Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás...
Las
organizaciones sociales concluyeron en que la redistribución de recursos
planteada por algunos líderes regionales tiene el objetivo político de impedir
la realización de grandes proyectos sociales y de infraestructura y, por esa
razón, decidieron abrirse espacio en el debate como actores e interlocutores,
con planteamientos económicos específicos en defensa de los objetivos del
Proceso de Cambio y la agenda 2025.
La
Coordinadora Nacional para el Cambio (CONALCAM) demandó que el Pacto Fiscal sea
debatido con las organizaciones sociales, en un amplio proceso de discusión,
para garantizar que esta redistribución de los fondos fiscales beneficie
equitativamente a las regiones. Los dirigentes analizaron la coyuntura
económica que actualmente vive el país y los riesgos que conlleva la baja de
las cotizaciones internacionales del precio del barril de petróleo, de los
minerales y de la soya que, obviamente, mermarán los ingresos del Estado.
Interpretaron
que la aspiración de la gobernación cruceña -que plantea que el Gobierno
nacional administre el 50 por ciento de los recursos públicos, y que la otra
mitad sea administrada por los gobiernos autónomos departamentales,
municipales, indígenas y las universidades- es una pretensión con claros fines
electorales con vistas a las elecciones subnacionales de marzo próximo y
significa una acción oportunista de la oposición organizada que intenta afectar
las grandes conquistas sociales como el Bono Juancito Pinto y la Renta Dignidad
y busca apropiarse de los recursos para impedir la continuidad de la subvención
al diésel o a la harina, generando condiciones inflacionarias y atentando
contra la economía popular.
Luego de
una reunión sostenida el pasado viernes 6 de febrero en Palacio de Gobierno, a la que
asistieron representantes de los Ministerios de Autonomías y de
Planificación, los dirigentes de la Central Obrera Boliviana y del Pacto de
Unidad, pilares de la CONALCAM, determinaron abrirse espacios en el debate que,
según el Ministro de Autonomías, Hugo Siles, se iniciará el próximo 12 de
febrero, cuando se reunirá por primera vez el Consejo Nacional de Autonomías.
Y aunque
la Ley establece que en el Consejo Nacional de Autonomías sólo participarán autoridades
nacionales, regionales y municipales, los dirigentes determinaron buscar
mecanismos, como por ejemplo entregar al Gobierno su posicionamiento oficial
para que éste sea considerado al interior del consejo, para hacer escuchar su
voz. En esta reunión participaron más de 25 dirigentes nacionales de diferentes
organizaciones sindicales, obreras, campesinas y originarias.
El dirigente
del magisterio y miembro del Comité Ejecutivo de la COB, Jorge Baldivieso, dejó
en claro que las organizaciones presentarán una propuesta respecto al Pacto
Fiscal, que será construida en los próximos días en ampliados municipales y
departamentales.
De lo que
se trata, según el dirigente, es de garantizar que el Pacto Fiscal se convierta
en un instrumento de equidad que permita superar la pobreza y alcanzar los
objetivos planteados en la Agenda 2025.
“Como
Conalcam tenemos que estar presentes, después de Carnaval vamos a comenzar a
construir nuestra propuesta para que sea analizada en el debate sobre el Pacto
Fiscal”, dijo y agregó que, aunque las organizaciones sociales no tienen
representación directa en el Consejo Autonómico, “nada impide que las
organizaciones contribuyan con una propuesta, porque no se trata solo de una
redistribución económica, sino de asegurarnos que el Pacto Fiscal nos sirva
para solucionar los problemas sociales y de infraestructura que existen en el
país y que se garantice el equilibrio entre departamentos pobres y
departamentos ricos” en el país.
En función
de este equilibrio, las organizaciones sociales que conforman la CONALCAM
rechazaron de plano la propuesta presentada por la Gobernación de Santa Cruz. “No
estamos de acuerdo con esa propuesta de 50/50 porque no es posible que el
Estado pierda esa cantidad de recursos en favor de las regiones, cuando en
muchos casos las gobernaciones ni siquiera pueden administrar bien los recursos
que reciben actualmente. Específicamente en el caso de Santa Cruz, sabemos que
tienen 2 mil millones de dólares en los bancos que no utilizan. ¿Por qué no
invierten esos recursos, teniendo tantas necesidades como las que hay en ese
departamento? Éste es el fondo de la cuestión”, aseguró.
Durante la
reunión, los dirigentes exigieron a las autoridades mayor información y datos
precisos y concretos respecto a los ingresos que recibe cada región y su
respectiva ejecución presupuestaria. Conocieron, por ejemplo, que la Gobernación de
Santa Cruz “tiene un millón de dólares diarios para gastar y que su propuesta
para el Pacto Fiscal no dice por qué se quedan con 2 mil millones de dólares en
los bancos y no ejecutan”, según palabras del Ministro de Autonomías, Hugo
Siles.
Por otro
lado, el Viceministro de Inversión Pública, Harley Rodríguez, recordó que antes de 2006, la inversión
pública alcanzaba a 500 millones de dólares y que en 2014, este monto se elevó
a 6 mil millones de dólares, lo que demuestra que el Estado es el motor del
desarrollo.
En ese
marco, aceptar una propuesta como la de la Gobernación de Santa Cruz,
significaría, según los dirigentes, poner en riesgo la inversión por ejemplo,
en los 14 mil kilómetros de carreteras que se ha propuesto el gobierno, o la
construcción de los 5 corredores bioceánicos, las hidroeléctricas o los 4
hospitales de cuarto nivel cuya ejecución está programada para los siguientes
meses.
“Mientras
en los municipios seguimos viendo aulas sin vidrios y sin mobiliarios, hay
algunas gobernaciones y municipios que tienen grandes cantidades de recursos en
los bancos, entonces ¿cómo pueden exigir más recursos?. Las organizaciones
sociales vamos dejar establecida nuestra posición”, dijo el dirigente Adrián
Quellca, dirigente de la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana.
“Es
necesario que las organizaciones debatamos en cada región. Las organizaciones
vamos a defender al Proceso de Cambio de estas amenazas”, dijo, a su vez,
Juanita Ancieta, secretaria ejecutiva de la Confederación Sindical de Mujeres
Campesinas Bartolina Sisa en la reunión.
Como
conclusión de la reunión, las organizaciones que forman parte de la CONALCAM decidieron
recopilar toda la información pertinente y, asumiéndose como un solo cuerpo,
enfrentar la batalla por un Pacto Fiscal que profundice el Proceso de Cambio
precautelando los logros obtenidos hasta ahora.
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