscalizadora, que por
supuesto puede ser discutida pero en ningún caso acallada? ¿Acaso la primera
obligación de una asambleísta no es representar las opiniones, reivindicaciones
y puntos de vista de sus electores?
Y que nadie me diga que estoy
hablando como un opositor -no hemos visto a ningún representante de la
oposición que defienda a Rebeca-. Es precisamente desde mi identificación con
este proceso, y con este Gobierno, que me siento en la obligación de decir una
palabra, aunque sea insignificante, en defensa de nuestra diputada.
Pareciera que su delito ha sido
defender la Constitución (que ella conoce bien, por haber participado en su
redacción).
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