Por: María
Luisa Ramos Urzagaste
Lo que sucede hoy en Bolivia,
concretamente con el Gobierno de Jeanine Áñez, podría calificarse como una
tragicomedia, si no fuese por el hecho de que el país es arrastrado a alta
velocidad al abismo por un desgobierno plagado de escándalos.
Hace poco, a título de
austeridad, fueron borrados de un plumazo tres ministerios: el Ministerio de
Culturas y Turismo, el Ministerio de Comunicación y el Ministerio de Deportes y
no hay para ello una razón creíble. A todas luces, esta medida es parte de un
plan mayor.
El presupuesto destinado a esos
tres ministerios es de 245 millones de bolivianos equivalentes a 35 millones de
dólares aproximadamente, mientras que el monto asignado a la seguridad del
Estado y al Ministerio de la Presidencia supera los 8.800 millones de
bolivianos (1.257 millones de dólares). Entonces la pregunta pertinente es ¿de
qué se trata todo esto?
La pandemia del coronavirus le ha
dado a Áñez, pero principalmente a sus mentores, las condiciones perfectas para
hacer y deshacer el país, mientras el pueblo pasa hambre, frío y tiene temor al
contagio.
Hoy están en juego muchos
intereses económicos, pero ante todo el Estado Plurinacional, que hoy está
siendo demolido. Las empresas estatales que hasta hace poco sostenían gran
parte de la economía del país (y aún continúan a pesar de los embates), están
siendo mal manejadas y desfalcadas a propósito.
Esa al parecer es la primera
etapa del plan: primero quebrarlas, para luego dizque salvarlas con medidas
privatizadoras. El principal socio de la presidenta transitoria, Samuel Doria
Mediana, no oculta esos planes, lo ha dicho en un evento público donde expresó:
«Ya no más empresas públicas» porque a partir de ahora, según sus planes, serán
para los emprendedores.
El modus operandi es el mismo: el
desmontaje del Estado Plurinacional mediante decretos, de la misma manera en
que se implementó el neoliberalismo hace 35 años.
En 1985, el expresidente Víctor
Paz Estensoro, para imponer las recetas económicas de shock, acudió al miedo
diciendo «Bolivia se nos muere» y logró mediante decretos, sin contar con el
Parlamento, imponer el modelo neoliberal y la privatización de las empresas
estatales.
Uno de los personajes que fue
parte de esa historia, que duró más de dos décadas, es justamente Doria
Mediana, estrecho consejero de la actual presidenta, quien entre 1991 y 1993,
fungió como ministro de Planificación y se benefició de varias empresas que él
mismo privatizó.
De acuerdo a las investigaciones
de la Comisión Especial Mixta de Investigación de la Privatización y
Capitalización del parlamento boliviano «desde 1985 hasta 2005, el total del
daño económico ocasionado al Estado, por la enajenación de empresas públicas y
recursos naturales llega a un estimado de 22.051 millones de dólares».
El referido informe indica que
los gobiernos neoliberales involucrados en el funesto proceso de privatización
abarcan los Gobiernos de «Víctor Paz Estensoro y Julio Garret Ayllón, Jaime Paz
Zamora y Luis Ossio Sanjinés, Gonzalo Sánchez de Lozada y Víctor Hugo Cárdenas,
Hugo Banzer Suárez y Jorge Tuto Quiroga y finalmente Gonzalo Sánchez de Lozada
y Carlos Mesa Gisbert».
En enero de 2019, la Asamblea
Legislativa Plurinacional de Bolivia aprobó dicho informe de la Comisión
parlamentaria y dispuso que el mismo sea remitido al Ministerio Público, a la
Procuraduría General del Estado, a la Contraloría General del Estado y al
Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, para su conocimiento y
consideración en el marco de sus atribuciones constitucionales. Por ahora, todo
ese procedimiento está paralizado.
La mal llamada capitalización,
aplicada en los años 80 y 90, fue promovida por instituciones internacionales
como el FMI, el Banco Mundial y por economistas como Jeffrey Sachs, experto en
la aplicación de políticas de shock.
Por cierto el afamado economista
fue considerado como el Gurú para aplicar el modelo neoliberal y en especial
del decreto 21060, que dejó en la calle a miles de familias bolivianas durante
el Gobierno de Víctor Paz Estenssoro y generó una masiva resistencia popular.
Miles de dirigentes sindicales y huelguistas fueran apresados y centenares de
ellos sometidos a régimen de confinamiento en lugares remotos.
El neoliberalismo y su corolario,
la privatización, empobreció a Bolivia y dejó en manos privadas su riqueza
durante varias décadas, hasta que, en 2006, Evo Morales recibió el mandato del
pueblo boliviano de retornar esas riquezas a manos del país.
Préstamos condicionados y
militares privilegiados
No se debe descartar que el nuevo
plan de privatización esté listo y que el achicamiento del aparato estatal
(desaparición de Ministerios) sea parte de un condicionamiento para recibir
préstamos como el otorgado por el FMI.
