Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás...
Por: Leonardo Tamburini
La conmoción generada a raíz de la muerte del Fiscal Federal Alberto Nisman, ocurrida días pasados en Argentina, ha sacudido la ya agitada coyuntura política de ese país. Nisman era el fiscal especial designado por Néstor Kirchner en 2004 para investigar el atentado ocurrido en la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994, que dejó 85 muertos -4 de ellos bolivianos- y 300 heridos, el más devastador de toda la historia del país.
Nisman iba a exponer el 19 de enero en el Congreso las pruebas sobre un plan destinado a dejar en la impunidad a los acusados iraníes del atentado a la AMIA tramado, según el Fiscal, por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el canciller Héctor Timerman y otros referentes políticos cercanos al Gobierno.
Nisman siguió desde un primer momento la llamada “pista iraní”, que responsabilizaba del atentado a funcionarios iraníes y el Hezbolláh libanés, pista sugerida por la CIA y el Mossad, debido según se afirma, a la estrecha relación que el fiscal entabló con la Embajada de EE.UU. y los espías argentinos (SIDE). Con apoyo norteamericano se logró activar el dispositivo de captura internacional a través de Interpol, que dispuso las llamadas “alertas rojas” contra los acusados iraníes.
La causa AMIA tuvo muy pocos avances porque el Gobierno iraní nunca puso a los acusados a disposición de la justicia argentina. Desde el año 2011 comenzó a negociarse con Irán un“Memorándum de Entendimiento”,a través del cual se crearía una Comisión de la Verdad y se permitiría a los jueces argentinos tomar declaraciones a los acusados en Teherán. Pero según datos proporcionados por los servicios secretos a Nisman, el verdadero acuerdo habría sido levantar las alertas rojas de Interpol a cambio de petróleo iraní a bajo precio, que paliaría la acuciante crisis energética argentina.
Desde un primer momento la denuncia de Nisman fue descalificada por el gobierno de Cristina Fernández, por lo inconsistente de la misma debido a que si el Memorándum no llegó a entrar en vigencia y las alertas rojas contra los iraníes nunca se habían levantado, la acción del Fiscal tenía motivaciones eminentemente políticas.
La muerte de Nisman el día antes de su presentación en el Congreso generó el estupor total.
El 18F fue convocado por un grupo de fiscales críticos del Gobierno que decidieron manifestar su dolor por la pérdida del colega y respeto a la familia de Nisman, presente aunque a varios cientos de metros de los convocantes y los varios candidatos opositores presentes. Hay que decir que en esta movilización mucha gente se manifestó en contra del manejo que la Presidenta está dando al caso, insensible hacia la familia del fiscal y desaprensiva respecto al daño que se están haciendo a las instituciones. Aunque en el fondo subyace la polarización política en medio de un año electoral, que está atravesando al poder judicial.
Este trágico hecho plantea sin embargo una serie de interrogantes sobre el rol de los servicios de inteligencia, cómo se sirven de éstos los gobiernos de turno y el poder que llegan a adquirir en determinado momento cuando no son claras sus funciones. Peor aun cuando éstos, como sucede en Argentina, son la fuente fundamental de información con la que cuenta la justicia para casos complejos como el de la AMIA.
El autor es abogado e investigador
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