Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás...
Por: Luciana Molina Barragán
Hace poco salió un artículo en un
periódico de gran distribución en Bolivia que titulaba que un voto de la ciudad
equivale a un tercio del voto en el campo. Esta fue una de las primeras
noticias que se convirtió en una “verdad” o hecho ante la cual gran parte de la
opinión pública se comenzó a posicionar. Este falso debate llevó a algunos a
alegar que fue el Movimiento al Socialismo (MAS), el partido en poder durante
los últimos 14 años que, con intenciones políticas, al estilo gerrymandering,
pudo reconfigurar el mapa electoral para sacar ventaja. Por otro lado, estaban
personas dispuestas a creer esta desigualdad burda y defenderla con argumentos
sobre la importancia de una sobrerrepresentación campesina y mayoritariamente
indígena al fin. Sin embargo, ninguno de estos dos lados rinde justa cuenta de
cómo funciona el sistema electoral y cómo se ha ido transformando en las
últimas tres décadas. El artículo busca mostrar ciertos ejes claves del sistema
electoral boliviano para comprender y rearticular dicho debate.
1. El
sistema electoral boliviano es proporcional- Esto significa que los distintos
partidos o agrupaciones políticas tendrán una representación proporcional de
diputados en la Asamblea Legislativa de acuerdo con la votación del candidato
presidencial. Por ejemplo, en 1993 el Movimiento Nacionalista Revolucionario
(MNR) obtuvo el 35% a nivel nacional y su representación en el Parlamento fue
de 40%. En 1997, cuando se introdujo por primera vez el sistema de diputados
uninominales, Acción Democrática Nacionalista (ADN) obtuvo una votación a nivel
nacional del 22% y logró 24% de diputados. En el 2002 el MNR a nivel nacional
obtuvo 22% y en diputados 27%. En 2005 el MAS logró 54% en la votación nacional
y 55% de diputados. En 2009 el MAS tuvo 64% a nivel nacional y ocupó 68% de
diputados y para el 2014 el MAS obtiene 61% de la votación nacional logrando
67% en diputados.
Es decir, la proporción de
diputados que obtiene un partido u organización política en la Asamblea
Legislativa está ligada sistemáticamente a la votación nacional. Esa
proporcionalidad rara vez es exacta debido a factores como el bajo número de
escaños en algunos departamentos. La desproporcionalidad que se genera no ha
llegado a más de un 7% entre la votación nacional y el porcentaje de diputados
y en promedio entre 1993 y el 2014 oscila alrededor de 4%.
El sistema proporcional para
conformar la Cámara de Diputados es la razón por la cual el voto de la ciudad y
el voto del campo valen esencialmente lo mismo. Lo que sí puede cambiar es la
proporción entre diputados uninominales y plurinominales de un partido pero sin
modificar la cantidad que le corresponde proporcionalmente. En otros términos,
si un partido gana circunscripciones uninominales tendrá menos diputados
plurinominales, no es que tendrá más diputados.
2. La
deseada igualdad del voto territorial – Si la Cámara de diputados tiene por
objeto fundamental la representación de la población, el Senado se organiza
alrededor del criterio territorial. La Constitución de 1967 asignó 3 senadores
a cada departamento (dos para el partido ganador en el departamento, uno para
el segundo). En la Constitución Política del Estado del 2009 se aumentó a 4
senadores, elegidos de forma proporcional.
Esto implica que prevalece el
criterio de igualdad regional para la selección de senadores. Esto nace a
partir de una larga historia de disputas sobre la hegemonía del centro político
desde el siglo XIX en Bolivia. Si no fuera así actualmente, Santa Cruz, La Paz
y Cochabamba acumularían 71% de la representación de toda la Asamblea
Legislativa dejando un 29% para ser repartida entre Oruro, Potosí, Chuquisaca,
Pando, Tarija y Beni.
En términos políticos, ello implicaría una hegemonía en la Asamblea de los
departamentos y las ciudades con mayor población. Mucho se ha repetido que, por
ejemplo, en Pando se elige a un representante con menor votación que en La Paz
o Santa Cruz. Esa reflexión no toma en cuenta que se estaría restando poder
político a departamentos con valor geopolítico, relegados por el poder central
en salud, educación entre otros.
Por otro lado, la constitución de
2009 creó 7 circunscripciones especiales indígenas, que siguieron una lógica
similar a la territorial: la cultural de larga data. Las diputaciones de las
circunscripciones especiales hacen un 4% de los curules dentro de toda la
Asamblea Legislativa y un 5% del total de la cámara de diputados.
Ante la crisis de legitimidad de
las autoridades electorales desde el Referéndum del 2016 la sociedad civil
boliviana cuestiona en su justo derecho una serie de factores del sistema
electoral que tenemos actualmente que ha sido implementado desde hace tres
décadas sufriendo enmiendas, actualizaciones e innovaciones, pero manteniendo
su principal pilar que es la proporcionalidad.
Sin embargo, este falso debate
pone en riesgo el centro mismo de una elección, que es acordar, respetar y
reconocer las reglas de juego establecidas por sucesivas votaciones nacionales
que, sin duda, deben ser evaluadas y probablemente reformuladas por los
representantes que escojamos.
La discusión sobre la igualdad
del voto merece ser ampliada tomando en cuenta otros factores democráticos como
la igualdad de las regiones, la representatividad étnica y la paridad de
género. Son temas que ya viene discutido hace más de cincuenta años por
especialistas en sistemas electorales, que, por más técnicos que suenen, no se
restringen a concebir la repartición de escaños en una caja vacía sino en
territorios con historia de desigualdades que se reproducen en el seno de toma
de decisiones.
Las discusiones que insisten bajo
el falso argumento que el voto rural vale más que el de las ciudades debieran
tener cuidado que la representación política institucional boliviana se
convierta en todavía más centralista pues en este debate de una búsqueda
prístina y teórica de igualdad se traduzca en mayor desigualdad para sectores
históricamente olvidados pues los grandes perdedores serían todas las regiones,
menos La Paz, Santa Cruz y Cochabamba.
Resulta extraño pensar, que, en
medio de la crisis sanitaria, cuando afloran las desigualdades económicas y
regionales, y se evidencia con el caso catastrófico del Beni la lentitud
estatal para atender a emergencias en territorios lejanos de los centros se
discutan enmiendas que buscan ignorar éstas tangibles desigualdades regionales.
El problema de discutir una supuesta “igualdad” vaciado de comprensiones
históricas es que además de torturar datos para reforzar un argumento falso
pone en riesgo décadas de luchas sociales, regionales y culturales en Bolivia.
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