A la presidenta y a su Gobierno,
le queda claro que para mantenerse en la silla presidencial necesita a la
Policía y a los militares, bien apertrechados con muchos gases lacrimógenos a
mano, con bonos y sueldos acordes a su temporal lealtad.
Esos mismos jefes militares y
policiales que otrora llenaban de zalamería a Evo Morales y a Álvaro García
Linera, logrando así incrementar sus privilegios, son quienes hoy sostienen al
actual Gobierno.
El expresidente boliviano Eduardo
Rodríguez Veltzé ha criticado esos privilegios, pues «asignar más de Bs. 24
millones —3,4 millones de dólares— para botas de combate para 50.000 efectivos
de las Fuerzas Armadas en tiempos de emergencia sanitaria es un despropósito.
Hay otras prioridades».
Mientras la población está recluida
en sus casas, Jeanine Áñez sale de vez en cuando a leer sus discursos, en
tanto, los operadores más activos, el ministro de Gobierno y de Defensa se
campean en los medios de desinformación amenazando a diestra y siniestra.
Uno de los momentos más patéticos
del actual Gobierno se pudo observar en las palabras de un exministro, al creer
que lo cultural y político se define por el color de piel y de ojos, cuando se
describió a sí mismo como una adonis de ojos verdes, crespo y piel blanca. Esos
dichos ahora no podrán procesarse, pues ya no existe el viceministerio
descolonización, que era parte del Ministerio de Culturas.
Momentos como ese hay muchos a
diario, y genera mucha vergüenza constatar que las fuerzas que se hicieron del
poder en Bolivia ni se ruborizan siquiera cuando alguno de ellos dice alguna
barrabasada.
Bolivia durante varios años fue
reconocida internacionalmente como un país plurinacional donde luego de casi
500 años se reconoció oficialmente sus 36 culturas, con sus idiomas. Un país
que quiere y debe luchar contra la discriminación que aún campea en la
sociedad.
Por otro lado, es cierto que la autodeterminación de un país como
Plurinacional, no depende de un Ministerio, o de una presidenta fantoche, sino
de una mayoría que así lo decidió al aprobar la constitución política en 2009.
No obstante, se necesita de las políticas gubernamentales para generar incentivo
y desincentivo.
El actual superministro de
Educación Víctor Hugo Cárdenas tendrá supeditado a su autoridad al ministerio
de Culturas y eso aún más patético. Cárdenas fungió como vicepresidente del
expresidente del privatizador Gonzalo Sánchez de Lozada (quien aún debe rendir
cuentas a Bolivia por la masacre de 2003), es conocido por su posición
ideológica ultraconservadora y oscurantista.
Cárdenas «rechaza el aborto legal
en niñas violadas porque serían aptas para concebir un bebé» y propone que para
enfrentar la violencia contra las mujeres, deberían portar armas. «Autoricemos
el uso de armas pero no a cualquier loca», dijo.
Escándalo tras escándalo
La lista de denuncias
de corrupción, escándalos de abuso de poder, de uso indebido de bienes del
Estado, de corrupción es inacabable y no alcanzaría nombrarlos a todos:
- la venta ilegal de cargos, cobro de
comisiones, gastos irregulares en la Empresa Nacional de
Telecomunicaciones (Entel);
- mal manejos de BoA, la empresa aérea
boliviana;
- denuncias de sobreprecios en la compra de
combustible, alimentos y seguros en Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos (YPFB);
- uso indebido de bienes del Estado, como el
transporte de personas particulares en aeronaves de la Fuerza Aérea
Boliviana (FAB) para fines no oficiales, etc.
Dos temas especiales no han
quedado al margen de la angurria de los inescrupulosos: las denuncias
de sobreprecios en compra de gases lacrimógenos, la compra irregular
e inútil de respiradores para enfrentar al coronavirus.
Mientras todo eso sucede,
Bolivia ronda los 14.000 casos de COVID-19, el Gobierno apuesta a la
infección de rebaño y no ha tomado mayores medidas de acción en defensa de la
población, mientras el sistema colapsa.
Construir Estados requiere de
varios decenios de años. La Bolivia Plurinacional en los hechos existe hace
casi 200 años, pero el reconocimiento oficial tiene apenas 11 años, luego de
haber sido aprobada la nueva Constitución Política del Estado en 2009.
Ahora Jeanine y su banda intentan a plan de decretos destruir lo que ha costado
tanto a Bolivia. En cuanto a las relaciones internacionales ha roto relaciones
diplomáticas con importantes países hermanos, ha asumido posiciones
internacionales que ni los más neoliberales osaron como es el caso de la
cuestión de Palestina, solo por dar algún ejemplo.
¿Logrará Jeanine su cometido?
¿Acaso será este el inicio del fin del Estado Plurinacional? El pueblo
boliviano hablará (ojalá sin interferencias externas) el 6 de septiembre
próximo en las elecciones generales. Mientras tanto hay que cuidar y proteger
al Estado Plurinacional. Valga remarcar que pese al hambre y el abandono, no es
el pueblo boliviano quien ha salido a saquear, sino algunos funcionarios
públicos inescrupulosos.
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